Sheinbaum avala recorte al INE y da por garantizado 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este 11 de noviembre que las elecciones intermedias de 2027 están garantizadas en materia presupuestal, pese al recorte de 6 mil millones de pesos que la Cámara de Diputados aplicó al Instituto Nacional Electoral (INE). “Consideramos que desde nuestro punto de vista las elecciones están garantizadas para el 27, presupuestalmente”, dijo en su conferencia matutina, horas después de que el pleno aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 por 10.63 billones de pesos, con 352 votos a favor y 130 en contra, tras una sesión de casi 20 horas.

La mandataria sostuvo que el INE dispondrá de unos 36 mil millones de pesos, cantidad que consideró suficiente y comparable, ajustada por inflación, con la que tuvo en 2024. Los 6 mil millones recortados fueron reasignados por los legisladores a programas como La Escuela es Nuestra, medioambiente y búsqueda de personas desaparecidas. El presupuesto entra en vigor el 1 de enero de 2027 y contempla aumentos de 11.3% en salud, 10.7% en educación, 11.5% en seguridad, 20.6% en el campo y 13% en ciencia.

El ajuste ocurre antes de la elección en la que se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados y se celebrarán comicios para gubernaturas y autoridades locales. La cifra de 36 mil millones es la que la propia presidenta puso sobre la mesa; el INE no ha confirmado públicamente que ese monto cubra el costo integral de la organización, que incluye credencialización, capacitación de funcionarios de casilla, documentación electoral, cómputos y fiscalización.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica: trasladar al Ejecutivo la validación política de un recorte que aprobó el Legislativo. Sheinbaum no solo defendió el monto, también fijó el marco del debate: si el INE advierte insuficiencia, la discusión dejará de ser sobre cuánto se recortó y pasará a ser sobre la capacidad del árbitro para administrar lo que tiene. Es una operación de encuadre, no una decisión administrativa.

El incentivo del oficialismo es claro. Un INE con menos margen financiero queda más expuesto a la crítica sobre gasto y proveedores, tema que la propia presidenta ha tocado al plantear revisar contratos de papelería electoral y el desempeño histórico del organismo. Al mismo tiempo, el gobierno se coloca como garante de que la elección se realizará, lo que le permite reclamar crédito político si el proceso transcurre sin sobresaltos y atribuir cualquier fricción a la autoridad electoral.

Para la oposición, el recorte es una señal de presión presupuestal sobre el árbitro en un año electoral; para el oficialismo, es una reasignación legítima de recursos aprobada por mayoría. Ninguna de las dos lecturas sustituye el dato técnico que falta: el desglose del INE sobre el costo de la elección de 2027 y su comparación con 2024. Sin ese documento, la afirmación presidencial es una declaración política, no una verificación contable.

El equilibrio interno también importa. La Cámara de Diputados, con mayoría oficialista, reasignó el dinero a programas con alta visibilidad social. Eso deja al INE en la posición de tener que justificar cada peso ante una opinión que ya recibió el mensaje de que el gasto electoral es revisable. La consecuencia electoral es indirecta pero real: un árbitro financieramente acotado tiene menos margen para anticipar contingencias, como la violencia en regiones o la logística en estados con comicios concurrentes.

Qué sigue

El INE deberá pronunciarse sobre la suficiencia del presupuesto y, en su caso, ajustar su anteproyecto o solicitar ampliaciones. La discusión formal continuará en el Consejo General y en la Comisión de Presupuesto. El presupuesto entra en vigor el 1 de enero de 2027, y el calendario electoral arrancará con la instalación de consejos locales y la definición de topes de gasto. La pregunta verificable es si el organismo presenta un desglose que confirme o contradiga la cifra de 36 mil millones.