Sheinbaum ordena investigar a Kosmos por la red de corrupción del INE

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigar a Kosmos, la empresa de Jack Landsmanas, por presuntos vínculos con la red de corrupción que se indaga en los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE). El anuncio ocurre en medio de la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo y de una serie de revelaciones periodísticas sobre adjudicaciones con sobreprecio.

"Le pedí a la secretaria (Raquel) Buenrostro que pueda, pues, hacer la investigación y contestar y, si hay algún mal procedimiento o algún acto que no debería de haber ocurrido, pues que se proceda y que se informe por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno", declaró la mandataria. La instrucción traslada el caso del terreno periodístico al administrativo, donde las conclusiones pueden tener consecuencias jurídicas concretas.

El nombre de Landsmanas aparece en una de las grabaciones difundidas por Latinus, en las que se observa a Taddei y al contratista Alfredo Hernández Casillas. Según esa conversación, el grupo que encabeza Landsmanas, conocido como La Cosmopolitana, entregaba 1.5 millones de pesos mensuales por operar comedores en el INE. El 25 de abril de 2025, el organismo firmó un contrato por un monto máximo de 112 millones 400 mil pesos con Productos Serel para servicios de alimentos en la Ciudad de México; de esa adjudicación, según las revelaciones, Taddei y Hernández Casillas habrían obtenido en conjunto el 15%, equivalente a 17 millones de pesos.

La empresa de Landsmanas ha recibido más de cuatro mil millones de pesos en contratos del gobierno federal durante la actual administración, un dato que amplía el alcance potencial de la revisión más allá del INE. La instrucción presidencial no constituye por sí misma una imputación: se trata de una solicitud de investigación cuyas conclusiones aún no existen.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica clara: Sheinbaum desplaza la conversación del desgaste mediático hacia un procedimiento administrativo con responsable identificable, la secretaria Raquel Buenrostro. Eso le permite responder a la presión pública sin comprometer a la Presidencia en un juicio anticipado y, al mismo tiempo, conservar el control del calendario político del caso.

El incentivo inmediato es contener el costo reputacional de un escándalo que toca al árbitro electoral a menos de un año de los comicios de 2027. La salida de Taddei ya había abierto preguntas sobre la estabilidad del INE; una investigación formal sobre proveedores permite al gobierno proyectar que el problema es de contratistas y no del diseño institucional. La investigación funciona también como señal hacia aliados y adversarios: el gobierno marca distancia de la red de contratistas sin descalificar de entrada al organismo.

El límite es evidente. Una revisión de la Secretaría Anticorrupción no equivale a una sanción ni a una determinación judicial, y su alcance dependerá de lo que la dependencia decida indagar: contratos federales, adjudicaciones del INE o ambos. Tampoco está claro si la investigación alcanzará a funcionarios del organismo o se concentrará en la empresa. El equilibrio interno del gobierno y la relación con el INE en el año electoral dependen de que el procedimiento no se perciba como una revisión selectiva.

Para 2027, el caso importa porque el INE organiza la elección y porque el presupuesto del organismo ya fue recortado en 6 mil millones de pesos. La presidenta ha sostenido que los comicios están garantizados con los 36 mil millones aprobados. La investigación sobre proveedores añade un flanco de riesgo: si las irregularidades se confirman, la discusión sobre la capacidad operativa del árbitro electoral podría reabrirse en plena contienda.

Qué sigue

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno deberá informar si abre un procedimiento formal, qué contratos revisa y en qué plazo. También queda por definir si la investigación se limita a Kosmos o abarca a otros proveedores del INE y a funcionarios del organismo. La ruta más probable es una revisión administrativa con resultados graduales; la menos probable, una sanción inmediata. El caso Taddei sigue su propio cause, y la presidenta ha dicho que no tiene información sobre si la exconsejera salió del país.