Sheinbaum propone abrir licitaciones del INE a más empresas

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso modificar los requisitos de participación en las licitaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), en particular la exigencia de experiencia previa en la fabricación de materiales electorales, para que más empresas mexicanas puedan competir por esos contratos. La propuesta no es un ajuste administrativo menor: toca la forma en que el árbitro compra los insumos con los que se instala cada casilla y, por tanto, el margen de discrecionalidad con el que se reparten recursos públicos en año preelectoral.

Sheinbaum cuestionó que la exigencia de experiencia previa funcione en la práctica como una barrera de entrada que deja la producción de casillas, mamparas y urnas en muy pocas manos. “¿Por qué solo dos empresas pueden producir las casillas, las mamparas?”, preguntó. Y añadió: “No me digan que en México no puede haber montón de empresas que puedan fabricar las casillas, las mamparas, pues ni que fuera tan complicado”. La mandataria también planteó revisar los criterios para reutilizar materiales electorales, con el objetivo de reducir gastos y evitar su desecho después de cada proceso.

El planteamiento se produjo en el mismo espacio donde la presidenta acusó al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, de mantener un esquema de contratación que concentró los contratos en un grupo reducido de empresas señaladas por corrupción. Sheinbaum sostuvo que el problema no nace en la administración de Guadalupe Taddei, sino que viene de lejos, y lo vinculó con la reforma electoral de 2014. Según su lectura, esa reforma, impulsada en el marco del Pacto por México, dio al Consejo General del INE la facultad de designar a los integrantes de los organismos electorales locales, y esos nombramientos derivaron en instituciones que después contrataron a los mismos proveedores.

La presidenta retomó incluso el caso de Taddei, quien fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014, durante la gestión de Córdova, para argumentar que las decisiones sobre integración de órganos locales y mecanismos de contratación preceden a su llegada a la presidencia del INE en 2023. “Los contratos que se hicieron con esta empresa y otras no vienen del 23 ni el 24, vienen de lejos”, dijo.

La lectura política

En la práctica, la propuesta funciona como una pieza más de una ofensiva política contra el esquema de contratación del INE y contra la herencia de Córdova, no solo como una medida de austeridad. Al poner el acento en la concentración de proveedores, la presidenta desplaza el debate de la coyuntura —las acusaciones contra la actual presidenta del instituto— hacia un problema estructural que, según su versión, atraviesa varias administraciones. Eso le permite reclamar la bandera de la transparencia sin cargar sola con el costo político de la crisis actual del árbitro.

El movimiento también tiene una consecuencia institucional: si el INE modifica sus bases de licitación para ampliar la competencia, el cambio no depende de la voluntad presidencial, sino de una decisión del Consejo General y de su marco normativo. La presidenta puede fijar la agenda y presionar públicamente, pero no sustituye la facultad del instituto para definir sus reglas de contratación. Esa distancia entre la propuesta y la decisión formal es la que conviene observar: hasta ahora no hay una resolución del INE que acoja el planteamiento.

Rumbo a 2027, el timing importa. El proceso electoral arrancará formalmente en los próximos meses y el INE deberá contratar insumos para la jornada. Abrir la competencia a más empresas puede leerse como una medida de transparencia, pero también como una forma de reconfigurar la relación entre el árbitro y su base de proveedores en un año en que el gobierno federal ya planteó fortalecer Talleres Gráficos de México para producir papelería electoral. Esa combinación —más proveedores privados y una empresa pública con mayor peso— dibuja un nuevo equilibrio de poder sobre un insumo sensible: el material con el que se vota.

Qué sigue

El planteamiento presidencial no tiene aún una ruta formal definida. Para que la propuesta se traduzca en un cambio real, el Consejo General del INE tendría que revisar las bases de licitación y, en su caso, modificar los criterios de experiencia previa. También queda pendiente la auditoría que la propia presidenta solicitó a las contrataciones del instituto, cuyos resultados podrían alimentar la discusión sobre proveedores. La pregunta verificable es si el INE abre un proceso de revisión de sus reglas de contratación antes de que arranque el proceso electoral de 2027 y si esa revisión se traduce en bases de licitación distintas.

Actualización

La revisión de compras locales anunciada por el INE en Quintana Roo es una medida operativa específica que responde a la propuesta de Sheinbaum de abrir licitaciones y revisar los contratos para el proceso 2027. Leer el nuevo desarrollo.