Sheinbaum extiende la crisis del INE a Córdova y reordena el debate electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, de haber mantenido durante su gestión el esquema de contratación que concentró en dos empresas la producción de materiales electorales. La acusación, formulada en la conferencia matutina, ocurre cuando el instituto atraviesa su crisis más visible en años: la renuncia de Guadalupe Taddei el 26 de octubre, investigaciones en curso sobre contratos y al menos 15 renuncias de funcionarios. El señalamiento no es un dato nuevo sobre las contrataciones, sino una decisión política: la presidenta traslada el foco de la revisión de la administración saliente a la anterior y convierte la crisis del INE en una discusión sobre la arquitectura completa del árbitro electoral.

Sheinbaum sostuvo que el problema no comenzó con Taddei. Afirmó que la concentración de contratos para fabricar materiales electorales tiene antecedentes en 1999 y 2005, y que las mismas empresas siguieron participando después de la reforma electoral de 2014. En ese año, recordó, el Consejo General del INE que encabezaba Córdova asumió la facultad de designar a los consejeros de los organismos públicos locales electorales (OPLE), entre ellos el de Sonora, donde Taddei fue nombrada presidenta. La presidenta usó una declaración del propio Córdova —quien reconoció públicamente que existía “una especie de monopolio” de pocas empresas en los órganos locales— para cuestionar que, conociendo el problema, no hubiera modificado los lineamientos de contratación.

El expresidente no ha respondido en el expediente disponible a la acusación específica. La evidencia permite afirmar que Córdova reconoció la existencia del esquema; no permite afirmar que lo haya diseñado o que haya recibido beneficio personal. Esa distinción importa para leer el movimiento: la presidenta no presenta una resolución judicial ni administrativa, sino una imputación política sobre la continuidad de un arreglo de contratación.

La crisis inmediata gira en torno a Taddei. La Unidad de Inteligencia Financiera indaga a siete proveedoras por posibles prácticas de simulación de competencia y triangulación de recursos; la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio, y el Órgano Interno de Control del INE investigaba desde 2025 posibles conflictos de interés. Entre las empresas bajo revisión aparecen Corporativo Zeg, Cajas Graf y TOL Producciones, vinculadas a un contrato de 197 millones de pesos para la elección judicial de 2025. La presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, informó que el Consejo General analiza dar vista a la ASF y al OIC.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica clara: desplazar la discusión de una renuncia individual a un problema estructural que abarca a los anteriores presidentes del INE y a los consejeros locales designados desde 2014. Eso le permite al gobierno sostener que la crisis no es producto de su administración ni de su influencia sobre el instituto, sino de un arreglo heredado. También le da margen para justificar una reforma de fondo: la propuesta de fortalecer Talleres Gráficos de México y convertirlo en empresa para que produzca la mayor parte del material electoral.

El incentivo es doble. Por un lado, la presidenta necesita contener el costo político de haber respaldado a Taddei en 2023 y de que hoy la crisis estalle bajo su gobierno. Por otro, la revisión de contratos le permite colocar en la agenda la relación entre el INE y sus proveedores a un año de las elecciones de 2027, cuando el instituto deberá organizar el proceso federal. La acusación a Córdova envía una señal a los aliados y adversarios del árbitro: el gobierno no limitará la revisión a la administración saliente y está dispuesto a cuestionar la legitimidad de los arreglos anteriores.

El límite es igual de relevante. Hasta ahora no existe una resolución que acredite responsabilidad de Córdova ni de los consejeros que él encabezó. La acusación es una declaración presidencial, no una determinación judicial o administrativa. La diferencia importa porque el INE enfrenta un proceso de revisión interna y de posible vista a la ASF, y porque la eventual reforma de Talleres Gráficos requeriría cambios legales y presupuestales que aún no están definidos.

Qué sigue

El Consejo General del INE deberá resolver si da vista a la ASF y al OIC por las contrataciones de la gestión de Taddei. La ASF ya abrió una investigación de oficio, y la UIF mantiene abierta la indagatoria sobre siete proveedoras. La presidenta anunció que presentará una propuesta para convertir Talleres Gráficos de México en empresa; no hay fecha ni texto formal. El calendario electoral de 2027 avanza y el instituto deberá definir sus lineamientos de contratación antes de que arranque el proceso. La pregunta verificable es si la revisión alcanza a los expresidentes del INE o se queda en la administración saliente.

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