Córdova liga crisis del INE a tómbola amañada en el órgano interno

Lorenzo Córdova sostuvo que la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) no es un accidente de gestión, sino el resultado de cómo se eligió a quienes debían vigilarlo. En entrevista, el exconsejero presidente vinculó los escándalos alrededor de Guadalupe Taddei con dos decisiones previas: el nombramiento del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE en 2019 y la integración de las quintetas que el Comité Técnico de Evaluación entregó en 2023 para renovar el Consejo General.

Córdova señaló que el titular del OIC fue designado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados desde 2019, lo que en la práctica colocó la función de vigilancia interna bajo una lógica de cuota política. Su argumento es que un órgano de control elegido por mayoría parlamentaria difícilmente puede operar como contrapeso cuando los señalados pertenecen al mismo bloque que los nombró. La afirmación es una lectura política del diseño institucional, no una resolución judicial ni administrativa sobre el desempeño del OIC.

El segundo tramo de su crítica apunta a 2023. Según Córdova, las quintetas propuestas por el Comité Técnico de Evaluación estaban compuestas por personas cercanas al oficialismo, de modo que la terna final y la eventual designación quedaron acotadas antes de llegar al pleno. La tesis del exconsejero es que la crisis actual se incubó en el filtro de selección, no en el ejercicio del cargo.

El contexto inmediato es la salida de Taddei de la presidencia del INE y un debate público sobre la limpieza del organismo que ya involucra a legisladores. La discusión dejó de ser técnica y se volvió disputa por la narrativa: para el oficialismo, el problema es la herencia; para Córdova, el problema es el mecanismo que produjo a los herederos.

La lectura política

El movimiento de Córdova funciona como una defensa anticipada y como una ofensiva de encuadre. No es una candidatura ni una aspiración electoral: es un posicionamiento de autoridad técnica que busca fijar la causa del desastre antes de que la reforma electoral defina el nuevo diseño del árbitro. Quien controla la explicación del fracaso controla el diagnóstico con el que se justificará el rediseño.

El incentivo del oficialismo es presentar la crisis como falla individual o herencia administrativa; el de Córdova, como consecuencia de un arreglo de cuotas que comenzó en 2019. Ambos relatos compiten por el mismo terreno: la legitimidad del INE rumbo a 2027. Si la elección presidencial y la renovación de gubernaturas se organizan con un árbitro cuestionado, cada actor tendrá un argumento listo para impugnar resultados o para exigir su reemplazo.

El equilibrio interno del INE queda expuesto. Un OIC nombrado por mayoría parlamentaria envía la señal de que la vigilancia del organismo no es autónoma frente al bloque que lo designó. Esa señal importa menos por lo que ocurra en el escritorio del contralor y más por lo que anticipa: la próxima negociación por la presidencia del Consejo General y por la reforma electoral se hará con desconfianza mutua y con la memoria de esta crisis.

El límite de la evidencia es claro: no hay resolución que declare irregular el nombramiento del OIC ni la integración de las quintetas. Lo que existe es una acusación política de un exconsejero con conocimiento del proceso, y un patrón verificable de designaciones por mayoría. La inferencia sostenible es que el diseño de control interno quedó alineado con la mayoría gobernante; la consecuencia electoral es que ese diseño será tema de campaña y de litigio.

Qué sigue

La discusión sobre la limpieza del INE continuará en el Congreso, donde se definirá si la reforma electoral toca el mecanismo de designación del OIC y del Consejo General. El relevo en la presidencia del organismo y la eventual integración de nuevos consejeros marcarán el calendario. Rumbo a 2027, el punto verificable será si el próximo titular del OIC se elige con el mismo esquema de mayoría o con uno que exija consenso calificado.