Sheinbaum ve en el escándalo del INE un plan opositor para 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este 11 de noviembre que detrás de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la entrega de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) hay un propósito político: "querer desacreditar la elección del 2027". La afirmación, hecha en la conferencia de Palacio Nacional, no niega las irregularidades; las da por ciertas y, al mismo tiempo, las reubica como parte de una ofensiva opositora contra el árbitro electoral.

La mandataria pidió que se investigue "todo" y señaló a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República (FGR) como las instancias competentes, además de mencionar denuncias ya presentadas por consejeros electorales en funciones. Sheinbaum ubicó el origen del problema antes de la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y lo vinculó con "un personaje que ahora es de su propio partido político", sin nombrarlo. También recordó el fraude de 2006 y la compra de votos de 2012 como manchas previas del instituto.

El mensaje tiene dos destinatarios. Hacia afuera, responde a la oposición que ha convertido las contrataciones del INE en un tema de campaña anticipada. Hacia adentro, ordena la posición del gobierno ante un organismo cuya presidencia está por definirse en la Cámara de Diputados. La presidenta lo dijo sin rodeos: la elección de 2027 está garantizada, pero la investigación debe ser profunda.

La lectura política

El movimiento de Sheinbaum funciona como una operación de encuadre. Al aceptar que se investigue, el gobierno se coloca del lado de la transparencia; al atribuir el escándalo a la oposición, traslada el costo político del INE a quienes lo denuncian. Es una maniobra para separar la crítica legítima a las contrataciones de la narrativa que cuestiona la integridad del proceso electoral.

El cálculo tiene lógica electoral. Si la oposición logra instalar la idea de que el INE es un organismo capturado, cualquier resultado adverso en 2027 queda bajo sospecha. Si, en cambio, el gobierno logra que el debate se concentre en Taddei y en los contratistas, el desgaste se personaliza y no toca al proceso en su conjunto. La presidenta eligió el segundo camino.

Hay un elemento de equilibrio interno que conviene mirar. Taddei llegó al INE en 2023 con respaldo del bloque oficialista, y ahora el gobierno deja que la FGR determine si hay elementos para procesarla. Esa distancia no es ruptura, pero sí una señal de que el oficialismo no piensa cargar con el costo de una presidencia cuestionada. La reforma electoral anunciada para después de 2027 —eliminar plurinominales, reducir financiamiento y transparentar compras— se vuelve más viable si el desgaste se concentra en la gestión actual y no en la institución.

El límite de la lectura es claro: no hay resolución judicial ni administrativa que acredite responsabilidad de Taddei, y las denuncias de consejeros no equivalen a sentencia. Lo que sí está en juego es la sucesión en la presidencia del INE, que la Cámara de Diputados debe resolver, y el marco con el que el oficialismo llega a 2027.

Qué sigue

La ASF y la FGR tienen la pelota. Cualquier determinación sobre Taddei o sobre los contratistas marcará el tono de la discusión electoral. En paralelo, la Cámara de Diputados deberá definir la nueva presidencia del INE, y la reforma electoral anunciada por Sheinbaum quedó programada para después de los comicios. El primer plazo verificable es el avance de las denuncias ante la FGR y la respuesta de la Auditoría Superior.