SOMOS lleva a Sheinbaum al INE por intromisión electoral

El partido SOMOS presentará este martes 10 de noviembre una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la presidenta Claudia Sheinbaum por presunta intromisión electoral y violaciones al artículo 134 constitucional. El anuncio, hecho por sus representantes ante el INE, convierte una disputa de declaraciones en un expediente formal que podría escalar hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y fijar criterio sobre el uso de las conferencias matutinas en plena antesala de 2027.

El abogado Carlos Alberto Ferrer Silva explicó que la queja solicitará medidas cautelares para frenar las conductas denunciadas, con base en el artículo 134, que obliga a usar los recursos públicos con imparcialidad. El documento se presentaría ante el INE para que investigue y se pronuncie sobre esas medidas antes de remitir el asunto al Tribunal Electoral. La vía elegida no es una demanda civil por daño moral, sino una queja electoral que obliga al árbitro a pronunciarse sobre el uso de recursos públicos en la contienda.

El origen del conflicto es un intercambio de señalamientos. El 5 de noviembre, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó una investigación con fuentes abiertas sobre los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, proveedores electorales, y señaló que trabajaron bajo las órdenes de Juan Carlos Padilla Aguilar, hoy integrante de SOMOS. También destacó la participación de exfuncionarios del INE, como Marco Antonio Baños y Edmundo Jacobo Molina, en esa fuerza política. Un día después, Sheinbaum insistió en que las contrataciones cuestionadas antecedían a la presidencia de Guadalupe Taddei y señaló a Baños por haber participado en el nombramiento de consejeros electorales locales que después contrataron a esas empresas, aunque sostuvo que corresponde a las autoridades investigadoras determinar responsabilidades.

Emilio Álvarez Icaza Longoria, representante de SOMOS ante el INE, rechazó que la trayectoria de los exfuncionarios electorales incorporados al partido se mezcle con las presuntas irregularidades de la gestión de Taddei. Defendió su derecho a participar en un proyecto político después de dejar sus cargos y exigió a Sheinbaum "asuma su responsabilidad como jefa de Estado y no como jefa de pandilla". SOMOS sostiene que el gobierno busca desviar la atención de las presuntas irregularidades durante la gestión de Taddei hacia antiguos funcionarios electorales que hoy militan en ese partido.

Marco Antonio Baños, representante suplente, advirtió sobre un posible intento de devolver al Ejecutivo el control de las elecciones. "Muchos nos tememos que están preparando el regreso del control de los procesos electorales al gobierno, y eso es absolutamente inaceptable", afirmó. También pidió al consejero Jorge Montaño explicar su asistencia al informe del gobernador de Tabasco, Javier May, por considerar inadecuada su presencia, y defendió que se fiscalice el gasto de los órganos electorales, pues "cada peso que se entregue a los órganos electorales tiene que ser auditado".

La lectura política

La queja cumple una función práctica que va más allá de su viabilidad jurídica: coloca a SOMOS en posición de actor que obliga al árbitro electoral a pronunciarse sobre el comportamiento de la presidenta en un año preelectoral. No es una candidatura ni una precandidatura de facto; es un movimiento de posicionamiento que busca instalar la narrativa de que el gobierno central interviene en la contienda y que el partido es perseguido por denunciar presuntas campañas adelantadas y desvíos de recursos.

El incentivo de SOMOS es doble. Por un lado, necesita visibilidad y credibilidad ante el electorado rumbo a 2027, cuando requiere 1.4 millones de votos para conservar su registro nacional. Por otro, la queja le permite responder a los señalamientos oficiales sin quedar atrapado en el terreno de la difamación civil, donde la carga probatoria y los tiempos son distintos. Al llevar el conflicto al INE, traslada la disputa al terreno donde sus cuadros tienen experiencia: el litigio electoral.

El cálculo oficial también es visible. La investigación presentada por Buenrostro y los señalamientos presidenciales buscan vincular a SOMOS con un esquema de contrataciones irregulares y con exfuncionarios del INE, lo que erosiona el perfil de imparcialidad del partido y de quienes lo integran. La presidenta ha insistido en que las contrataciones antecedían a la gestión de Taddei, lo que desplaza la responsabilidad hacia administraciones anteriores y hacia los propios exfuncionarios electorales.

El equilibrio interno del partido queda expuesto: la presencia de Baños y Jacobo Molina, con trayectoria en el INE, es a la vez activo de conocimiento técnico y pasivo de credibilidad frente a las acusaciones de conflicto de interés. La defensa de Álvarez Icaza —separar la trayectoria de los exfuncionarios de las irregularidades de Taddei— es la línea que el partido sostendrá ante el INE, pero no resuelve la pregunta política de fondo sobre la circulación de cuadros entre el árbitro y una fuerza contendiente.

La señal rumbo a 2027 es clara: el conflicto entre el gobierno federal y un partido de oposición se judicializa en la arena electoral, y el INE queda en medio de una disputa que cuestiona su autonomía. Si el árbitro admite la queja y concede medidas cautelares, el precedente será relevante para futuras denuncias por intromisión; si la desecha, SOMOS perderá una herramienta de presión y el gobierno habrá ganado margen para mantener sus señalamientos sin contrapeso institucional.

Qué sigue

El INE recibirá la queja el martes 10 de noviembre y deberá pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas. Después remitirá el asunto al Tribunal Electoral para su resolución. En paralelo, siguen planteadas las vías civiles por daño moral y difamación contra Sheinbaum y Buenrostro, que SOMOS anunció desde el 5 de noviembre y que quedaron como opción para quienes consideren afectada su honra. La investigación administrativa sobre los proveedores electorales y la gestión de Taddei continúa en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, sin que hasta ahora exista resolución que determine responsabilidades.