RUTA 27 · MEDIUM
Sosa Castelán pide voto libre en 2027 y evita hablar de su proceso penal
El exrector de la UAEH se sumó a la marcha por la autonomía universitaria y sostuvo que “nadie manipula” a los universitarios. Sobre sus causas judiciales, dijo que son “un asunto muy personal”.
Gerardo Sosa Castelán, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y líder moral del Grupo Universidad, se sumó el 21 de octubre de 2026 a la marcha por la autonomía de la UAEH. Ahí negó que los universitarios sean manipulados por partidos y pidió un proceso electoral “democrático, abierto, libre” rumbo a 2027, pero evitó hablar del proceso penal que enfrenta por presunta delincuenci
Gerardo Sosa Castelán llegó a las 8:20 de la mañana a la movilización convocada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en defensa de su autonomía y, en lugar de limitarse al motivo de la marcha, convirtió la entrevista en un mensaje con destino electoral: “Nadie nos manipula, ni nadie nos maneja”, dijo sobre los universitarios, y pidió para 2027 “un proceso democrático, abierto, libre”. La frase no es menor en Hidalgo. Quien la pronuncia es el exrector identificado como líder moral del Grupo Universidad, la red que por décadas ha disputado el control político de la universidad más grande del estado. Reclamar autonomía de criterio para esa comunidad equivale a reclamar, también, capacidad de interlocución sobre ella en el año previo a la renovación del Congreso local, de los ayuntamientos y de la Cámara de Diputados.
El exrector fue cuestionado sobre su situación jurídica: un amparo relacionado con una acusación de defraudación fiscal y un proceso por presunta delincuencia organizada. Se negó a dar detalles. “De eso no puedo platicar porque es un asunto de tipo procesal, es un asunto muy personal”, dijo, y añadió que “todos tenemos que respetar la ley y estamos sujetos a ese proceso”. No hubo negación de los hechos ni anuncio de estrategia: hubo contención.
Un reclamo de imparcialidad con expediente abierto
Sobre el señalamiento de persecución política que el Partido del Trabajo (PT) ha lanzado contra el Gobierno de Hidalgo, Sosa Castelán no tomó partido. “Yo no tengo ninguna percepción en ese sentido, ninguna opinión. Cada partido hace lo que le conviene”, declaró, y remató con una frase que evita nombrar al adversario: “en política hay cosas que se escriben para leer y hay otras que se leen para escribir. Que lo entiendan los políticos”.
El silencio tiene lógica. Cualquier pronunciamiento sobre una persecución lo habría colocado como parte acusadora en un conflicto que también define su propio futuro judicial; eludirlo preserva margen. En cambio, insistió en la capacidad de decisión de la comunidad: “Los universitarios tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento, tenemos la madurez y podemos decidir por nosotros mismos”.
La lectura política
El mensaje cumple tres funciones simultáneas. Primero, defensa de capital político: si los universitarios “no son utilizados”, entonces la estructura que él encabeza no opera como aparato de movilización partidista, sino como comunidad que decide. Es una respuesta anticipada al cuestionamiento más frecuente contra el Grupo Universidad. Segundo, construcción de interlocución: quien habla de autonomía también habla de quién negocia con esa comunidad. Tercero, separación de esferas: al declarar su proceso “muy personal”, el exrector traza una frontera entre su persona y la institución, de modo que un desenlace judicial adverso no se lea como golpe a la universidad.
Conviene precisar qué es y qué no es este movimiento. No hay candidatura, ni precandidatura, ni cargo alguno en disputa: nada en la evidencia permite sostener que Sosa Castelán busque una posición de elección popular. Lo que hay es posicionamiento de un liderazgo regional que reclama para sí la representación política de un bloque universitario en un año electoral. En la práctica, el reclamo de un proceso “abierto y libre” funciona como demanda de piso parejo, pero también como recordatorio de que ese bloque pesa en Pachuca y en varios municipios. Es un activo que se cobra en la negociación de candidaturas, no en las boletas.
La señal para aliados y adversarios es doble. A los partidos, incluido Morena, les dice que la universidad no es territorio disponible sin costo. Al gobierno estatal le indica que la autonomía seguirá siendo bandera y que él seguirá enunciándola, aunque no acuse. Falta un elemento para elevar la lectura: no hay evidencia pública sobre si el Grupo Universidad participará en la selección de candidaturas municipales de 2027, y ese dato —no la frase— medirá su peso real.
Qué sigue
El primer hito verificable no es electoral sino judicial: la resolución del amparo por defraudación fiscal y el avance de la causa por presunta delincuencia organizada, cuyas fechas no fueron confirmadas. En paralelo, el calendario rumbo a 2027 en Hidalgo —convocatorias, plazos de registro y definición de candidaturas locales ante el Instituto Estatal Electoral— dirá si la universidad vuelve a ser moneda de cambio. La incógnita concreta: si el discurso de autonomía se traduce en candidaturas propias o se queda como carta de negociación.