TEPJF avala paridad: nueve mujeres mínimo en 17 gubernaturas de 2027

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó por unanimidad el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que obliga a cada partido a postular al menos nueve mujeres entre las 17 gubernaturas en juego en 2027. La resolución, adoptada en sesión ordinaria virtual, convierte una regla administrativa en un parámetro vinculante para todos los partidos nacionales, incluidos los de reciente registro, y llega cuando las dirigencias ya empezaron a mover piezas para las sucesiones estatales.

El acuerdo del INE, aprobado a finales de octubre por su Consejo General, fija un piso numérico: cada partido deberá postular al menos nueve mujeres en el conjunto de las 17 elecciones de gubernatura, sea con candidaturas individuales, coaliciones o candidaturas comunes. La decisión de no competir en alguna entidad no reduce ese mínimo, y el incumplimiento se sujeta al procedimiento de verificación previsto en el propio acuerdo.

La Sala Superior no se limitó a validar la aritmética. Sostuvo que el acuerdo no se reduce a un conteo de candidaturas: las mujeres no podrán ser relegadas a las entidades menos competitivas. Al mismo tiempo, afirmó que se respeta la auto organización partidista, lo que deja a los institutos políticos el margen para decidir en qué estados colocan sus postulaciones, siempre que cumplan el mínimo y acrediten criterios de paridad sustantiva y competitividad.

Ese equilibrio es la parte fina de la resolución. El INE ordenó a los partidos observar sus documentos básicos y las determinaciones de sus órganos estatutarios en materia de paridad sustantiva, además de la normativa y las sentencias aplicables. En la práctica, la regla traslada a los partidos la carga de demostrar que sus nueve candidaturas no son un trámite de cumplimiento, sino una apuesta real por plazas donde puedan competir.

La lectura política

El fallo ordena el terreno donde se librará la disputa más costosa de 2027: quién encabeza cada gubernatura. Con 17 plazas en juego, el piso de nueve mujeres obliga a cada partido a reordenar sus cuadros, sus alianzas y sus tiempos. La paridad deja de ser un enunciado y se convierte en un criterio de elegibilidad que puede tumbar una postulación mal armada.

El incentivo inmediato de las dirigencias es cumplir el mínimo sin ceder las entidades que consideran estratégicas. De ahí que la parte más disputable sea la de "competitividad": si un partido coloca a sus nueve mujeres en los estados donde tiene menor presencia, el acuerdo se cumple en el papel pero se vacía en la práctica. La Sala Superior anticipó ese riesgo al señalar que las mujeres no serán relegadas a las plazas menos competitivas, pero falta precisar con qué parámetro se medirá la competitividad de cada entidad, un elemento que la evidencia disponible no detalla y que probablemente será materia de impugnaciones.

Para los partidos, el acuerdo también funciona como un mecanismo de ordenamiento interno. Las dirigencias ganan una regla externa para justificar decisiones que de otro modo serían conflictos internos: desplazar a un aspirante varón, reservar una plaza o negociar una coalición. Quien controle la interpretación de la paridad en cada estado tendrá margen para decidir qué candidaturas sobreviven y cuáles se reacomodan.

La resolución envía además una señal a los aspirantes: la paridad no es una aspiración, es una restricción que operará desde la precampaña. Ninguna candidatura está registrada todavía; lo que existe son aspiraciones, posicionamientos y, en algunos casos, precandidaturas de facto. La regla del INE, ya avalada por el TEPJF, condiciona ese proceso previo al registro formal.

Qué sigue

Los partidos deberán ajustar sus documentos básicos y sus procesos internos de selección para acreditar el mínimo de nueve mujeres y los criterios de paridad sustantiva. El INE verificará el cumplimiento conforme al procedimiento previsto en su acuerdo, y cualquier incumplimiento podrá ser impugnado ante el TEPJF. La definición operativa de "competitividad" —el punto más débil del acuerdo— será el frente probable de litigio conforme avancen las definiciones estatales rumbo a 2027.