TEPJF ordena al INE investigar a la CNDH; su autonomía entra al debate electoral

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) metió el 21 de octubre de 2026 a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el terreno donde el organismo había asegurado no pisar: la contienda. Por unanimidad, los magistrados ordenaron al Instituto Nacional Electoral (INE) admitir la queja del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y entrar al fondo de una investigación por presunta calumnia, uso indebido de recursos públicos y vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, a causa de un promocional difundido en radio, televisión y redes sociales sobre la serie “Los Años Heridos”, que atribuye a los gobiernos priistas violencia política de Estado y diversos delitos.

El proyecto lo presentó la magistrada Claudia Valle Aguilasocho y dio luz verde a la denuncia priista: la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE deberá pronunciarse sobre la responsabilidad del organismo y no sólo sobre la procedencia formal del escrito. En la deliberación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que la CNDH, aun siendo autónoma, tiene una prohibición expresa de intervenir en asuntos electorales; Felipe de la Mata añadió que la autonomía no impide que las autoridades comiciales analicen sus actos y que el organismo debe someterse a un procedimiento que esclarezca si rebasó sus atribuciones. La decisión se suma a una racha de resoluciones unánimes con las que la Sala Superior ha fijado reglas para el proceso 2026-2027, como la del 8 de octubre que excluyó del cómputo las boletas “planchadas”.

Lo que la resolución todavía no dice

Es una orden de admisión e investigación, no una condena: nadie ha sido sancionado y el INE aún debe desahogar el procedimiento, notificar a la CNDH y resolver si el material configura las infracciones denunciadas. Tampoco hay en la evidencia disponible número de expediente, plazo fijado, emplazamiento a la comisión ni respuesta pública de la CNDH. La calumnia electoral exige acreditar que se imputaron hechos o delitos falsos; traducir un juicio histórico sobre “violencia política de Estado” a ese estándar jurídico será el verdadero test del expediente.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica precisa: romper la presunción de que la autonomía constitucional opera como blindaje frente a las reglas de equidad. Al mandar el caso al terreno sancionador, la Sala Superior envía una señal a todo el entramado de organismos del Estado —no sólo a la CNDH— de que difundir material que impute delitos a un partido durante el proceso deja de ser zona libre. Para el PRI, el fallo es doblemente útil: convierte una serie crítica en un expediente que obliga a la comisión a defenderse y le permite disputar el relato sobre sus gobiernos en sede jurisdiccional, no sólo en la conversación pública. La CNDH, en cambio, pasa de emisor de campaña institucional a sujeto de escrutinio electoral, con riesgo de retiro de material y de sanción.

La unanimidad merece matiz: coinciden en el resultado, no necesariamente en la doctrina. Rodríguez Mondragón parte de una prohibición expresa; De la Mata, de la revisabilidad de todo acto de autoridad. Ese detalle importa porque el precedente que se construya rumbo a 2027 será invocado tanto contra organismos autónomos como contra gobiernos que usen propaganda institucional con fines de posicionamiento. Nada de esto configura una candidatura ni una precandidatura de facto: es una decisión jurisdiccional cuyo efecto político es ordenar el terreno donde se librará la disputa por el uso de recursos públicos en la próxima elección.

Qué sigue

El INE debe admitir la queja y la Unidad Técnica de lo Contencioso tiene que resolver sobre el fondo en los plazos que marca la ley, con posibilidad de medidas cautelares sobre el promocional. Habrá que observar tres puntos verificables: la admisión formal y el número de expediente, el emplazamiento a la CNDH y la eventual impugnación de la comisión ante la propia Sala Superior o el Poder Judicial. La publicación íntegra de la sentencia permitirá saber si la unanimidad también alcanzó los razonamientos, no sólo el sentido del fallo.