TEQROO llega al 2027 con 86% más impugnaciones y 95.6% de fallos firmes

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) llega al ciclo que desemboca en el proceso electoral de 2027 con una carga de trabajo 86.15% mayor que la de 2023 y con una tasa de confirmación federal de 95.60% que su magistrado presidente, Sergio Avilés Demeneghi, presentó ante la XVIII Legislatura del Congreso del Estado. El dato central no es el trámite cumplido, sino la ecuación que deja: un árbitro electoral más solicitado, más expuesto y obligado a sostener su autoridad ante una contienda donde cada resolución será escrutada por quien pierda.

En su Informe de Actividades y Resultados, Avilés Demeneghi detalló que el Pleno conoció 102 asuntos, emitió 91 determinaciones y aprobó seis acuerdos plenarios; de esas resoluciones, 87 adquirieron firmeza ante autoridades federales, lo que arroja el 95.60% reportado. El contraste que el propio tribunal subraya es el volumen: 121 medios de impugnación recibidos frente a los 65 de 2023, año en el que —igual que el periodo reseñado— tampoco se desarrolló un proceso electoral. La comparación sugiere litigiosidad estructural, no un pico comicial.

La comparecencia fue encabezada por la diputada Lilia Inés Mis Martínez, presidenta de la Mesa Directiva, con la asistencia de Jorge Arturo Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, además de las magistradas Claudia Ávila Graham y Thalía Hernández Robledo. En el rubro tecnológico, el tribunal puso en marcha el Sistema de Juicio en Línea, que recibió sus primeras impugnaciones en agosto y permite actuaciones procesales y notificaciones electrónicas; según el informe, Quintana Roo es la primera entidad de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral con un sistema local de ese tipo. El organismo reportó además 87 actividades de capacitación —36 dirigidas a públicos externos, con 2 mil 263 beneficiarios—, 26 expedientes de la Defensoría Pública Electoral, 100% de cumplimiento en el Índice Global de Transparencia por tercer periodo consecutivo y un presupuesto modificado de 49 millones 77 mil 156 pesos para 2026.

La lectura política

Un tribunal electoral no construye poder con presupuesto, sino con credibilidad anticipada. La tasa de firmeza funciona aquí como capital político: es el argumento que Avilés Demeneghi coloca por delante antes de que el tribunal tenga que resolver las impugnaciones que realmente importarán, las de 2027. Quien pierda un municipio, un distrito o una candidatura no discutirá el promedio histórico de confirmación; discutirá el caso concreto. Por eso el 95.60% es una promesa de imparcialidad más que un resultado administrativo.

La comparecencia tampoco es neutra en su forma. El TEQROO acude al Congreso local, el mismo cuerpo que discute su presupuesto y el marco normativo electoral, y lo hace con dos magistradas presentes y cifras colectivas del Pleno. Es una señal de colegialidad hacia adentro y de interlocución institucional hacia afuera: el tribunal se presenta como órgano previsible ante los diputados que en 2027 tendrán incentivos para cuestionar sus fallos.

El incremento de 121 impugnaciones fuera de año electoral apunta a una litigiosidad que no depende solo de las campañas: conflictos internos de partidos, actos de autoridad municipal y defensa de derechos político-electorales. Ese tipo de expedientes desgasta más que los comiciales, porque no hay calendario que ordene la presión.

Conviene un límite analítico: aquí no hay aspiración partidista ni precandidatura de facto. Avilés Demeneghi no compite por un cargo de elección; su posición es jurisdiccional y su disputa es por autoridad, no por votos. El riesgo político que enfrenta no se mide en encuestas, sino en la primera revocación federal que sus adversarios puedan citar.

Lo que el informe no dice

Las cifras dejan huecos que el propio documento no cierra. Se recibieron 121 medios de impugnación pero se conocieron 102 asuntos: el informe no explica el desfase ni cuántos expedientes quedaron pendientes. De 91 determinaciones, 87 quedaron firmes; no se precisa qué ocurrió con las cuatro restantes ni ante qué instancia federal se confirmaron las demás. Tampoco hay desagregación por materia, partido o tipo de autoridad, dato que permitiría saber dónde se concentra la conflictividad. Y no se ofrece calendario para el arranque formal del proceso de 2027, que corresponde convocar al organismo electoral local.

Qué sigue

El primer punto de verificación es la publicación íntegra del informe y su discusión en el Congreso; no se anunció acuerdo parlamentario derivado de la comparecencia. Después, la definición del presupuesto 2027, que este tribunal deberá ejercer en pleno proceso electoral. El siguiente hito verificable es la convocatoria formal del proceso comicial de 2027, cuya fecha el informe no precisa, y la primera tanda de impugnaciones que se procese mediante el Sistema de Juicio en Línea. Ahí se sabrá si el 95.60% era un promedio de tiempos tranquilos o una capacidad instalada.