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Trabajadores del INE bloquean sedes y presionan por 12% de aumento
La presidenta provisional Blanca Cruz ofreció gestionar una ampliación presupuestal ante Hacienda, en un contexto de recorte de 6 mil millones de pesos y ajuste salarial a altos mandos.
Trabajadores electorales bloquearon la sede nacional del INE y oficinas estatales para exigir aumentos salariales y mejores condiciones laborales. La presidenta provisional Blanca Cruz se comprometió a pedir a Hacienda una ampliación presupuestal para un alza de hasta 12% en 2027. El movimiento ocurre tras un paro que afectó 64% de los módulos y en medio de un recorte de 6 mil millones de pesos al
Trabajadores electorales bloquearon este lunes la sede nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) y oficinas en distintos estados para exigir aumentos salariales y mejoras laborales. La protesta no fue un episodio aislado: ocurre un día después de que el paro en módulos de atención ciudadana se levantó con un acuerdo preliminar de 6 por ciento, y en la misma semana en que el Instituto confirmó un recorte presupuestal de 6 mil millones de pesos para 2027.
La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, respondió con un compromiso acotado: solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal para alcanzar un aumento de hasta 12 por ciento el próximo año. El ofrecimiento de Cruz convierte la demanda salarial en una negociación con Hacienda, no en una decisión interna del Instituto. Esa distinción importa porque el INE no puede fijar por sí solo el techo de su gasto: depende de la Secretaría y, en última instancia, de la Cámara de Diputados.
El bloqueo de este lunes se suma a un repertorio de presión que ya incluyó la paralización de 64 por ciento de los módulos de atención ciudadana, según confirmó la propia Cruz el 9 de noviembre. La secuencia —paro, acuerdo del 6 por ciento, nuevo bloqueo y promesa de 12 por ciento— sugiere que el acuerdo previo no cerró la disputa, sino que la reabrió con un plafón más alto. Los trabajadores de módulos son la cara visible del Instituto ante la ciudadanía: expiden credenciales, actualizan datos y sostienen la operación cotidiana del padrón electoral.
La lectura política
El movimiento de los trabajadores electorales tiene una función práctica que va más allá de la nómina: presiona al INE en el momento en que el Instituto diseña su presupuesto para el año electoral 2027, cuando la operación del padrón y la organización de comicios locales y federales exigen capacidad instalada. Un Instituto con módulos intermitentes o con personal en conflicto llega debilitado a la antesala del proceso electoral.
El equilibrio interno del INE también queda expuesto. Cruz anunció el 9 de noviembre que los salarios de consejeros y altos mandos serán recortados a partir de 2027 para no superar el ingreso de la presidenta Claudia Sheinbaum, en cumplimiento de una ley aprobada. Ese ajuste en la cúpula, combinado con la demanda de aumento en la base, coloca a la presidencia provisional en una posición delicada: debe mostrar austeridad hacia arriba y capacidad de gestión hacia abajo. Si Hacienda no amplía el presupuesto, el compromiso de 12 por ciento queda como una promesa sin respaldo.
La señal rumbo a 2027 es doble. Para los partidos y los gobiernos estatales, un INE en conflicto laboral es un actor con menor margen de maniobra operativa. Para los propios trabajadores, el bloqueo es una herramienta de negociación que ya mostró rendimiento parcial: el paro anterior arrancó un acuerdo del 6 por ciento y reabrió el diálogo. No hay aquí una candidatura ni una precandidatura de facto: el conflicto es laboral y presupuestal, no sucesorio. Pero su desenlace condiciona la capacidad del árbitro electoral para organizar el proceso más grande del sexenio.
El contexto presupuestal agrava la disputa. Cruz confirmó que el Instituto analizará el impacto del recorte de 6 mil millones de pesos en los proyectos para el año electoral 2027, tras la notificación formal del Congreso. Con menos recursos y una base que exige más, el INE enfrenta una ecuación que no puede resolver solo con voluntad política. La ampliación que pida a Hacienda competirá con otras prioridades del gasto federal.
Qué sigue
La pelota queda en la Secretaría de Hacienda. Cruz se comprometió a solicitar formalmente la ampliación presupuestal; no hay fecha pública para esa gestión ni para una respuesta. El presupuesto de 2027 debe quedar definido antes del cierre del ejercicio, y la Cámara de Diputados tiene la última palabra sobre las ampliaciones. Mientras tanto, los trabajadores electorales no han anunciado el levantamiento del bloqueo ni un calendario de nuevas movilizaciones. El punto verificable será si el INE presenta una solicitud formal ante Hacienda y si esa petición se refleja en el proyecto de presupuesto para el año electoral.