Chile financia estudio del Cable Antártico y define quién gobernará los datos del continente

Chile presentó el estudio de factibilidad del Cable Antártico, una obra que busca conectar el extremo sur del continente con las instalaciones científicas internacionales que operan en la Antártida. El trabajo fue financiado por CAF con 2,2 millones de dólares y se desarrolló durante aproximadamente un año y medio. La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, lo enmarcó dentro del Plan Nacional Digital 2026-2036, una estrategia con proyección de diez años que busca consolidar la conectividad y la soberanía de datos del país.

El dato importa porque desplaza la discusión desde la ingeniería hacia la política. El estudio concluye que la industria de cables submarinos está suficientemente madura y que el principal desafío del Cable Antártico ya no es tecnológico, sino de gobernanza. Es decir: la pregunta que queda abierta no es si se puede tender el cable, sino quién lo controla, qué países participan y bajo qué reglas se transportan y almacenan los datos que produzcan las bases científicas.

Garrido fue explícita sobre ese punto. Según sus declaraciones, CAF financió el estudio para analizar la viabilidad "desde el punto de vista tecnológico, político, geopolítico, legal, ambiental y de gobernanza". Y añadió que "la principal conversación estará ahora en la gobernanza del proyecto: quién lo va a liderar y cómo se articulará la participación de los distintos países".

La lectura

Chile no plantea el cable como una infraestructura nacional clásica. La subsecretaria describió el proyecto como una infraestructura "para el bien de la humanidad" y sostuvo que Chile quiere liderarlo "como país de entrada a la Antártica, pero desde la colaboración, no desde la apropiación". Esa fórmula importa: reconoce que el territorio antártico está sujeto a un régimen internacional de paz y cooperación, y que cualquier cable que lo atraviese tendrá que negociarse con otros Estados, no imponerse.

El control efectivo, sin embargo, se juega en dos lugares concretos. El primero es el trazado: el proyecto contempla una alternativa mínima y otra óptima, y la ruta elegida definirá qué países quedan como puntos de entrada y quién intermedia el tráfico. El segundo es el procesamiento. Garrido señaló que los datos necesitarán infraestructuras de almacenamiento y procesamiento, y que desarrollar esas capacidades en Punta Arenas representa una oportunidad para modernizar la economía del extremo sur. Quien aloje los centros de datos antárticos tendrá influencia sobre cómo se conserva y se comparte información científica estratégica, incluida la que se produce sobre el cambio climático.

El contexto de conectividad doméstica sostiene esa ambición. La fibra óptica representa el 87,3 % de las conexiones de internet fijo en Chile, según las estadísticas oficiales correspondientes a junio de 2026. Esa base permite presentar al país como un nodo digital regional y no solo como un territorio de tránsito.

El Plan Nacional Digital, derivado de la ley que consagró internet como servicio público, tiene siete ejes de política pública. Garrido defendió su continuidad más allá de la alternancia política: "Las tecnologías no son de izquierda ni de derecha", afirmó, y recordó que las políticas de telecomunicaciones chilenas han mantenido una línea de largo plazo entre gobiernos de distinto signo. El plan fue diseñado bajo el mandato del presidente José Antonio Kast de transformar Chile en un hub digital.

Hay un límite que la evidencia no permite cerrar: el estudio no compromete la construcción del cable. Establece su factibilidad técnica, los principales desafíos y una hoja de ruta escalonada. CAF, según Garrido, ha dado señales de querer seguir apoyando las siguientes etapas, pero no hay un compromiso de financiamiento de obra ni un calendario de ejecución confirmado.

Qué sigue

La decisión pública inmediata es de gobernanza. Chile deberá convocar a otros países y definir quién lidera el proyecto, cómo se reparten los costos y bajo qué régimen legal se operan los datos que crucen el cable. También queda pendiente el diseño institucional para que Punta Arenas aloje capacidad de almacenamiento y procesamiento, y la discusión sobre permisología que el Gobierno quiere abordar con un eventual proyecto de ley para facilitar el despliegue de infraestructuras.

El antecedente relevante es la Fibra Óptica Austral, que conecta el extremo sur hasta Puerto Williams y que, según la subsecretaria, ya instaló en 2017 y 2018 la visión de llegar más lejos. El Cable Antártico es la extensión de esa lógica: si Chile logra articular la gobernanza antes que la obra, quedará en posición de definir las reglas de acceso a los datos de un territorio que concentra reservas de agua dulce y es clave para el estudio del clima. Si no lo logra, la infraestructura podría construirse igual, pero bajo reglas decididas en otra parte.