Ley exprés para pagar a 5.000 trabajadores del Grupo Vázquez

El Gobierno de Paraguay impulsa una ley exprés para asegurar el pago de liquidaciones salariales a más de 5.000 trabajadores de unas 41 firmas vinculadas al Grupo Vázquez, según anunció la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde. La urgencia no es retórica: esos funcionarios están sin ocupación y sin haber cobrado sus haberes, y el mecanismo que ya funcionó para los extrabajadores del banco del grupo no alcanza al resto.

La ministra explicó que el proyecto de ley busca dar una respuesta urgente a más de 5.000 funcionarios de unas 41 firmas del Grupo Vázquez que hoy están sin ocupación y sin haber percibido sus haberes. La distinción importa: los exempleados de la entidad bancaria ya están culminando el cobro mediante el mecanismo especial de la Ley 2334 del Fondo de Garantías, pero el resto de las empresas no tiene ese paraguas y necesita un instrumento legal propio.

El mecanismo: convertir la deuda laboral en crédito privilegiado

El diseño que describió Recalde se apoya en los artículos 247 y 248 del Código del Trabajo, que reconocen a las liquidaciones como créditos privilegiados. En términos simples, el Estado no regala el dinero: crea una vía legal para que esos créditos laborales cobren prioridad frente a otros acreedores y para verificar la liquidez de las empresas involucradas, de modo que los fondos estén disponibles al momento de pagar.

La nueva normativa permitirá verificar la liquidez de las empresas involucradas para asegurar que los fondos estén disponibles. Ese es el punto donde se juega la eficacia: una ley que declare privilegios sin activos detrás sería un papel. Quienes absorben el costo inmediato son los trabajadores, que llevan meses sin ingresos; el beneficio, si el mecanismo funciona, es recuperar una parte de lo adeudado. El margen del Gobierno es acotado: puede ordenar prioridades y acelerar trámites, pero no sustituye la capacidad de pago de las firmas.

En paralelo, por instrucción directa del presidente de la República ya se iniciaron gestiones ante el Instituto de Previsión Social para evitar la interrupción de los servicios de salud de los afectados. El objetivo es ampliar los periodos de carencia de la previsional, con énfasis en mujeres embarazadas próximas a dar a luz y pacientes con tratamientos médicos complejos. Para una familia que perdió el salario, perder además la cobertura médica sería un golpe doble; ahí el efecto cotidiano es comprobable y urgente.

El trámite legislativo también tiene reloj. La Comisión de Legislación prevé dictaminar la iniciativa el lunes a las 10:00 y pedir una sesión extraordinaria por la tarde para obtener media sanción y remitir el documento a Diputados. Las autoridades recordaron que la reciente Ley del Fondo de Garantía se aprobó en 48 horas, y que existe consenso entre Ejecutivo y Legislativo para repetir esa velocidad.

La lectura

El caso combina dos crisis que suelen tratarse por separado: la laboral y la financiera. El Grupo Vázquez no es solo un empleador en dificultades; es el centro de una investigación penal por presuntas irregularidades en Ueno Bank, con imputaciones que alcanzan al superintendente de Bancos del BCP y allanamientos en estancias del grupo. En ese contexto, la ley exprés funciona como un cortafuegos social: el Gobierno intenta que el conflicto judicial no se descargue entero sobre miles de familias que no son investigadas.

El precedente de la Ley 2334 muestra que el Congreso puede mover rápido cuando hay vulnerabilidad social visible; la pregunta es si la prioridad de cobro alcanza cuando los activos están bajo la lupa de la Fiscalía. Ese es el límite de la lectura: la evidencia no permite afirmar cuánto recuperará cada trabajador ni en qué plazo, porque no se detalló el monto total adeudado ni el patrimonio disponible de las 41 firmas.

Qué sigue

El lunes define el calendario: dictamen en la Comisión de Legislación, sesión extraordinaria por la tarde y, si hay acuerdo, media sanción rumbo a Diputados. En paralelo, el IPS debe formalizar la ampliación de carencias para embarazadas y pacientes con tratamientos complejos. La variable decisiva será la verificación de liquidez de las empresas: sin activos identificables, el privilegio legal queda en promesa.