Kast reingresa congelamiento de combustibles y choca con el calendario presupuestario

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast reingresó este jueves, a las 9:00 horas, a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca revertir las últimas alzas de los combustibles y evitar nuevos incrementos hasta el 3 de febrero de 2027. La iniciativa llega en medio del paro de camioneros, que mantiene bloqueos en distintas rutas del país, y de una agenda legislativa dominada por la discusión del Presupuesto 2027. El Ejecutivo pretende que la ley esté aprobada a más tardar el lunes.

El nuevo texto reemplaza una iniciativa presentada el martes y retirada al día siguiente, que inicialmente contemplaba limitar las alzas a $20 por litro. Tras las negociaciones con los transportistas, el Gobierno optó por ampliar las medidas e incorporar beneficios tributarios para el sector. El proyecto, de 19 páginas y cuatro artículos, deja sin efecto las alzas del 11 de noviembre y prohíbe variaciones positivas en los precios de las gasolinas y el diésel durante los ciclos de tres semanas hasta el 3 de febrero de 2027. Según el mensaje presidencial, la medida busca entregar estabilidad a los hogares y las actividades productivas frente a la incertidumbre de los mercados energéticos. Una vez finalizado el período excepcional, volverían a aplicarse las disposiciones generales del mecanismo de estabilización de precios.

El mecanismo económico opera sobre el precio final que paga el consumidor, no sobre el costo internacional del crudo. Al prohibir variaciones positivas durante los ciclos de tres semanas, el Estado asume el diferencial que de otro modo se habría traspasado a la bomba. El beneficio inmediato se reparte entre los hogares que cargan gasolina o diésel y las actividades productivas que usan combustible como insumo, mientras el costo fiscal queda diferido y dependerá de cuánto suba el precio internacional en ese período. El texto no detalla una fuente de financiamiento, lo que constituye un elemento que la evidencia disponible no permite cuantificar.

En paralelo, la iniciativa modifica el tratamiento de los montos negativos asociados a la recuperación del impuesto específico a los combustibles para empresas de transporte de carga. Esos valores podrán declararse mensualmente como débitos fiscales e imputarse a créditos generados en períodos posteriores. Además, se contempla un incremento transitorio de los porcentajes de recuperación del impuesto específico al diésel para los transportistas. En términos prácticos, el transporte de carga obtiene liquidez tributaria y un alivio directo en el diésel, concesiones que el Ejecutivo ofrece para facilitar el término de las movilizaciones.

La carrera legislativa

El principal obstáculo para su aprobación es el calendario del Congreso, concentrado en la tramitación del Presupuesto 2027, que debe despacharse antes del 29 de noviembre. La Cámara de Diputados mantiene sesiones prolongadas para concluir la primera etapa presupuestaria, mientras el Senado tiene previsto iniciar su discusión la próxima semana. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, comunicó a las presidencias de ambas cámaras la intención del Gobierno de contar con la ley de combustibles el lunes.

Para cumplir ese objetivo, la iniciativa debe ser revisada por las comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado, además de obtener la aprobación de ambas salas. El presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri (UDI), sostuvo una reunión con los comités parlamentarios para evaluar alternativas que permitan acelerar el trámite. No obstante, el jefe de bancada socialista, Raúl Leiva, no otorgó la unanimidad necesaria para autorizar sesiones de comisión durante el resto de la semana, manteniéndose la suspensión previamente acordada. Ante ese escenario, el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero (republicano), proyecta convocar a la instancia el lunes al mediodía para intentar despachar rápidamente el proyecto y permitir su votación posterior en la Sala.

Otra alternativa sería que Kast utilizara la facultad constitucional que permite solicitar la convocatoria extraordinaria de alguna de las ramas del Congreso, indicando los motivos de la citación. En el Senado, su presidenta, Paulina Núñez (RN), evalúa convocar tentativamente a la Sala el lunes a las 16:30 horas, mientras la Comisión de Hacienda, encabezada por Javier Macaya (UDI), podría revisar el texto en paralelo.

La tramitación coincidirá con otra iniciativa destinada a regular los contratos y pagos a pequeñas empresas de transporte de carga, que contempla plazos máximos de 30 días y compensaciones por tiempos de espera. El Ejecutivo enfrenta así una carrera legislativa para concretar las concesiones ofrecidas a los camioneros y facilitar el término de las movilizaciones, mientras el Congreso debe compatibilizar la urgencia de la medida con el ajustado calendario presupuestario.

La lectura

El margen del Gobierno es estrecho y de doble filo: congelar precios otorga alivio inmediato y visible, pero traslada el costo fiscal a un momento posterior y sin fuente identificada en la evidencia disponible. La negociación con los camioneros amplió el paquete tributario, lo que sugiere que el Ejecutivo priorizó descomprimir la movilización por sobre la contención del gasto. El bloqueo socialista en la Cámara muestra que la urgencia del lunes no está garantizada y que la oposición puede condicionar el ritmo legislativo, aunque no necesariamente el fondo del proyecto. La coincidencia con el Presupuesto 2027 agrega una restricción de agenda que podría obligar a Kast a usar facultades constitucionales para forzar la convocatoria.

Qué sigue

El lunes 16 de noviembre es la fecha clave: la Comisión de Hacienda de la Cámara intentará despachar el texto al mediodía y el Senado evalúa convocar a Sala a las 16:30 horas. Si la oposición mantiene la negativa a sesionar durante la semana, el trámite podría requerir una convocatoria extraordinaria. El resultado definirá si las alzas del 11 de noviembre se revierten y si el congelamiento rige hasta febrero de 2027, además de si las concesiones tributarias al transporte de carga quedan consolidadas en la ley.