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Repartidores bloquean CDMX contra placas y licencias de carga
El colectivo Ni Un Repartidor Menos califica la regulación de la Semovi como recaudatoria y anuncia cierres viales de 20 a 30 minutos el 13 de noviembre, en pleno Buen Fin.
Repartidores de aplicación bloquearán vialidades clave en CDMX el 13 de noviembre contra la regulación de placas y licencias de carga de la Semovi, que consideran recaudatoria. Saúl Gómez, fundador de Ni Un Repartidor Menos, dijo que los cierres durarán 20-30 minutos y buscan también exigir seguridad para motociclistas. La protesta ocurre durante el Buen Fin y tras la suspensión de una prueba pilo
Los repartidores de aplicación anunciaron bloqueos viales en la Ciudad de México para el viernes 13 de noviembre, en rechazo a la regulación de placas y licencias de carga impuesta por la Secretaría de Movilidad (Semovi). Saúl Gómez, fundador del colectivo Ni Un Repartidor Menos, calificó la medida como "recaudatoria" y advirtió que no beneficiará en ningún aspecto a los trabajadores del sector. La protesta busca visibilizar el malestar de un gremio que, según el contexto de la reforma de plataformas digitales, agrupa a 658 mil trabajadores en el país.
Los cierres viales, de entre 20 y 30 minutos, afectarán cruces clave como Paseo de la Reforma, Insurgentes y accesos a la CDMX, en pleno inicio del Buen Fin. Gómez aclaró que las movilizaciones no buscan un caos prolongado, sino generar presión política en un fin de semana de alta actividad comercial. La elección de fechas no es casual: el Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre, concentra un volumen inusual de entregas y, por tanto, de ingresos para los repartidores. Al bloquear accesos, el colectivo busca que el costo de la regulación se haga visible para la ciudadanía y para las autoridades.
La Semovi suspendió una prueba piloto, pero Gómez aseguró que la regulación sigue vigente; la reunión del 9 de noviembre con el secretario Héctor Luis García Nieto derivó en mesas de trabajo, no en la cancelación de la norma. El mecanismo económico es claro: la regulación de placas y licencias de carga implica un costo adicional para los repartidores, quienes deben tramitar permisos y adecuar sus motocicletas. Ese costo lo absorben directamente los trabajadores, en un sector que, según Gómez, ya enfrenta dificultades económicas. La Semovi, por su parte, obtiene ingresos por derechos vehiculares y licencias, pero el colectivo sostiene que la medida "raya en lo ridículo" porque no mejora las condiciones laborales ni la seguridad.
El gobierno capitalino tiene un margen limitado: puede suspender pruebas piloto y abrir mesas de diálogo, pero no ha cancelado la regulación, lo que mantiene el conflicto latente. La reunión del 9 de noviembre entre García Nieto y representantes del sector resultó en la suspensión de la prueba piloto y la programación de mesas de trabajo para revisar los planteamientos. Sin embargo, Gómez insistió en que la suspensión no equivale a la cancelación de la norma. Esa distancia entre gesto político y decisión administrativa es la que alimenta la protesta.
Los bloqueos también exigen mayores condiciones de seguridad para los motociclistas, luego de que un repartidor fuera amenazado con un arma de fuego en la Colonia del Valle. El episodio, mencionado por Gómez, refuerza el argumento de que la regulación no atiende el problema de fondo: la inseguridad que enfrentan quienes reparten. Para el colectivo, la prioridad debería ser proteger a los trabajadores, no gravarlos.
El contexto político añade otra capa: legisladores del Congreso de la Ciudad de México han presentado iniciativas que, según Gómez, anulan los beneficios de la reforma de plataformas digitales aprobada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca garantizar acceso a todos los derechos laborales para los 658 mil trabajadores de aplicaciones. Esa reforma, que aún debe aterrizar en el ámbito local, enfrenta resistencias que el colectivo considera contrarias a los intereses del sector.
La lectura
El conflicto revela una tensión distributiva: la regulación de placas y licencias de carga transfiere recursos de los repartidores hacia las arcas de la Semovi, sin que haya evidencia de una contraprestación en seguridad o condiciones laborales. Los repartidores absorben el costo directo (trámites, adecuaciones, posibles multas) y, al bloquear vialidades, buscan trasladar parte de ese costo a la ciudadanía y al gobierno en forma de presión política. El margen del gobierno es estrecho: necesita ordenar el servicio de carga menor, pero enfrenta a un sector organizado y con capacidad de disrupción en fechas comerciales clave. La suspensión de la prueba piloto sugiere que la administración prefiere negociar antes que imponer, pero la norma sigue en pie.
Qué sigue
Las mesas de trabajo entre la Semovi y el colectivo definirán si la regulación se modifica o se aplica tal cual. El éxito de los bloqueos del 13 de noviembre medirá la capacidad de convocatoria de Ni Un Repartidor Menos y su influencia en el Congreso local, donde se discuten iniciativas que podrían desactivar la reforma de plataformas. Mientras tanto, los repartidores enfrentan un escenario de costos crecientes y riesgos de seguridad que la regulación no aborda. La evidencia disponible no permite anticipar si la protesta derivará en una mesa de negociación vinculante o en un nuevo episodio de conflicto.