ECONOMÍA · HIGH
STPS cierra solo 4 de 52 casos del mecanismo laboral del T-MEC
La autoridad laboral reporta cuatro planes de reparación concluidos por despidos e injerencia patronal, mientras el resto de los expedientes avanza en etapas distintas y sin informe público de cierre.
La STPS informó que de 52 expedientes abiertos bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, solo cuatro concluyeron con plan de reparación: Akwel Juárez, Transportista Kamu, Alimentos Grole y Corporación de Occidente. Las medidas incluyen cartas de neutralidad, capacitación y liquidaciones. El resto sigue en investigación, revisión o cierre bilateral sin informe público.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó el 12 de noviembre de 2026 que, de 52 expedientes registrados en el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC, solo cuatro concluyeron con un plan de reparación. La cifra importa porque el MLRR es la principal herramienta con la que México demuestra a Estados Unidos y Canadá que cumple sus compromisos laborales, y porque cada expediente abierto es una empresa exportadora bajo escrutinio.
Los cuatro casos cerrados —Akwel Juárez en Chihuahua, Transportista Kamu en Baja California, Alimentos Grole en Sonora y Corporación de Occidente en Jalisco— comparten señalamientos de injerencia patronal en la vida sindical y despidos ligados a actividades gremiales. En tres de ellos la autoridad encontró indicios de que al menos dos personas por empresa fueron separadas por esos motivos. Las medidas de reparación incluyeron cartas de neutralidad, capacitación a mandos medios, buzones anónimos de denuncia y pago de liquidaciones o salarios caídos.
El mecanismo económico es claro: el T-MEC condiciona el acceso preferencial al mercado estadounidense a que las plantas respeten derechos laborales. Cuando un sindicato o un trabajador presenta una queja, la STPS investiga y, si acredita vulneraciones, negocia un plan de reparación con la empresa. El costo lo absorben las compañías —en liquidaciones, recontrataciones y cambios operativos— y, en última instancia, los trabajadores que esperan meses o años una resolución. El beneficio público es la preservación del acceso comercial, pero ese beneficio se distribuye de forma desigual: las empresas con casos cerrados ya despejaron su riesgo; las 48 restantes siguen expuestas.
La lectura
El registro muestra un patrón: la mayoría de los expedientes no termina con un plan de reparación público, sino con investigaciones internas, revisiones solicitadas por Estados Unidos o cierres bilaterales sin informe previo. De las 40 publicaciones del archivo institucional, 12 reportan conclusión de investigaciones internas, 11 admiten solicitudes de revisión estadounidenses —Volkswagen, Pirelli, Impro México y la mina Camino Rojo— y 10 corresponden a cierres acordados entre ambos gobiernos. En Fujikura Automotive, Servicios Industriales González y Volkswagen el mecanismo concluyó formalmente por acuerdo bilateral, sin informe público de plan de reparación.
Eso tiene una consecuencia política concreta: el gobierno mexicano conserva margen para negociar caso por caso, pero ese margen se vuelve opaco cuando el cierre no pasa por un plan de reparación verificable. La STPS puede argumentar que cada expediente sigue su propia etapa procesal, y es cierto. También es cierto que la opacidad dificulta que los trabajadores sepan si las medidas que los benefician se cumplieron.
El efecto cotidiano comprobable está en las plantas. En Transportista Kamu, la autoridad documentó transferencia de personal desde otra razón social sin notificación previa, contratos colectivos con condiciones mínimas y falta de revisiones salariales entre 2022 y 2025. En Alimentos Grole se aplicaron vacaciones obligatorias a cinco integrantes del comité sindical. En Akwel Juárez, mandos de confianza comunicaron a los trabajadores que una huelga era inexistente. Son prácticas que afectan salario, representación y estabilidad, no solo expedientes administrativos.
Corporación de Occidente ilustra el otro extremo: la investigación inicial no encontró pruebas de que los despidos fueran por razones sindicales, pero la empresa aceptó recontratar a siete personas y reinstalar o indemnizar a cinco. El plan de reparación puede existir sin que la autoridad acredite la falta. Ese margen de negociación es parte del diseño del mecanismo.
Qué sigue
Queda pendiente saber cuántos de los 48 expedientes restantes cerrarán con plan de reparación verificable y cuántos por acuerdo bilateral sin informe público. También falta conocer si la STPS publicará el estado de cumplimiento de los cuatro planes ya concluidos. La revisión del T-MEC en 2027 convierte ese registro en un insumo político: Estados Unidos y Canadá evaluarán con esos números si México cumple. La evidencia disponible no permite afirmar que los cuatro casos cerrados sean representativos del universo total; para sostenerlo haría falta el detalle de etapas de los 48 expedientes restantes.