BCP calcula 600 millones en activos sanos de Ueno para fondos pensionales

El Banco Central de Paraguay (BCP) estima en unos 600 millones de dólares los activos sanos de Ueno Bank, la entidad intervenida desde el 3 de noviembre por problemas de solvencia. Su presidente, Jorge Schreiner, sostuvo que esa masa podría cubrir los recursos pensionales que permanecen congelados dentro del banco. «Hay activos suficientemente sanos», declaró a la radio Monumental, y admitió que la información disponible le «tranquilizó enormemente».

La frase importa porque traduce una crisis bancaria en una pregunta muy concreta: quién paga el costo de una entidad que quebró y cuánto recuperan los que tenían dinero allí. Entre los afectados hay 2,94 millones de clientes, de los cuales 1,8 millones tenían cuentas activas, y cinco cajas pensionales. La más grande es el estatal Instituto de Previsión Social (IPS), que había invertido unos 516 millones de dólares.

El mecanismo: activos sanos contra pasivos previsionales

Schreiner indicó que la suma de los activos sanos transferibles a otros bancos ya supera el monto de los entes previsionales. Esa es la pieza central del rompecabezas. Si los activos de calidad se venden o se transfieren mediante licitación, el dinero obtenido se destina a reponer los fondos de las previsionales. No se trata de un rescate con dinero fresco del Estado, sino de convertir activos del propio banco intervenido en liquidez para pagar a los acreedores institucionales.

El BCP y auditores externos trabajan en un «balance de exclusión», que cuantifica activos y pasivos. Schreiner previó tener «un panorama mucho más claro» en unos diez días. Hasta entonces, los 600 millones son una estimación, no una cifra auditada. La diferencia entre estimación y balance final es donde vive el riesgo para los aportantes.

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) disponía de unos 1.600 millones de dólares y ya se usaron unos 700 millones en anticipos a clientes de Ueno. Ese dato muestra que el costo inmediato no recae solo en los grandes inversionistas: el fondo estatal, alimentado por el sistema financiero, está adelantando devoluciones. Hasta este miércoles, el 100 % de los clientes amparados recibió un anticipo de hasta 40 salarios mínimos, unos 19.600 dólares. El plazo para completar el máximo de 75 salarios mínimos, unos 36.790 dólares por persona física o jurídica, vence el próximo lunes.

La lectura

El margen del gobierno depende de que los activos sanos se vendan bien y rápido; si la subasta se demora o los precios caen, el FGD absorbe la diferencia. El fondo ya comprometió casi la mitad de su capacidad. Eso reduce el colchón disponible para futuras crisis y traslada presión al sistema financiero, que lo financia.

Para los jubilados y aportantes del IPS, el efecto cotidiano es una espera. Sus recursos están congelados, no perdidos, pero la recuperación depende de un proceso administrativo y de licitaciones que aún no tienen calendario público. Para los clientes pequeños, el anticipo ya llegó hasta cierto monto; el resto queda sujeto al mismo balance.

El escándalo tuvo además una consecuencia política inmediata: el presidente Santiago Peña fue destituido el 6 de noviembre por el Senado, tres días después de conocerse la intervención, y detenido horas después. La crisis de Ueno dejó de ser un asunto bancario para convertirse en una ruptura institucional.

La declaración de Schreiner busca enviar una señal de contención, pero no sustituye la auditoría que dirá cuánto valen realmente esos activos. El propio funcionario habló de tranquilidad personal, no de una conclusión técnica cerrada.

Qué sigue

El BCP tiene plazo hasta el lunes para completar el pago del máximo cubierto por el FGD. En unos diez días se conocería el balance de exclusión. Después vendrían las licitaciones para transferir los activos sanos a otros bancos. La pregunta que queda abierta es cuánto de esos 600 millones se convierte en dinero efectivo para las previsionales y en qué plazo. Sin el balance auditado, la cifra es una promesa razonable, no una garantía.