ECONOMÍA · HIGH
Estado pide intervenir en causas penales de Ueno para resguardar US$ 855 millones
La Procuraduría busca personarse como víctima en los procesos por el colapso del banco, donde quedaron atrapados fondos del IPS, Itaipú, ANDE, la Caja Fiscal y otras entidades públicas.
El procurador Samuel Rojas anunció que el Estado pedirá intervenir como víctima en las causas penales del caso Ueno Bank para monitorear las actuaciones y ejecutar una demanda de daños y perjuicios. En juego hay unos US$ 855 millones de fondos públicos, del IPS e Itaipú. La medida no reemplaza las denuncias ya presentadas por cada institución y la recuperación depende de los activos disponibles.
El procurador general de la República, Samuel Rojas, anunció que la institución presentará un pedido de intervención en las causas penales vinculadas al caso Ueno Bank, con el objetivo de seguir de cerca las actuaciones y precautelar los intereses patrimoniales del Estado. La cifra que ordena la decisión es contundente: al cierre de setiembre, entre fondos públicos, del Instituto de Previsión Social (IPS) e Itaipú depositados en la entidad, se estiman unos US$ 855 millones.
La presentación se hará en calidad de víctima, según explicó Rojas en rueda de prensa en el Palacio de López. El Estado busca personarse como víctima en los procesos penales para monitorear las actuaciones y ejecutar luego una demanda de daños y perjuicios contra los responsables. El procurador aclaró que la participación no interferirá con el trabajo de los fiscales del Ministerio Público, a quienes describió como realizando un trabajo exhaustivo, y que la intención es cooperar y trabajar coordinadamente con ellos.
"El objetivo sobre todas las cosas es precautelar los intereses patrimoniales de la República y velar porque los responsables de la comisión de los hechos punibles asuman las consecuencias mediante la ejecución de la demanda de daños y perjuicios", expresó Rojas. Añadió que la participación de la Procuraduría busca agregar contundencia a la persecución de los hechos punibles y dar "un mensaje serio y fuerte a la ciudadanía".
El mapa de los fondos atrapados
El dinero comprometido no pertenece a un solo organismo. El IPS formalizó una denuncia penal por más de US$ 516 millones comprometidos de la previsional, el mayor bloque individual dentro del caso. El Banco Central del Paraguay presentó una denuncia con más de 2.200 páginas de elementos probatorios tras iniciar el proceso de resolución de la entidad. Itaipú Binacional denunció por fondos depositados que incluían G. 115.200 millones y US$ 163,8 millones.
La ANDE tiene atrapados US$ 21.030.796 y G. 115.887 millones de préstamos otorgados, además de G. 37.285 millones de fondos propios. El SENAVE busca recuperar G. 40.000 millones en fondos de reserva públicos. La Caja de Jubilaciones de Itaipú (Cajubi) mantiene unos G. 100.692 millones en Ueno, el 2,8% de sus activos. Conatel retiró G. 70.000 millones de otros bancos y los trasladó a Ueno en octubre, semanas antes de la caída de la entidad.
El ministro de Economía, Óscar Lovera, confirmó que la colocación de G. 250.000 millones (US$ 38,71 millones) de excedentes de la Caja Fiscal en Ueno Bank se basó en los datos que las calificadoras certificaron. Ese dato importa porque desplaza la discusión desde la órbita exclusivamente penal hacia la pregunta por los controles internos de colocación de recursos públicos.
La lectura
El mecanismo económico es directo: cuando un banco quiebra, los depositantes compiten por los activos disponibles en un orden que no controlan. La intervención del Estado como víctima no crea dinero nuevo ni garantiza la devolución: busca asegurar que, si hay condena, exista un título ejecutable para reclamar daños y perjuicios. Sin esa personería, el Estado podría quedar como espectador de un proceso penal cuyo resultado no se traduce automáticamente en recuperación patrimonial.
Quienes absorben el costo son, en primera instancia, los fondos de jubilaciones y previsionales —es decir, los aportantes y jubilados del IPS y de Cajubi— y las empresas públicas cuyos excedentes financian operaciones. La devolución, según los datos disponibles, dependerá de la disponibilidad de activos y sin plazo definido. El margen del gobierno es acotado: puede coordinar la estrategia jurídica y ordenar la personería, pero no puede fijar el valor de recuperación ni el calendario. La verificación cotidiana será si los haberes previsionales y los servicios de las entidades afectadas siguen operando con normalidad, como sostuvo el SENAVE respecto de sus funcionarios.
Qué sigue
La Procuraduría deberá formalizar el pedido de intervención y coordinarlo con el Ministerio Público, que lleva las causas penales. En paralelo, cada institución mantiene sus propias denuncias y reclamos. La pregunta abierta es cuánto de los US$ 855 millones podrá recuperarse efectivamente y en qué plazo, un dato que la evidencia disponible no permite responder porque depende de la masa de activos de la entidad intervenida. También queda por verse si la personería del Estado como víctima se traduce en una demanda civil de daños y perjuicios con efectos patrimoniales concretos o si se limita a la vigilancia procesal.