ECONOMÍA · HIGH
Fitch degrada la perspectiva de Paraguay por el colapso de Ueno Bank
La calificadora retiró la observación positiva y advirtió riesgos fiscales, políticos y de crecimiento. El Ministerio de Economía sostiene que la calificación BB+ sigue vigente y que no hay contagio.
Fitch Ratings cambió la perspectiva de Paraguay de positiva a negativa tras el colapso de Ueno Bank, que representaba una cuarta parte del crédito. El Ministerio de Economía defiende la solidez del sistema y la calificación BB+, pero la calificadora advierte un costo fiscal de hasta 900 millones de dólares, mayores déficits y riesgos para el crecimiento. La eventual rebaja queda en suspenso.
Fitch Ratings retiró la perspectiva positiva que había asignado a Paraguay y la cambió por observación negativa tras el colapso de Ueno Bank. La decisión no altera todavía la calificación BB+, pero modifica la señal que el país envía a los mercados: de una trayectoria de mejora a una de vigilancia. El Ministerio de Economía salió a responder que el sistema financiero sigue sólido y que la calificadora reconoce las fortalezas en crecimiento, reservas internacionales e inflación controlada.
El cambio de perspectiva no es una rebaja, pero encarece y condiciona el financiamiento del Estado en un momento de déficits proyectados. La calificación BB+ se mantiene, según el ministro Óscar Lovera, y el propio informe de Fitch señala que no observa efectos de contagio en otros bancos y financieras. Esa coincidencia entre calificadora y Gobierno es el principal argumento oficial para pedir calma. Sin embargo, la perspectiva negativa funciona como una advertencia: si la situación no se contiene, la rebaja puede llegar.
El mecanismo del costo
El informe de Fitch identifica varios frentes. El primero es fiscal. Hay dinero público y privado en el banco, y el Gobierno podría enfrentar presiones para compensar a los afectados no asegurados. La cobertura del sector público se estima en unos 900 millones de dólares, equivalentes al 1,5% del PIB, y podría ser mayor si se decide cubrir también los depósitos privados sin seguro. Ese desembolso ocurre en un contexto de déficits proyectados de 3,2% del PIB para 2026 y 3,9% para 2027, agravados por la resolución de atrasos con proveedores y presiones de gasto.
El segundo frente es el acceso al crédito. Ueno representaba una cuarta parte del crecimiento del crédito, y su quiebra podría limitar el acceso de las empresas a sus depósitos, debilitar la confianza de los inversores y desacelerar la actividad. El choque podría además encarecer o dificultar el acceso del Gobierno a los mercados globales a principios de 2027. El tercer frente es político: la destitución de Santiago Peña por sus vínculos con la entidad introdujo incertidumbre sobre la continuidad de las políticas y la estabilidad institucional.
Fitch también recuerda que antes del colapso ya existían atrasos con proveedores, una relajación de los objetivos fiscales y retrocesos en grandes proyectos de inversión. Esos factores ya habían mermado el potencial de mejora de la calificación. El colapso de Ueno no creó la fragilidad fiscal, pero la hizo visible y la aceleró.
La lectura
El margen del Gobierno es estrecho. Puede sostener que la calificación no cambió y que no hay contagio, pero no controla la variable que Fitch vigila: el costo final de la resolución y su efecto sobre las cuentas públicas. Quienes absorben el costo inmediato son los ahorristas no asegurados y, en última instancia, los contribuyentes si el Estado decide compensar. El Fondo de Garantía ya desembolsó casi G. 4 billones y alcanzó al 98,5% de los ahorristas, según la evidencia disponible, lo que acota el universo de afectados pero no elimina la presión sobre el sector público.
En la vida cotidiana, el efecto comprobable es el crédito: si los bancos endurecen condiciones y el Estado paga más por financiarse, el costo se traslada a empresas y hogares. La exoneración de intereses a clientes de Ueno que adeudan préstamos y la suspensión de cortes de luz dispuesta por la ANDE son respuestas inmediatas, pero no resuelven el problema de fondo.
Qué sigue
La eventual modificación de la calificación queda en suspenso y dependerá de la contención efectiva de la situación, es decir, de que no tenga efectos financieros ni económicos en el corto ni en el mediano plazo. El Gobierno deberá demostrar que el costo fiscal está acotado y que el resto del sistema resiste. La investigación penal avanza en paralelo: la imputación al superintendente de Bancos por lesión de confianza y el allanamiento a una estancia del Grupo Vázquez añaden presión institucional. Si el costo fiscal se desborda o la crisis política se profundiza, la perspectiva negativa puede convertirse en rebaja.