Exfiscal de Chihuahua huye a EU bajo protección tras facilitar operaciones de la CIA

El exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Zuany Portillo, huyó de México y actualmente se encontraría bajo protección del Gobierno de Estados Unidos, pese a que enfrenta una orden de aprehensión por facilitar la operación encubierta de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en la entidad, según funcionarios estadounidenses y mexicanos citados por The New York Times. La revelación coloca en el centro del debate público un dilema que México había logrado mantener en un plano técnico: hasta dónde puede cooperar con Washington en materia de seguridad sin ceder soberanía operativa, y qué ocurre cuando esa cooperación se teje por vías informales.

Zuany fue el principal enlace de la agencia estadounidense en Chihuahua durante más de seis meses, a partir del otoño de 2025. Durante ese periodo, agentes de la CIA entrenaron a policías estatales, participaron en algunas misiones contra el crimen organizado y aportaron sus conocimientos en operaciones terrestres, de acuerdo con el diario. La colaboración habría tenido un intercambio: el exfuncionario facilitó el acceso y la coordinación de los agentes estadounidenses con las fuerzas locales, mientras que el Gobierno de Estados Unidos le restituyó la visa que le había cancelado meses antes.

La revocación del documento ocurrió después de que autoridades mexicanas enviaran al FBI señalamientos sobre los presuntos vínculos de Zuany con grupos criminales en Chihuahua. Esa secuencia —señalamientos enviados a Washington, cancelación de visa, restitución posterior y colaboración con la CIA— es el núcleo de la investigación periodística, sustentada en cientos de páginas de documentos confidenciales y entrevistas con alrededor de 20 funcionarios de México y Estados Unidos. El diario señala que la agencia recurrió a Zuany pese a las advertencias sobre sus antecedentes.

El exfiscal también enfrentaba denuncias penales en las que se le señalaba por su presunta complicidad en el asesinato de dos policías en 2022 y por obstaculizar las investigaciones de esos crímenes. Esos señalamientos no equivalen a una sentencia, pero explican por qué el caso dejó de ser un asunto de coordinación bilateral para convertirse en una crisis política.

La presencia de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad en Chihuahua salió a la luz en abril de 2026, luego de un accidente automovilístico en el que murieron dos agentes de la CIA. La revelación desató una crisis por la participación de personal extranjero en tareas operativas sin autorización del Gobierno federal y derivó en la renuncia del entonces fiscal general del estado, César Jáuregui, y posteriormente de Zuany, quien dejó el cargo el 13 de mayo.

El caso también provocó un diferendo entre los gobiernos federal y estatal. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo a las incursiones de la CIA y negó haber tenido conocimiento de sus actividades. México ha sostenido que no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones terrestres, al considerar que vulnera la soberanía nacional. En su conferencia matutina del miércoles, Sheinbaum afirmó que las investigaciones deben continuar y pidió esclarecer el papel del exfiscal en la colaboración con la agencia estadounidense. "Vale la pena averiguar quién es esta persona y cómo trabajó con una de las agencias estadounidenses", declaró la mandataria respecto a Zuany Portillo.

La lectura

La protección estadounidense a un exfuncionario mexicano buscado por la justicia de su país abre un frente diplomático que trasciende Chihuahua. No se trata solo de un operativo encubierto mal documentado: el episodio sugiere que la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos puede operar por canales paralelos, con agentes extranjeros integrados a fuerzas locales sin autorización federal y con funcionarios señalados por vínculos criminales habilitados como contrapartes. Para México, el costo es doble: la erosión del principio de soberanía que el Gobierno federal invoca y la percepción de que Washington puede resguardar a quien México quiere procesar.

La lectura más prudente exige distinguir hechos de posiciones. Está confirmado que Zuany dejó el cargo, que enfrenta una orden de aprehensión y que, según funcionarios citados, está bajo protección estadounidense. Lo que falta por esclarecer es el alcance formal de esa protección —si es un programa de testigos, una figura migratoria o una decisión discrecional— y si existió autorización de algún nivel del Gobierno mexicano para las operaciones de la CIA en Chihuahua. Sin esos elementos, cualquier conclusión sobre una cadena de mando binacional sería especulativa.

Qué sigue

El Gobierno federal enfrenta la disyuntiva de insistir por la vía diplomática en la extradición o el retorno de Zuany, o de concentrar la investigación en las responsabilidades locales y en la cadena de autorizaciones que permitió la operación de la CIA. La presidenta Sheinbaum ya fijó posición pública al pedir que se esclarezca el papel del exfiscal, lo que presiona a la Fiscalía General de la República a informar avances. Del lado estadounidense, la pregunta es si confirmará o negará la protección y bajo qué figura legal. Para Chihuahua, el caso deja una fiscalía reestructurada a la fuerza y una confianza institucional dañada. El desenlace dependerá de si ambos gobiernos optan por la transparencia o por administrar el diferendo en silencio.