Paraguay detiene al superintendente de Bancos por el caso ueno bank

La detención del superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán, convierte una investigación financiera en una crisis institucional. La Fiscalía lo imputó este jueves por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor, en la causa que investiga presuntas irregularidades en las operaciones de ueno bank y en el ejercicio de sus funciones de supervisión. La imputación fue presentada por un equipo de seis fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, y la detención se ejecutó durante un allanamiento en su vivienda.

El caso no se limita a un funcionario: toca el núcleo de la confianza en el sistema financiero paraguayo. El superintendente imputado es la autoridad llamada a vigilar que los bancos no excedan los límites de crédito, y la acusación sostiene que esa vigilancia falló justo cuando el banco supervisado mostraba señales de alerta.

La lectura

Según el acta de imputación, Insfrán habría tomado conocimiento formal el 29 de abril de 2026 de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a ueno bank, entre ellas Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. Las obligaciones conjuntas de esas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9% del patrimonio efectivo de la entidad, por encima del límite regulatorio del 20%.

La hipótesis fiscal no es que el superintendente otorgara los créditos, sino que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido, no habría exigido el plan de regularización previsto en la legislación bancaria. Esa omisión es la que sostiene la imputación por lesión de confianza.

El expediente también cuestiona cómo se habría declarado regularizada la situación. El 16 de junio de 2026 se habría considerado superado el problema tras una operación de venta de cartera crediticia a Vinanzas S. A. por aproximadamente USD 74,4 millones. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esa operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas. Si esa hipótesis se confirma, la regularización habría sido contable antes que real.

Otro elemento apunta al manejo interno de las alertas. Un informe técnico remitido el 10 de julio de 2026 por un ex gerente de Supervisión advertía sobre posibles irregularidades en la transferencia de cartera. Según la imputación, el documento habría llegado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio y no habría sido elevado formalmente al Directorio. La Fiscalía atribuye a Insfrán no haber impulsado medidas correctivas ni haber comunicado oportunamente al Directorio la necesidad de actuar mientras el banco seguía operando.

Durante el allanamiento se incautaron documentos vinculados a sus funciones, computadoras, un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos; también se inspeccionaron dos vehículos, en uno de los cuales se hallaron documentos y una computadora de trabajo. La calificación jurídica es provisoria y las diligencias continúan conforme al Código Procesal Penal, con pleno respeto al principio de presunción de inocencia.

El alcance regional es relevante. Paraguay es una economía pequeña y abierta, y su estabilidad bancaria depende en buena medida de la credibilidad del supervisor. Una imputación contra el superintendente de Bancos envía una señal de que la rendición de cuentas alcanza al regulador, pero también abre preguntas sobre la solidez de la vigilancia financiera en un momento de escrutinio sobre operaciones con partes relacionadas. Para lectores en México y América Latina, el caso ilustra un patrón conocido: cuando los límites de crédito a empresas vinculadas se relajan o se regularizan con operaciones intragrupo, el riesgo se traslada del balance del banco a los depositantes y al erario.

Qué sigue

La investigación continúa con el análisis de los dispositivos y documentos incautados. Falta conocer si la Fiscalía solicitará medidas cautelares mayores, si el BCP abre un proceso administrativo paralelo y si el Directorio de la institución se pronuncia sobre el manejo interno de las alertas. También queda por determinar la situación del entonces presidente del BCP, mencionado en el expediente por la demora en recibir el informe técnico, y el destino de la operación con Vinanzas S. A. La evidencia disponible no permite aún establecer responsabilidades definitivas ni el impacto final sobre ueno bank; lo que sí está claro es que la crisis dejó de ser un asunto de supervisión para convertirse en un caso penal con efectos institucionales.