Baja California refuerza agua y logística ante El Niño

El gobierno de Baja California puso en marcha un operativo preventivo ante la proximidad del fenómeno El Niño, con tres frentes que hasta ahora operaban por separado: la capacidad técnica de los organismos de agua, la reserva de insumos para emergencias y el saneamiento de tiraderos clandestinos. La instrucción vino de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la ejecutó el coordinador de Gabinete, Ariel Alejandro Lizárraga Montero. El movimiento importa porque desplaza la lógica de reacción hacia la anticipación, en un estado donde la infraestructura hídrica y el drenaje urbano son el punto débil frente a lluvias intensas.

El primer eje se concentró en el inventario de maquinaria, equipamiento y vehículos de los organismos operadores del agua, evaluado junto al titular de la SEPROA, Víctor Daniel Amador Barragán. De esa mesa salió un plan para sostener el suministro ante fallas de energía y priorizar el mantenimiento en sistemas de bombeo. También se detallaron obras de protección: gaviones, estabilizadores de taludes y muros de contención en el acueducto, protección de silletas estructurales, equipamiento del Booster del Carrizo y blindaje de plantas de bombeo para evitar cortes en la Zona Costa.

En la segunda mesa, el Estado activó un padrón logístico de prevención para asegurar un banco de proveeduría de acceso directo a productos que suelen agotarse durante lluvias intensas: kits de saneamiento, herramientas de limpieza profunda, unidades de higiene, baños y regaderas portátiles, catres, cobijas y casas de campaña. La lógica administrativa es que la instalación de refugios temporales no dependa de compras de último minuto, y que las brigadas concentren su esfuerzo en atención y rescate ciudadano.

El tercer frente instaló una mesa especializada en tiraderos clandestinos y manejo de basura urbana con un objetivo estrictamente preventivo: evitar el taponamiento de pluviales y redes de drenaje ante posibles escurrimientos. La prioridad operativa señalada es el saneamiento de zonas estratégicas como el cauce del Río Nuevo, para proteger a las colonias aledañas de inundaciones.

Este último punto es el que concentra la mayor tensión de recursos y territorio. El cauce del Río Nuevo atraviesa la zona urbana de Mexicali, donde los asentamientos conviven con un drenaje que depende de que basura y escombros no lo obstruyan; cuando el agua sube, el costo recae primero sobre esas colonias. La mesa reúne a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Procuraduría de Protección al Ambiente, la Fiscalía de Delitos Ambientales y el Ayuntamiento de Mexicali, lo que sugiere que el saneamiento no se plantea solo como limpieza, sino como un asunto de coordinación entre autoridades que suelen tener incentivos distintos: el municipio opera la recolección, el estado regula y la fiscalía persigue delitos ambientales.

«La directiva es anticipar las necesidades en territorio. Estamos alineando herramientas y capacidades técnicas para que el Estado cuente con los elementos necesarios y reaccione de manera inmediata a favor de la población», destacó Lizárraga Montero.

La lectura

La responsabilidad institucional está repartida y eso es también su riesgo. Los organismos operadores —CESPT, CESPTE y CESPE, con CESPM en la parte técnica— responden por el suministro, pero dependen de la energía eléctrica y del mantenimiento que se financie. El padrón logístico funciona si la proveeduría se sostiene en el tiempo y no solo durante la emergencia. El saneamiento de tiraderos exige vigilancia permanente porque la basura vuelve a acumularse; sin control, la mesa se convierte en una limpieza cíclica.

La evidencia disponible permite afirmar que hay coordinación y planeación documentada en estas tres mesas. Lo que no permite verificar es el monto de recursos asignados, el calendario de las obras de protección ni cuántos tiraderos clandestinos se han saneado. Esos datos son necesarios para medir si la anticipación declarada se traduce en capacidad operativa real. La comparación con administraciones anteriores tampoco puede sostenerse sin un inventario previo público.

Qué sigue

El siguiente punto de decisión es el despliegue físico: si las obras en el acueducto y las plantas de bombeo se ejecutan antes de los picos de lluvia, y si el saneamiento del Río Nuevo se sostiene con inspección y sanción. La prueba pública será si las colonias aledañas al cauce reportan inundaciones en la próxima contingencia, y si el padrón logístico permite abrir refugios sin retrasos. El gobierno estatal tendrá que informar avances verificables: obras concluidas, insumos en resguardo y tiraderos intervenidos.