Tijuana evalúa 243 millones para frenar deslizamientos en Sánchez Taboada

El gobierno municipal de Tijuana enfrenta una decisión de fondo sobre la delegación Sánchez Taboada: una propuesta de ingeniería geotécnica calcula en casi 243 millones de pesos la estabilización definitiva de los deslizamientos activos en el sector de la calle Erídano y la avenida Sánchez Taboada. El documento, revisado por este medio, plantea una intervención de contención profunda, control de filtraciones y reconstrucción de vialidades y servicios. El presupuesto asciende a 242 millones 919 mil 123.20 pesos, con alrededor de 190.9 millones para contención y 52.1 millones para urbanización.

La cifra no es un dato administrativo menor. Traduce en dinero público un problema que lleva más de una década en la delegación y que ya dejó viviendas con pérdida total, familias desalojadas y cientos de inmuebles marcados con engomados de riesgo. La propuesta técnica existe, pero no hay una decisión municipal para ejecutar las obras, y el ayuntamiento ha argumentado falta de recursos.

El origen del deslizamiento

El diagnóstico atribuye un papel central a la saturación del subsuelo por fugas en las redes de agua potable y drenaje, escurrimientos pluviales sin control, letrinas preexistentes y desbordamientos del canal de la avenida Sánchez Taboada. Según el estudio, el sector contiene rellenos y materiales de antiguos deslizamientos cuyos planos de falla pueden reactivarse con la humedad, provocando grietas, asentamientos y desplazamientos progresivos.

La propuesta advierte que, si continúan las infiltraciones y el movimiento, el daño podría extenderse hacia la ladera superior y calles colindantes. Para contenerlo, plantea construir una barrera de pilas de concreto coladas dentro del terreno, enlazadas mediante una trabe superior, además de pilas intermedias que intercepten el mecanismo de deslizamiento. El presupuesto considera estructuras de entre uno y 1.80 metros de diámetro, con profundidades de 20 a 32 metros. También propone modificar la pendiente del talud en el tramo crítico, instalar drenes subterráneos a cinco metros de profundidad y corregir las descargas pluviales y sanitarias.

El documento subraya que colocar pavimento, por sí solo, no resuelve el deslizamiento y que la permanencia de fugas reduciría la efectividad de las obras a largo plazo. La reconstrucción de Erídano y de la avenida Sánchez Taboada se realizaría después de atender la inestabilidad y las filtraciones, retirando materiales dañados o saturados y sustituyéndolos por rellenos compactados. Una de las presentaciones establece un programa global de un año y diez meses, con vigilancia instrumental durante y después de los trabajos.

La lectura

El conflicto no es técnico, sino de prioridades y responsabilidad institucional. La propuesta describe una solución costosa pero acotada a un corredor; el ayuntamiento la mantiene sin ejecución mientras las afectaciones se acumulan en una delegación con historial de desastres. La declaratoria estatal de desastre de diciembre de 2019 ubicó los primeros síntomas en julio de 2015, cuando aparecieron hundimientos y grietas en pavimentos, banquetas y viviendas. CICESE y CENAPRED emitieron estudios y opiniones técnicas durante 2016. Los antecedentes son aún más antiguos: un acuerdo de Cabildo sobre Camino Verde refiere deslizamientos identificados desde 1973 y, en 1993, graves inundaciones y deslaves en las cuencas de Camino Verde y Sánchez Taboada. Un documento municipal registra que un deslizamiento en Camino Verde ocasionó la pérdida total de 71 viviendas en 2001.

La declaratoria de diciembre de 2019 informó 399 sellos rojos y 530 domicilios con sellos amarillos en Sánchez Taboada; el segundo informe del XXIII Ayuntamiento contabilizó 460 viviendas afectadas y al menos 902 habitantes directamente impactados entre julio de 2015 y diciembre de 2019. En enero de 2021, en la colonia 3 de Octubre, cuatro viviendas se derrumbaron, 25 quedaron a punto de colapsar y 56 familias fueron desalojadas. En Camino Verde, el deslizamiento de febrero de 2022 afectó inicialmente 365 predios, con 114 viviendas declaradas pérdida total. El 13 de agosto de este año se informó de 758 viviendas con engomados de riesgo en la delegación: 542 en rojo y 216 en amarillo.

La responsabilidad institucional es compartida en distintos niveles, pero el costo de la solución recae en el municipio. La diferencia entre el diagnóstico y la obra es la que define el conflicto: el ayuntamiento reconoce el problema y tiene el presupuesto calculado, pero no lo ha comprometido. Mientras tanto, las comunidades afectadas siguen habitando laderas cuyo subsuelo no se ha estabilizado.

Qué sigue

El siguiente punto de decisión es si el ayuntamiento incorpora la propuesta al presupuesto municipal o busca financiamiento estatal o federal para ejecutarla. También queda por aclarar el importe definitivo, porque los archivos presentan diferencias en el tratamiento del IVA. El ayuntamiento esperaba un informe del CENAPRED para definir la ruta de atención. Sin una decisión de recursos, la obra de contención seguirá siendo una propuesta y las filtraciones seguirán actuando sobre el terreno.