Tijuana mapea zonas de riesgo por El Niño sin cifras de viviendas ni presupuesto

El Ayuntamiento de Tijuana volvió a sentar a su gabinete, al Cabildo, a los delegados y a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) en una misma mesa para anticipar los efectos de El Niño. La Quinta Mesa Permanente de Preparación y Respuesta, encabezada por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, no anunció obras nuevas ni un fondo de emergencia: su producto visible fue un ejercicio de identificación de zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos en las nueve delegaciones del municipio. El valor público de la reunión depende de un dato que el comunicado municipal no incluyó: cuántas viviendas y familias están en riesgo y con qué recursos se atenderán.

La advertencia no es abstracta. Tijuana creció sobre laderas y cañadas, y cada temporada de lluvias intensas convierte esa geografía en un problema de seguridad física para miles de hogares. El Instituto Metropolitano de Planeación (IMPLAN) presentó expedientes técnicos con mapas que ubican puntos de inundación, deslizamientos y la infraestructura estratégica expuesta: centros de salud, planteles educativos y otras instalaciones que podrían quedar fuera de operación durante una contingencia. La información por delegación permite focalizar la respuesta, pero también expone que la vulnerabilidad está distribuida en todo el municipio y no solo en colonias periféricas conocidas.

Protección Civil presentó una actualización del análisis de riesgos hidrometeorológicos y de las áreas prioritarias. Las autoridades dijeron que realizan recorridos de campo para determinar cuántas viviendas y familias podrían encontrarse en peligro y actualizar el censo de población asentada en zonas de riesgo. Ese censo es la pieza que decide quién recibe aviso, a quién se evacua primero y qué colonias entran en los planes operativos. Sin cifras publicadas, el censo funciona como promesa administrativa más que como instrumento verificable de protección civil.

El flanco hídrico añade una capa de riesgo que no siempre se asocia a las lluvias. La directora general de la CESPT, Mónica Vega Aguirre, advirtió que los movimientos de tierra pueden ocasionar rupturas en las tuberías de distribución de agua, afectaciones que requieren atención inmediata para evitar fugas e interrupciones del suministro en las colonias. Vega Aguirre señaló que el organismo cuenta con protocolos antes, durante y después de las lluvias y expresó su disposición a coordinar con el municipio: “Cada quien tenemos nuestras facultades, pero siempre obtenemos mejores resultados cuando trabajamos juntos”. La frontera de competencias entre municipio y organismo estatal es el punto donde la prevención puede diluirse: la CESPT opera la infraestructura, pero el Ayuntamiento controla el territorio y la respuesta de emergencia.

En paralelo, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal reportó avances en limpieza de canales pluviales, desarenadores y estructuras de drenaje, con retiro de azolve, basura y residuos que obstruyen el flujo del agua. Es la medida más concreta y la más fácil de verificar en campo, aunque el comunicado tampoco detalló kilómetros atendidos ni colonias cubiertas. La Dirección de Tecnologías de la Información presentó un plan de conexiones satelitales, generadores y plataformas digitales para mantener informada a la población, y Protección Civil expuso su capacidad de respuesta con agrupaciones voluntarias, ambulancias y personal paramédico, cuyos recursos se revisarán en una próxima reunión operativa.

La lectura

El patrón es claro: el gobierno municipal construye coordinación interinstitucional y produce diagnósticos, pero no hace públicos los dos indicadores que permitirían evaluar la prevención: el universo de familias en riesgo y el presupuesto asignado. Burgueño lo enmarcó como una decisión que excede al municipio: “Estamos realizando acciones y tomando decisiones que van más allá de lo que corresponde únicamente al Gobierno Municipal, porque sabemos que la prevención requiere de coordinación y trabajo conjunto”. La frase es razonable en un fenómeno que cruza competencias estatales y federales, pero también desplaza la rendición de cuentas hacia una coordinación sin montos. La mesa permanente es una arquitectura de decisión; sin cifras públicas, el lector no puede distinguir entre preparación efectiva y gestión de imagen ante la temporada de lluvias.

El conflicto de fondo es territorial y de recursos: dónde se ubican las familias más expuestas, qué infraestructura se prioriza y quién paga la mitigación. Los mapas de IMPLAN identifican el riesgo, pero la reubicación, la obra hidráulica y el reforzamiento de laderas requieren presupuesto que no se anunció. Las comunidades afectadas son, previsiblemente, las que habitan laderas y cañadas con servicios precarios; son también las que tienen menos capacidad de exigir prioridad si el censo no se hace público.

Qué sigue

La siguiente cita es la reunión de coordinación operativa donde se revisarán los recursos de respuesta: agrupaciones voluntarias, ambulancias y personal paramédico. Ahí debería aparecer también la actualización del censo de familias en riesgo y, eventualmente, el detalle de los trabajos en canales y desarenadores. El punto de decisión verificable será si el Ayuntamiento publica el número de viviendas expuestas por delegación y el monto destinado a la prevención antes de que lleguen las lluvias intensas. Mientras eso no ocurra, la Quinta Mesa Permanente queda como un paso necesario pero incompleto: la coordinación está sobre la mesa, la magnitud del riesgo todavía no.