35% reprueba a Lemus en agua: Jalisco entra a 2027 con saldo abierto

Una encuesta de Question Mark difundida el 5 de noviembre de 2026 reporta que 35% de los consultados califica como malo o muy malo el trabajo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para atender la calidad del agua, mientras que solo 13.2% lo evalúa de forma positiva. El dato no mide popularidad genérica: mide la evaluación de un servicio básico, en un estado donde la crisis hídrica acumula cerca de un año y donde el descontento se expresa en las calles de la zona metropolitana.

La medición se conoció en el mismo espacio donde la diputada federal Mery Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, cuestionó el manejo estatal de la emergencia. Pozos sostuvo que la población ha recibido agua con metales pesados y residuos orgánicos, que los tandeos están mal planeados y que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) opera como epicentro de una crisis de corrupción y malos manejos históricos. Son acusaciones de una legisladora, no resoluciones judiciales ni administrativas; la evidencia disponible no acredita por sí sola esos señalamientos.

El dato central es que la evaluación negativa casi triplica a la positiva en el rubro de agua, y ese diferencial es el que conviene seguir, no el 35% aislado. Una encuesta de un solo tema no anticipa resultados electorales, pero sí registra dónde se concentra el costo político de un gobierno. La legisladora añadió que, según declaraciones del propio gobierno, la escasez y la mala calidad podrían prolongarse hasta febrero o marzo del próximo año, lo que extendería el desgaste más allá del arranque formal del calendario electoral de 2027.

Pozos también criticó que el gobernador haya limitado su comunicación a videos pregrabados y que no existan responsables claros por el deterioro de la planta potabilizadora ni por las acciones contra manifestantes. Es una acusación política en un espacio de entrevista, no una verificación independiente. El punto verificable es distinto: la crisis hídrica dejó de ser un asunto técnico y se convirtió en un eje de confrontación entre un gobierno estatal y una legisladora federal que preside la comisión de presupuesto, es decir, con capacidad de incidir en la discusión de recursos para infraestructura y para el propio SIAPA.

La lectura política

El movimiento de Pozos no es una candidatura ni una precandidatura: es un posicionamiento legislativo que usa la tribuna del presupuesto para instalar un tema de rendición de cuentas. Su función práctica es doble. Hacia afuera, le da cauce institucional al descontento ciudadano y lo traduce en preguntas sobre transparencia y responsables. Hacia adentro, coloca al gobierno de Lemus en posición defensiva en un asunto donde el costo recae en la vida cotidiana y no en la ideología.

Para Lemus, el incentivo es contener el desgaste antes de que el calendario de 2027 lo fije. La encuesta sugiere que el problema no es de percepción marginal: la evaluación negativa en agua puede convertirse en el marco con el que adversarios y aliados midan su capacidad de gestión, y en un estado donde el gobierno estatal pesa en la organización territorial de su fuerza política, ese marco se traslada a diputaciones locales y alcaldías.

El límite de la lectura es claro: no hay evidencia de que la encuesta mida intención de voto ni de que el tema hídrico sea el factor decisivo de la elección de 2027. Tampoco hay resolución que confirme las acusaciones sobre corrupción en el SIAPA. Lo que sí está acreditado es que un actor federal con competencia presupuestal eligió el agua como eje de confrontación y que una casa encuestadora registró un saldo negativo amplio en ese rubro específico.

Qué sigue

El siguiente paso verificable es si la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública abre una revisión formal sobre el ejercicio de recursos federales transferidos a Jalisco o al SIAPA, y si el gobierno estatal presenta un plan con fechas y responsables para la planta potabilizadora y los tandeos. También queda por verse si el tema se mantiene en la agenda legislativa cuando arranque el proceso electoral de 2027 y si nuevas mediciones confirman o corrigen el 35%. Sin esos elementos, la encuesta es una señal de desgaste, no una sentencia electoral.