Alito Moreno acusa a Taddei de armar red corrupta para 2027

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y Morena construyeron una estructura de corrupción y tráfico de influencias dentro del organismo con el propósito de intervenir en los comicios de 2027. La acusación, formulada desde el Senado de la República, no se limita al escándalo de contratos que precipitó la salida de Taddei: el dirigente priista la presenta como una operación política montada sobre el árbitro electoral y dirigida al proceso que renovará la Presidencia y nueve gubernaturas.

Moreno sostuvo que la salida de Taddei no debe significar el cierre de las investigaciones sobre la asignación de contratos, las relaciones con proveedores y la presunta colocación de funcionarios vinculados con intereses políticos. “No se le puede dar carpetazo, se tiene que seguir investigando”, advirtió, al señalar que existen hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación que deben esclarecerse para determinar responsabilidades administrativas o penales.

El dirigente priista afirmó que la presunta estructura de negocios no se limitaba a las oficinas centrales del INE, sino que tendría presencia en más de 20 entidades federativas mediante contratos y nombramientos en áreas administrativas y de fiscalización. También cuestionó la relación entre el representante de Morena ante el INE y antiguos colaboradores cercanos de Taddei, al considerar que esos vínculos ameritan una investigación. Se trata de señalamientos sin resolución judicial conocida hasta ahora; el propio Moreno los presenta como indicios que deben investigarse, no como hechos acreditados.

El contexto inmediato es un caso de bodegas en Ecatepec, Estado de México, que presuntamente pertenecen a empresas favorecidas durante la gestión de Taddei. El PRI considera que ese expediente debe investigarse y lo usa como evidencia de un patrón más amplio. Moreno vinculó estas acusaciones con la organización de las elecciones de 2027 y señaló directamente a Morena de intentar controlar áreas estratégicas del organismo electoral.

La lectura política

El movimiento de Moreno cumple una función que excede la denuncia: coloca al PRI en el centro de la disputa por la integridad del árbitro electoral a un año del arranque formal del proceso 2026-2027. Quien logra instalar el tema del INE en la conversación pública gana margen para condicionar el debate sobre la próxima presidencia del Consejo General y para exigir un perfil que no incomode a la oposición.

Hay un incentivo de coalición. En los días previos, Moreno informó que busca construir una coalición opositora rumbo a 2027 tras reunirse con figuras del PAN, aunque esos acercamientos no constituyen todavía una alianza formal entre dirigencias nacionales. La denuncia contra Taddei y Morena funciona como un terreno común programático para esa negociación: permite al PRI y al PAN coincidir en una agenda de autonomía electoral sin tener que resolver aún el reparto de candidaturas.

También hay un incentivo interno. El PRI llega a 2027 con una dirigencia cuestionada y con necesidad de demostrar que sigue siendo actor nacional relevante. La acusación de “estructura criminal delictiva” ante el INE es una precandidatura de facto del PRI a vocero de la legalidad electoral, aunque no existe candidatura registrada ni plataforma formal en ese sentido. Es posicionamiento, no postulación.

El límite es claro: no hay resolución administrativa o penal que confirme la versión de Moreno, y la renuncia de Taddei no equivale a una imputación. Lo que sí cambia es el clima político: la sucesión en el INE queda atada al escándalo y cualquier designación enfrentará la exigencia opositora de un perfil independiente.

Qué sigue

Moreno anunció que la próxima semana viajará a Estados Unidos para denunciar estos hechos ante instancias internacionales y exponer lo que describe como pérdida de autonomía del árbitro electoral. En paralelo, queda pendiente el curso de las investigaciones sobre contratos y proveedores, así como la definición del relevo en la presidencia del Consejo General del INE. El PRI deberá precisar si su exigencia de un perfil independiente se traduce en una propuesta formal o en un veto a nombres concretos.