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ASF pide a Guerrero papeles del IEPC por contratos ligados a Taddei
La revisión de la Cuenta Pública 2025 alcanza al órgano electoral de Guerrero y a siete proveedores de materiales electorales. La gobernadora Evelyn Salgado tiene diez días hábiles para entregar la documentación.
La ASF solicitó al Gobierno de Guerrero documentación complementaria sobre las participaciones federales asignadas al IEPC y sus contratos con empresas vinculadas a Guadalupe Taddei. El oficio, del 28 de octubre, forma parte de la revisión de la Cuenta Pública 2025 y da diez días hábiles a Evelyn Salgado. La fiscalización llega a un año electoral y presiona el presupuesto de 2027.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió al Gobierno de Guerrero documentación complementaria sobre las participaciones federales que se hayan canalizado al Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) y que hayan financiado contratos con empresas vinculadas a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. El oficio AEEF/1497/2026, fechado el 28 de octubre, fija un plazo de diez días hábiles a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y se inscribe en la fiscalización de la Cuenta Pública 2025.
El requerimiento no es una resolución ni una sanción: es una solicitud de información dentro de una revisión en curso. Pero su alcance no es menor. La ASF nombra siete proveedores de materiales electorales —Corporativo Zeg, Cajas Graf, SERIPLAST de México, Reconstrucción de Comunicación, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Gráficas Corona— y pide rastrear el dinero federal que llegó al órgano electoral guerrerense.
El contexto importa porque el IEPC arrastra una historia de contratos y escándalos. En 2021, según fuentes del propio instituto citadas en la información disponible, Cajas Graf —propiedad de José Andrés Hernández Rocha, hijo de Raymundo Hernández Casillas— recibió un contrato millonario; el informe de egresos de ese año reporta 81 millones 606 mil 370 pesos para producción y distribución de documentación electoral. En 2024, en cambio, el instituto recurrió a Talleres Gráficos de México ante la falta de presupuesto y los retrasos en la liberación de recursos.
El requerimiento llega en un momento incómodo: Guerrero renovará gubernatura, 83 alcaldías y 28 diputaciones locales en 2027, y el IEPC ya pidió al Congreso local un presupuesto de mil 14 millones de pesos. El Gobierno estatal, según la misma información, advirtió que no habrá holgura. La fiscalización de la ASF se suma así a una discusión presupuestal que definirá si el instituto vuelve a depender de proveedores privados o de Talleres Gráficos.
La lectura política
El movimiento de la ASF tiene una función práctica: convierte una revisión de gabinete en una trazabilidad de dinero federal que pasa por un gobierno estatal y un órgano electoral autónomo. No imputa conductas ni anticipa sanciones, pero obliga a la administración de Salgado a documentar el destino de participaciones federales en un año sin elecciones, cuando el IEPC ejerció 351 millones 410 mil 140 pesos en 2025 y 472 millones 447 mil 831 en 2026.
El incentivo de la ASF es cerrar el expediente de la Cuenta Pública 2025 con evidencia documental suficiente. El del Gobierno de Guerrero es responder a tiempo y sin huecos, porque cualquier inconsistencia en la entrega puede convertirse en observación formal. El del IEPC es preservar margen de negociación presupuestal para 2027: si la fiscalización escala, el instituto pierde capacidad de argumentar que su problema es sólo de recursos.
La vinculación con Taddei opera aquí como señal política más que como imputación jurídica. La expresidenta del INE no está señalada en el oficio; lo que la ASF rastrea son empresas que la opinión pública asocia a su entorno. Esa distinción es relevante: una cosa es una investigación administrativa sobre contratos y otra, muy distinta, una responsabilidad individual. Hasta ahora no hay resolución que establezca lo segundo.
El precedente verificable es la investigación de oficio que la ASF abrió en octubre sobre contrataciones del INE y de organismos públicos locales electorales, con indicios de posibles conflictos de interés y triangulación. Guerrero se convierte en el primer caso estatal donde esa revisión aterriza con nombre y apellido de proveedores. Para 2027, la señal es doble: los órganos electorales locales quedan bajo escrutinio federal y los gobiernos estatales quedan obligados a documentar el uso de participaciones en materia electoral.
Qué sigue
El Gobierno de Guerrero tiene hasta diez días hábiles contados desde el 28 de octubre para remitir la documentación. La ASF revisará si la información es completa y, en su caso, formulará observaciones dentro del informe de la Cuenta Pública 2025. En paralelo, el Congreso local deberá discutir la solicitud presupuestal del IEPC para 2027. Ninguno de esos pasos constituye todavía una sanción ni una imputación contra persona alguna.