INE asegura que juntas electorales operan con normalidad pese a crisis interna

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene su capacidad operativa para organizar el proceso electoral 2026-2027, a pesar de la profunda crisis institucional que atraviesa en su nivel directivo. El consejero electoral Arturo Castillo confirmó que las 32 juntas locales y 300 juntas distritales del Instituto siguen funcionando con normalidad, asegurando que estas instancias, que son las responsables finales de la logística electoral, "están prácticamente intocadas" y trabajan con el mismo profesionalismo de siempre. Esta declaración busca tranquilizar a la ciudadanía y a los actores políticos sobre la viabilidad del calendario electoral, aunque no oculta la fractura en la cúpula del organismo.

La intervención de Castillo se enmarca en una serie de revelaciones sobre el estado de las oficinas centrales del INE. El consejero explicó que el modelo de vigilancia interna falló claramente, especialmente tras la concesión de "superfacultades" a la Presidencia del Consejo General, cargo que ocupó Guadalupe Taddei hasta su remoción. Castillo señaló que estas facultades de designación unipersonal limitaron seriamente la capacidad de vigilancia de los consejeros, permitiendo que directores subordinados ocultaran información relevante. Como consecuencia, se han anunciado nuevas renuncias en cargos directivos, y se estima que aún faltan por remover entre cuatro y cinco personas más en estructuras clave.

Para Castillo, la situación no es solo administrativa, sino una crisis de integridad. El consejero calificó el caso como la crisis de corrupción más severa en los 35 años de historia del INE, lo que justifica la suspensión temporal de procesos de adjudicación y licitación para revisar contratos y garantizar la continuidad del servicio. No obstante, advirtió que la remoción de las designaciones de Taddei no puede ser inmediata debido a los marcos legales que las protegen, lo que obliga a una "cirugía de reconstrucción" gradual. Este proceso busca que las oficinas centrales vuelvan a ser funcionales y transparentes sin detener la maquinaria electoral en los estados.

La lectura política

La narrativa de Castillo cumple una función estratégica de contención de daños. Al separar explícitamente el funcionamiento de las juntas locales (el territorio) de la parálisis en las oficinas centrales (el poder), el INE intenta preservar su credibilidad institucional frente a la opinión pública. La declaración funciona como un mecanismo de estabilización política: asegura a los partidos y a la ciudadanía que, a pesar del caos en la dirección nacional, el voto se realizará con calidad y sin interrupciones. Esto es crucial para evitar que la crisis interna se traduzca en una crisis de legitimidad del resultado electoral.

Sin embargo, la mención a la "cirugía" revela que el INE está en una fase de transición de poder incierta. La necesidad de remover lentamente a los allegados de Taddei sugiere que el Consejo General aún no tiene el control absoluto sobre la burocracia, lo que podría generar fricciones internas. La señal que envía el INE es de resiliencia institucional, pero también de vulnerabilidad operativa: el organismo puede funcionar por inercia en los estados, pero su capacidad de fiscalización y gestión central está siendo reconfigurada bajo presión judicial y política. Esto coloca a los aspirantes a cargos de elección popular en una posición de espera, dependiendo de que la "reconstrucción" del INE no se retrase más allá de los plazos críticos de registro de candidaturas.

Qué sigue

El INE debe completar la remoción de los cargos directivos vinculados a la expresidenta Taddei. El plazo inmediato es la definición de la presidencia provisional del Consejo General, cuya figura ha sido solicitada por Castillo como una persona independiente que genere consensos. Además, se esperan las resoluciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las denuncias por posible ejercicio abusivo de funciones y enriquecimiento ilícito, así como las auditorías que el propio INE ha solicitado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La continuidad del proceso electoral dependerá de que esta "cirugía" administrativa se complete antes de que inicien los periodos de registro formal de candidaturas.