RUTA 27 · MEDIUM
Bienestar niega resolución del TEPJF sobre chalecos guinda
La secretaria Leticia Ramírez Amaya sostuvo ante senadores que el tribunal sólo analiza el caso, aunque el TEPJF ya ordenó al INE revisar la denuncia por el color asociado a Morena.
Leticia Ramírez Amaya negó ante el Senado que exista una resolución del TEPJF sobre los chalecos guinda de los Servidores de la Nación y sostuvo que el tribunal sólo analiza el tema. Sin embargo, el TEPJF ya ordenó al INE revisar la denuncia del partido Somos. La comparecencia ocurre rumbo a 2027, cuando el uso de programas sociales y la identificación territorial de Morena serán disputa electoral
La titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, negó ante senadores que exista una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el uso de chalecos guinda por parte de los Servidores de la Nación, y sostuvo que el asunto apenas se encuentra en análisis. La afirmación ocurrió al cierre de su comparecencia ante la Comisión de Bienestar del Senado, en el marco del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La respuesta llegó a pregunta expresa del senador priista Ángel García Yáñez, quien inquirió si la funcionaria acataría la resolución del tribunal que, según su planteamiento, determinó que el uso de chalecos guinda constituye una ventaja electoral para Morena. Ramírez Amaya corrigió el tratamiento —"senador", no "diputado"— y respondió: "Primero, no hay una resolución del Tribunal Electoral, sólo lo están analizando. Que se analice el tema". Después defendió la identificación de los servidores públicos por el trato y la información que llevan a las comunidades, y describió el chaleco como beige, parte de la identidad gráfica del gobierno federal vigente desde el manual de 2018 y modificada en 2024.
El punto de fricción no es menor. El TEPJF ya resolvió ordenar al Instituto Nacional Electoral (INE) analizar nuevamente la denuncia del partido Somos, que el propio INE había desechado, sobre el uso del color guinda en los chalecos de funcionarios de Bienestar, que los denunciantes consideran benéfico para Morena. La funcionaria no negó la existencia de esa instrucción: negó que exista una "resolución" en el sentido de una determinación de fondo sobre la legalidad del chaleco. Es una distinción técnica que, en la práctica, desplaza el debate del tribunal al instituto y gana tiempo.
En el mismo acto, Ramírez Amaya afirmó que el financiamiento de los programas sociales está asegurado mediante recaudación fiscal, sin recurrir a deuda pública, y cifró en 42.8 millones los beneficiarios, con una inversión anual superior a un billón de pesos. Ese dato no es accesorio: la comparecencia colocó en el mismo plano la defensa del gasto social y la defensa de la identificación territorial de quienes reparten ese gasto, dos piezas que rumbo a 2027 se leerán juntas.
La lectura política
El movimiento de la secretaria cumple una función práctica: trasladar la controversia del terreno jurídico al terreno administrativo y, con ello, enfriar cualquier lectura de incumplimiento. Al decir que "sólo lo están analizando", la funcionaria no desobedece —el INE aún debe resolver— pero sí desactiva la acusación de que el gobierno desacata al árbitro. Es una maniobra de contención discursiva verificable: el tribunal ordenó revisar, el instituto no ha resuelto, y la funcionaria se escuda en esa etapa procesal.
El incentivo es claro. El chaleco funciona, en los hechos, como marcador de presencia territorial de un programa social de cobertura masiva, y su color coincide con el de Morena. La defensa de la "identidad gráfica" es formalmente correcta y políticamente útil: convierte una posible ventaja electoral en cumplimiento de un manual administrativo. El costo es que la explicación depende de que el INE no encuentre uso proselitista, y cualquier resolución adversa convertirá la frase "cuando haya resoluciones, se cumplen" en un compromiso medible.
El equilibrio interno también se mueve. La secretaria compareció ante el Senado después de haber negado en la Cámara de Diputados, el 22 y 23 de octubre, que los Servidores de la Nación condicionen apoyos o intervengan en el proceso electoral 2026-2027, y de haber confirmado coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FISEL). Ese patrón —negar en dos cámaras, en menos de tres semanas, el mismo riesgo electoral— sugiere una estrategia coordinada de blindaje del programa social antes de que arranque formalmente el calendario, no una respuesta improvisada.
La señal a aliados y adversarios es doble. A los operadores territoriales les confirma que la identificación visual no está en retirada. A la oposición le entrega un expediente abierto: si el INE revisa y sanciona, la defensa de la identidad gráfica se debilita; si el INE confirma el desechamiento, el TEPJF queda exhibido por haber ordenado una revisión sin consecuencias. En cualquier escenario, el tema llega a 2027 como disputa sobre el uso de recursos públicos, no sobre un color.
Qué sigue
El INE deberá reencauzar el análisis de la denuncia del partido Somos conforme a la instrucción del TEPJF; no hay fecha pública confirmada en la evidencia disponible. La ruta verificable es la resolución del instituto, su eventual impugnación y, en su caso, una nueva determinación del tribunal. Mientras tanto, la comparecencia deja abierta una pregunta que el Senado puede formalizar: si el manual de identidad gráfica de 2024 será revisado para separar la imagen institucional del color partidista. La secretaria ofreció acatar "cuando haya" resoluciones; ese compromiso es el próximo punto de medición.