INE archiva el caso de los sitios que promovieron candidatos judiciales

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) cerró el expediente abierto por los sitios de internet que promovieron candidatos en la elección judicial de 2025, entre ellos el portal «Poder Judicial 4T». La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) concluyó que los sitios existieron, pero que no hay pruebas para atribuir la responsabilidad a una persona específica. El acuerdo se aprobó en sesión extraordinaria con ocho votos a favor y dos en contra.

El cierre no absuelve a nadie: declara que el árbitro electoral no pudo identificar quién pagó, quién operó ni quién se benefició de los portales. Esa distinción importa porque la elección judicial de 2025 fue el primer ejercicio en que la ciudadanía votó cargos del Poder Judicial sin conocer a la mayoría de los candidatos, y los sitios sin autoría reivindicada operaron como guías de voto en ese vacío de información.

El consejero Martin Faz deploró las limitaciones del INE para investigar sitios registrados en el extranjero y advirtió que esa frontera deja abierta la puerta a que «actores políticos se provean de bienes y servicios de personas ubicadas en el extranjero». Sostuvo que la UTF, a cargo de Mario Alberto Alejo García, no realizó una investigación «suficientemente exhaustiva», porque existían «otras diligencias que pudieron contribuir al esclarecimiento de los hechos». El consejero Jorge Montaño Ventura preside la Comisión de Fiscalización de la que depende esa unidad.

El caso forma parte de la historia accidentada de la elección judicial. Durante las campañas aparecieron portales que indicaban cómo votar; hacia la jornada, quedaron opacados por los llamados «acordeones», atribuidos sobre todo a Morena, que marcaban las boletas según los intereses de quienes los distribuían. Los resultados coincidieron en buena medida con esos acordeones, lo que abrió un debate en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los bloques mayoritarios de entonces —encabezados por Guadalupe Taddei Zavala en el INE y Mónica Soto Fregoso en el TEPJF— determinaron que no había pruebas para respaldar una operación sistematizada.

La lectura política

El archivo funciona como una decisión de contención institucional: cierra un frente incómodo antes de que el INE entre de lleno en la organización de 2027. La misma sesión en que se archivó el expediente aprobó el diseño de la boleta para diputaciones federales, el plan de trabajo de transparencia y sanciones por irregularidades de fiscalización a PAN, Morena, PRI y PAZ. El árbitro prefiere ordenar la ruta 2027 antes que reabrir una elección pasada cuyo costo político recae sobre todo el sistema, no sobre un partido.

El voto dividido revela el equilibrio interno. Ocho consejeros avalaron cerrar; dos acompañaron la objeción de Faz. La objeción no afirma que hubo responsables identificables, sino que no se agotaron las diligencias para encontrarlos. Esa diferencia es la que deja el caso en una zona gris: no hay exoneración, pero tampoco hay sanción, y el precedente queda fijado para la siguiente elección.

El incentivo de los actores es claro. Un portal anónimo con financiamiento opaco es barato, difícil de rastrear y, si funciona, mueve votos sin costo de fiscalización. Si el INE no puede cruzar fronteras para verificar quién paga, el mensaje a aliados y adversarios es que la promoción ilegal en línea tiene un techo de riesgo bajo. Eso no equivale a atribuir los portales a un partido; la evidencia disponible no lo sostiene. Lo que sí sostiene es que la autoridad reconoció su límite y no lo corrigió.

La consecuencia electoral rumbo a 2027 es doble. Primero, la fiscalización de propaganda en línea queda como el punto débil documentado del sistema. Segundo, el debate sobre los acordeones y los sitios anónimos seguirá disponible como argumento de quienes cuestionen la equidad de los procesos, sin que exista una resolución que lo cierre.

Qué sigue

El expediente queda cerrado en el INE, salvo que alguna fuerza política impugne el acuerdo ante el TEPJF, que sería la vía para revisar si la UTF debió agotar las diligencias señaladas por Faz. La discusión de fondo —el acceso del INE a información financiera y de servidores ubicados en el extranjero— no tiene fecha en el acuerdo aprobado; requeriría reforma legal o convenios de cooperación. En el calendario inmediato, el INE continúa con la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, incluida la instalación de oficinas municipales y la impresión de boletas.