Castillo llama al INE a corregir su peor crisis de corrupción

El consejero electoral Arturo Castillo calificó el caso como la “crisis de corrupción más severa en los 35 años” del Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que las indagatorias deben continuar hasta establecer responsabilidades. Su exigencia no es un diagnóstico aislado: ocurre mientras el Consejo General sigue sin acordar quién asumirá la presidencia provisional tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala, detonada por auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntos contratos irregulares con proveedores.

Castillo pidió que la ASF, el Órgano Interno de Control y el propio Consejo General intervengan para corregir las irregularidades que se acrediten. La formulación importa porque reparte la carga de la corrección en tres instancias: una externa de fiscalización, una interna de control y el órgano colegiado que hoy no logra ponerse de acuerdo ni siquiera en su relevo. El consejero aseguró que todos los integrantes están dispuestos a rendir cuentas y a llevar los procedimientos administrativos hasta sus últimas consecuencias.

La discusión interna no se limita a los contratos. La consejera Carla Humphrey planteó abrir investigaciones internas y solicitar auditorías externas, incluida la ASF, y llevó el debate a la permanencia de funcionarios designados unilateralmente por Taddei al amparo de la reforma que le dio facultades para nombrar sin aval del Consejo General. Humphrey llamó a revertir esos cambios legales y sostuvo que en 90 por ciento de los casos las consejerías desconocían quiénes eran las personas designadas y sus antecedentes.

El Consejo General está dividido en dos bloques: uno que respaldó a Taddei —Arturo Chávez, Blanca Cruz, Frida Gómez, Norma de la Cruz y Jorge Montaño—, otro que agrupa a Carla Humphrey, Arturo Castillo, Martín Faz y Rita Bell López, con Uuc-kib Espadas alternando apoyos. Esa geometría explica por qué la primera reunión privada, prolongada durante horas, terminó sin consenso sobre la presidencia provisional.

La lectura política

La exigencia de Castillo funciona, en la práctica, como una operación de reposicionamiento del bloque que no controlaba la presidencia. Al pedir intervención externa, ese grupo traslada el costo político de la crisis a la gestión saliente y coloca la rendición de cuentas como condición de cualquier acuerdo interno. No es una candidatura ni una precandidatura: es un posicionamiento que busca fijar los términos del relevo antes de que se vote.

El incentivo es doble. Por un lado, quien presida provisionalmente el INE tendrá entre un mes y un mes y medio en el cargo, pero ese periodo coincide con la ruta crítica hacia 2027: organización del proceso, fiscalización de precampañas y definición de criterios sobre actos anticipados. Por otro, la intervención de la ASF y del Órgano Interno de Control puede alcanzar a funcionarios designados por la anterior presidencia, lo que convierte la discusión sobre el relevo en una discusión sobre el alcance de la limpia.

El límite legal es claro: no existe aún una candidatura ni un procedimiento sancionador resuelto. Lo que hay es una presidencia vacante, auditorías en curso y un Consejo General que debe elegir por mayoría simple, de entre sus integrantes, a quien asuma transitoriamente el cargo conforme al artículo 41 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). La elección definitiva corresponde a la Cámara de Diputados.

La señal hacia 2027 es que el árbitro electoral llega a la antesala del proceso con su credibilidad cuestionada y su colegialidad fracturada. Para los partidos, eso abre la tentación de impugnar decisiones con el argumento de la falta de imparcialidad; para el bloque que exige auditorías, es la oportunidad de reordenar el instituto antes de que arranque formalmente la contienda.

Qué sigue

Las consejerías prevén reunirse de nuevo a las 8:30 horas y convocar por la tarde a una sesión extraordinaria del Consejo General para votar la designación provisional. El nombramiento deberá formalizarse mediante acuerdo del Consejo General, notificarse a la Cámara de Diputados y, quien resulte electo, rendirá protesta ante el órgano colegiado. En paralelo, queda pendiente que la ASF y el Órgano Interno de Control informen el estado de sus indagatorias y que el Consejo General defina si solicita la separación de funcionarios señalados.