Morena pagó 11.4 millones a proveedora de Bienestar para registrar aspirantes

Una empresa que durante cinco años fue proveedora de la Secretaría de Bienestar se convirtió también en contratista de Morena para organizar el registro de aspirantes a las coordinaciones estatales del partido, el proceso que en la práctica ordena la sucesión de gubernaturas rumbo a 2027. La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada el 27 de octubre por Leonardo Núñez y Amaranta Villa Sánchez, documenta que Grupo Maferefun S.A. de C.V. acumuló al menos 322 millones de pesos en contratos financiados con recursos públicos, entre dependencias federales y el propio partido gobernante.

El dato que articula el caso es la secuencia. Ariadna Montiel Reyes dejó la Secretaría de Bienestar para asumir la presidencia nacional de Morena el 3 de mayo de 2026; cinco días después, el 8 de mayo, Grupo Maferefun se inscribió en el Registro Nacional de Proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE). En junio, el partido la contrató por 11 millones 431 mil 979 pesos con 80 centavos para organizar las jornadas de registro de aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, realizadas del 22 al 27 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México, con 123 interesados en 17 entidades. El pago se tramitó el 14 de agosto; Alfredo Nader Mena, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas de Morena, autorizó la operación, y el secretario de Finanzas, Óscar del Cueto García, la ejecutó.

La trayectoria de la compañía, constituida el 22 de mayo de 2019 en Córdoba, Veracruz, con 50 mil pesos de capital social, es el otro eje del reportaje. Su primer contrato federal llegó el 11 de junio de 2021, por adjudicación directa de Bienestar: 4.5 millones para alimentos de beneficiarios de un programa migratorio en Chiapas. Los investigadores ubicaron su domicilio comercial registrado en un local de la Central de Abastos de la Ciudad de México, en el área de frutas y verduras, donde encontraron un establecimiento de venta de piñas, sandías y papayas sin referencias visibles a la empresa.

Entre enero de 2022 y abril de 2026, durante la gestión de Montiel al frente de Bienestar, la empresa recibió 13 contratos por 190.5 millones de pesos; tras su salida, la administración de Leticia Ramírez le otorgó seis más por cerca de 109 millones. MCCI subraya que, pese al volumen, la compañía siguió clasificada como microempresa, categoría con límites de personal y ventas anuales que puede ofrecer ventajas en procedimientos de contratación.

La lectura política

El hallazgo no es sólo un conflicto de interés entre una exsecretaria y un proveedor. Es la evidencia de cómo se financió la etapa organizativa que antecede a la definición formal de candidaturas. Las coordinaciones estatales no son candidaturas registradas: son figuras partidistas que, en los hechos, colocan a quien las encabeza en posición de salida para las gubernaturas de 2027. Por eso importa quién pagó la logística del registro: si el evento se costeó con recursos públicos asignados al partido, el escrutinio se traslada del terreno administrativo al electoral.

MCCI plantea que los eventos ocurrieron antes del inicio legal de las precampañas y que podrían existir elementos para investigar actos anticipados de promoción. Esa lectura es una hipótesis de la organización, no una resolución: ninguna autoridad electoral ha determinado la legalidad de las jornadas. La diferencia importa para no confundir señalamiento con sanción.

El incentivo político es doble. Para la dirigencia de Morena, contratar a un proveedor ya probado en la estructura de Bienestar reduce fricciones operativas y concentra en una sola empresa la organización de un proceso que mide lealtades y disciplina interna en 17 entidades. Para la oposición y para el árbitro electoral, la secuencia —salida de la dependencia, alta en el registro de proveedores del INE, contrato partidista— ofrece un expediente verificable para impugnar o fiscalizar. Montiel defendió en conferencia del 18 de agosto que el partido y sus comités estatales financiaban los materiales de los eventos y calificó los desembolsos como inversión partidista; la investigación no controvierte esa declaración con una resolución, sino con documentos de contratación.

El precedente que ayuda a leer el caso es el de los procesos internos que funcionan como precampañas de facto: la ley llega después de que el posicionamiento ya ocurrió. Lo que cambia aquí es que el financiamiento de esa fase queda documentado y ligado a una empresa con historial de contratos federales.

Qué sigue

El primer paso verificable es la ruta de fiscalización: el INE revisa el origen y destino de los recursos de los partidos, y la Unidad Técnica de Fiscalización podría abrir una investigación sobre el gasto de los 11.4 millones. En paralelo, la ruta de queja por actos anticipados de promoción depende de que un partido o ciudadano la presente ante el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Morena no ha respondido públicamente a la investigación. La pregunta que queda abierta es si el contrato se pagó con recursos públicos del partido y bajo qué criterio se eligió a la empresa sin procedimiento competitivo.