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RUTA 27 · MEDIUM

Confianza en el INE cae a 52% y el analista marca la ruta para 2027

Fernando Díaz Naranjo contrasta el 52% de confianza actual con el 67% reportado en 2024 y enumera cinco condiciones para que el árbitro electoral llegue con certeza a la renovación de la Cámara de Diputados.

Ilustración editorial de Ruta 27 sobre encuestas de opinión pública
Ilustración editorial de Ruta 27.
EN 30 SEGUNDOS

El analista Fernando Díaz Naranjo publicó un artículo donde advierte que el INE enfrenta una caída de confianza: del 67% registrado en 2024 a 52% en una encuesta reciente. Para recuperarla rumbo a 2027, plantea cinco condiciones: certeza en los actos, consenso en el Consejo General, transparencia, aplicación puntual de la ley y mayor cercanía ciudadana. El diagnóstico importa porque el árbitro ele

El analista electoral Fernando Díaz Naranjo publicó el 29 de octubre de 2026 un artículo en el que contrasta la confianza ciudadana que el Instituto Nacional Electoral (INE) registra hoy con la que tuvo en procesos anteriores y enumera las condiciones que, a su juicio, el árbitro necesita para llegar con certeza a la elección federal de 2027. El dato central: una encuesta nacional telefónica levantada por El Financiero el 19 de octubre reporta 52% de confianza "mucha o algo" en el INE, frente a 48% que expresó "poca o nada". Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la relación se invierte: 48% de confianza contra 52% de desconfianza.

La comparación que hace el analista es la que da peso al diagnóstico. El INE cerró el proceso 2023-2024 con 67% de confianza ciudadana, según la propia Estrategia de Comunicación Social del instituto y la auditoría de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Ese nivel coincidió con el pico de exposición pública del organismo durante la elección presidencial más grande de la historia reciente. Antes, el CESOP reportó 57% de opinión "buena" en 2015, Mitofsky midió 67.7% en 2018 y Latinobarómetro 56% en 2024. La serie no es lineal, pero el salto de 67% a 52% en poco más de dos años es el elemento que el texto pone sobre la mesa.

Díaz Naranjo no se limita al diagnóstico. Su lista de requerimientos funciona como una agenda de condiciones: certeza en todos los actos del instituto, mayor consenso al interior del Consejo General, plena transparencia y rendición de cuentas, aplicación puntual de la ley electoral y, sobre todo, mayor acercamiento con la ciudadanía. El orden no es casual: coloca el consenso del órgano máximo de decisión como segundo punto, por encima de la transparencia y la aplicación de la norma.

El Consejo General como punto de fricción

La mención al consenso interno no es retórica. El Consejo General del INE es un órgano de once integrantes donde las decisiones sobre lineamientos, cómputos y organización electoral requieren mayorías que no siempre se alcanzan sin costo político. En los últimos meses, el propio instituto ha sido escenario de señalamientos cruzados entre consejeros, incluido el caso de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, sobre el que el consejero Arturo Castillo ha sostenido que pudo haber incurrido en delitos de oficio. Ese clima interno, visible públicamente, es parte del contexto que explica por qué un analista coloca la cohesión del Consejo como condición para la confianza externa.

El artículo también se publica en un momento en que el INE ajusta sus reglas operativas. El 8 de octubre de 2026, la Sala Superior del TEPJF resolvió los expedientes SUP-JDC-473/2026 y acumulados, ordenando al INE modificar sus Lineamientos de cómputos para que las boletas sin marcas de doblez no se cuenten como parte de la votación en 2027. Es decir, el árbitro entra al proceso con un mandato judicial que altera la mecánica de conteo y con la necesidad de explicarlo públicamente.

La lectura política

El texto de Díaz Naranjo opera, en la práctica, como una advertencia sobre el capital político del árbitro. La confianza no es un adorno: es el insumo que determina si los resultados de 2027 se aceptan o se impugnan. Un INE con 52% de confianza tiene menos margen para contener disputas postelectorales que uno con 67%. La caída no implica crisis, pero sí reduce el colchón de legitimidad disponible.

El señalamiento sobre el consenso interno envía una señal a los propios consejeros: las fracturas públicas del Consejo General se leen como falta de certeza, y la certeza es la condición que el analista coloca en primer lugar. También envía una señal a los partidos: un árbitro dividido es un árbitro más fácil de presionar. Y una señal a la ciudadanía: el instituto necesita explicar sus decisiones antes de que se conviertan en conflicto.

El requerimiento de "mayor acercamiento con las y los ciudadanos" es el más político de los cinco. Sugiere que el INE no puede limitarse a administrar elecciones y esperar que la confianza se recupere por inercia. En un proceso donde se renueva la Cámara de Diputados y donde el TEPJF ya ordenó cambios en los cómputos, la capacidad del instituto para comunicar lo que hace será tan importante como lo que haga.

Qué sigue

El INE deberá publicar los lineamientos de cómputos ajustados conforme a la resolución del TEPJF, con un calendario que aún no se detalla públicamente. El Consejo General tiene pendiente definir el programa de comunicación institucional para 2027 y resolver los asuntos internos que hoy generan fricción pública entre consejeros. La encuesta de El Financiero, con 95% de confianza estadística, es una fotografía de octubre; la siguiente medición será el termómetro real de si las condiciones que plantea el analista se cumplen.