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Consejero del INE pide prisión oficiosa contra Taddei por delitos graves
Arturo Castillo solicitó a la FGR investigar a la exconsejera presidenta por enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones. La petición no es una imputación: es presión política en plena crisis del árbitro electoral.
El consejero Arturo Castillo pidió a la FGR aplicar prisión preventiva oficiosa contra Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, por posibles delitos de enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones. No hay imputación ni orden judicial: es una solicitud pública. Ocurre en plena crisis interna del INE rumbo a 2027, cuando la credibilidad del árbitro electoral está en disputa.
El consejero electoral Arturo Castillo solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que considere aplicar prisión preventiva oficiosa contra Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), por hechos que, dijo, podrían configurar delitos graves. La petición la formuló en entrevista con medios, antes de la sesión ordinaria del Consejo General de este jueves, y no constituye una imputación formal ni una orden judicial: es una solicitud pública dirigida a la fiscalía.
Castillo sostuvo que los señalamientos difundidos por medios de comunicación sobre la asignación de contratos a empresas favorecidas por Taddei podrían encuadrar en dos delitos tipificados: enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones. "Podrían llegar a constituir delitos graves que se persiguen de oficio y que en términos del Artículo 19 de la Constitución podrían incluso ameritar prisión preventiva oficiosa", declaró. La solicitud de Castillo no abre una causa penal: traslada a la FGR la decisión de investigar y, en su caso, judicializar el caso.
El consejero también llamó a la fiscalía a indagar las controversias por contratos y afirmó que espera que "esté haciendo ya las indagatorias correspondientes". Hasta ahora no se conoce una resolución de la FGR sobre el fondo, ni una carpeta abierta contra Taddei por estos hechos, ni una determinación judicial. La evidencia disponible es la declaración de un consejero en funciones, no una sentencia.
El contexto importa: Castillo ha sostenido durante semanas que el INE atraviesa su crisis más severa y que los señalamientos sobre conflictos de interés y contrataciones deben aclararse por vías institucionales. La petición de prisión oficiosa escala esa exigencia de aclaración a un terreno penal, en un momento en que el Consejo General discute la presidencia provisional del instituto.
La lectura política
En la práctica, el movimiento de Castillo funciona como presión política sobre un proceso interno que ya estaba tensionado. Pedir prisión preventiva oficiosa contra una exconsejera presidenta no es un acto administrativo: es una señal dirigida a la FGR, al resto del Consejo General y a las fuerzas políticas que observan la recomposición del árbitro electoral rumbo a 2027. Quien gana margen es el bloque que exige rendición de cuentas; quien lo pierde es Taddei, cuya situación jurídica formal sigue sin cambio.
Hay un límite que conviene precisar: no existe imputación, no hay orden de aprehensión y la prisión preventiva oficiosa solo puede aplicarse por decisión judicial tras un proceso penal. La solicitud de Castillo es una opinión de un consejero, no una resolución. Presentarla como hecho consumado sería un error; ignorar su peso político, también.
El incentivo de Castillo parece claro: coloca el caso en la agenda pública y obliga a la FGR a pronunciarse, mientras el INE busca recomponer su credibilidad. Para el instituto, el riesgo es que la disputa interna se lea como incapacidad de autorregulación en pleno arranque del proceso electoral. Para Taddei, el costo es reputacional antes que legal. Para los partidos, la señal es que el árbitro entra a 2027 con una crisis abierta.
Qué sigue
La FGR no ha informado si abrirá carpeta de investigación por estos hechos. El Consejo General del INE continúa con la discusión sobre la presidencia provisional y la organización del proceso electoral federal. Cualquier paso penal requeriría una denuncia formal, una investigación y, eventualmente, una determinación judicial: ninguno de esos pasos está acreditado. La próxima sesión del Consejo y cualquier comunicado de la fiscalía serán los puntos verificables para medir si la solicitud de Castillo queda en declaración o se convierte en procedimiento.