Córdova atribuye la crisis del INE al control oficialista

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, publicó el 3 de noviembre un artículo de opinión en el que sostiene que la crisis actual del organismo no es un accidente ni una falla de gestión aislada, sino consecuencia directa de los actos del oficialismo para debilitar y tomar el control del árbitro electoral. La tesis central: el escándalo de corrupción en torno a Guadalupe Taddei no cayó del cielo, se incubó en el diseño político que la colocó ahí.

Córdova rechaza el argumento de que el INE siempre fue corrupto y de que la presidenta Claudia Sheinbaum actúa con las manos limpias en el caso. El exconsejero señala que la mandataria intenta deslindar a Taddei a pesar de que la quinteta de la que salió estaba conformada por perfiles afines a Morena. Apunta además que Taddei llegó al mundo electoral en 2014, durante su propia gestión, y que el gobernador Alfonso Durazo la rescató al nombrarla titular del órgano de transparencia en Sonora antes de que el partido en el poder la impulsara a la presidencia del INE.

La columna se publica con un telón de fondo que la propia evidencia del caso hace visible: el INE acumula 19 renuncias a dos semanas del estallido del escándalo, aunque permanecen cercanos a Taddei y a su equipo. El dato, conocido públicamente, alimenta la lectura de que la crisis no se resuelve con salidas individuales sino con una reconfiguración de quién controla el aparato.

El artículo de Córdova no es una denuncia nueva ni una resolución: es una intervención política en un debate que ya está en curso. Su valor no está en el hallazgo de un hecho inédito, sino en la operación de encuadre que propone: si el problema es la captura política del árbitro, la salida no es simplemente sustituir a Taddei, sino discutir el mecanismo que la designó.

La lectura política

El movimiento de Córdova cumple una función clara en la disputa por el relato de la crisis. Al atribuir el escándalo al control oficialista del INE, desplaza la culpa desde el terreno de la falla individual —la corrupción de una funcionaria— hacia el terreno del diseño político: quién puso a Taddei, desde qué quinteta, con qué incentivos y con qué tolerancia.

El incentivo de Córdova es doble: defender el legado de su gestión y fijar un marco de responsabilidad que incomode al oficialismo rumbo a 2027. Su argumento sobre la ASF —que no halló irregularidades relevantes en su administración, según ha sostenido en entrevistas recientes— opera como escudo y como contraste: la crisis actual no es endémica del INE, es producto de una captura específica.

El oficialismo tiene un incentivo simétrico: deslindar a Sheinbaum del caso Taddei y presentar el escándalo como un problema de integridad individual que el propio instituto debe resolver. Si la crisis se lee como falla personal, el costo político se concentra en Taddei; si se lee como captura, el costo se desplaza al sistema de designación y a quienes lo operaron.

La señal hacia 2027 es incómoda para todas las partes. Un árbitro bajo sospecha de parcialidad y con 19 renuncias internas es un riesgo para la integridad del proceso electoral. Córdova no anuncia candidatura ni hace campaña: es un posicionamiento analítico y político que busca que la discusión sobre el árbitro no se cierre con una renuncia cosmética. Su intervención funciona como una precandidatura de facto de la crítica institucional, no de un cargo electoral.

Qué sigue

El proceso de sustituciones dentro del INE continuará en las próximas semanas, con la pregunta abierta de si las salidas alcanzan al círculo cercano a Taddei o se detienen en mandos medios. La discusión sobre una eventual revisión del mecanismo de designación de consejeros depende de si el oficialismo acepta abrir ese frente o lo clausura. Para 2027, el punto verificable será la capacidad del instituto de operar con credibilidad suficiente mientras la sombra del escándalo sigue sobre su presidencia.

La pieza de Córdova deja una pregunta sin respuesta en la evidencia disponible: si el oficialismo tiene incentivos para revisar el mecanismo que lo llevó a controlar el árbitro, o si la crisis se gestionará como un ajuste de nombres sin tocar el diseño.