Córdova llama persecución a la auditoría del INE y apunta al oficialismo

Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), calificó como una “cortina de humo” y una persecución política las acusaciones de la administración federal y la revisión que pretende hacer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre su gestión. La respuesta no es un desmentido técnico más: es la primera vez que el exconsejero presidente enmarca la fiscalización de su periodo como parte de una operación política del oficialismo para administrar la crisis del árbitro electoral.

En entrevista, Córdova respondió a los señalamientos emitidos desde la Presidencia de la República, donde se le ha responsabilizado de haber facilitado la llegada de Guadalupe Taddei a la titularidad del INE y de abrir las puertas a contratistas vinculados con los recientes escándalos. El exconsejero sostiene que esas acusaciones buscan desviar la atención de la crisis de corrupción que hoy enfrenta el organismo electoral. “La Auditoría Superior de la Federación parece estar haciéndole el juego al Gobierno de la República en este intento, el enésimo intento, de cubrir toda responsabilidad de Morena” en el encumbramiento de Taddei, dijo.

Córdova afirmó que durante su gestión (2014-2023) el instituto fue auditado año con año sin que se encontraran irregularidades financieras mayores, y recordó que en 2022 se solicitó una auditoría especial y amplia que tampoco arrojó anomalías. “Quieren volver a auditar lo auditado, que lo hagan. No han encontrado nada ni van a encontrar irregular en mi gestión”, sostuvo. También cuestionó el papel del Órgano Interno de Control (OIC), que a su juicio ha estado ocupado por perfiles cercanos al partido oficialista para desacreditar a la institución.

Sobre el vínculo con Taddei, negó haberla “metido” al mundo electoral y sostuvo que, aunque fue designada en 2014 dentro de un grupo numeroso de consejeros locales, fueron las reformas impulsadas por Morena las que otorgaron facultades directas a la Presidencia del INE para nombramientos y licitaciones sin la contención colegiada. Respecto a los contratistas, explicó que el mercado de insumos electorales arrastra tendencias oligopólicas desde hace 25 años, una competencia que corresponde vigilar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y a la Secretaría de Economía, no de manera directa al INE. Recordó que en 2015 y 2018 se encomendó la producción de boletas a Talleres Gráficos de México para reducir esa dependencia.

La exconsejera del Instituto Federal Electoral (IFE) María Marván Laborde respaldó la advertencia desde otro ángulo: la investigación sobre presuntos actos de corrupción en el INE no debe convertirse en una cacería de brujas retroactiva. “Decir que estos señores han sido proveedores desde los noventa no significa que desde entonces todas las compras se hayan hecho mal”, señaló la también investigadora de la UNAM. Añadió que fiscalizar los últimos 25 años del instituto, desde la época del IFE, entraña el riesgo de fabricar culpables y debilitar la democracia.

La lectura política

El movimiento tiene una función práctica clara: Córdova busca trasladar el costo político de la crisis del INE del terreno administrativo al terreno de la disputa por el control del árbitro electoral. Al calificar la revisión de la ASF como persecución, no solo se defiende: coloca al oficialismo como el actor que diseñó las reglas —la reforma que concentró facultades en la Presidencia del INE— y que ahora señala a quienes gobernaron antes. Es una operación de reencuadre: si la auditoría se percibe como venganza, pierde legitimidad; si se percibe como rendición de cuentas, golpea a Córdova y a los exconsejeros.

El incentivo del oficialismo es igualmente reconocible. La crisis en torno a Taddei ocurre en un ciclo electoral que desemboca en 2027, cuando el INE deberá organizar comicios concurrentes y renovar buena parte de su credibilidad pública. Fiscalizar 25 años de historia del instituto permite repartir responsabilidades hacia administraciones pasadas y diluir la carga sobre la actual. Marván lo nombró con precisión: el paso del discurso de “no somos iguales” al de “los otros también lo hacían”.

El equilibrio interno del INE queda expuesto. Un OIC cuestionado por su cercanía al oficialismo, una ASF cuya independencia se pone en duda desde la oposición y un Consejo General que ya no opera con los mismos contrapesos colegiados de hace una década configuran un árbitro vulnerable justo cuando más se le exigirá imparcialidad. La señal rumbo a 2027 es que la disputa por el INE ya no es solo técnica: es una disputa por quién define qué se investiga y a quién se le cree.

Córdova no es candidato ni precandidato de nada; su posición es la de un actor que busca preservar capital político y reputación institucional frente a una revisión que podría escalar. La lectura de “persecución” es suya y no constituye una resolución judicial ni administrativa: la ASF no ha fincado responsabilidades y el exconsejero no ha sido sancionado. Lo que sí está en juego es el precedente: si la fiscalización del pasado se convierte en instrumento de combate político, el costo lo paga la institución que debe arbitrar 2027.

Qué sigue

La ASF deberá definir el alcance formal de la revisión de los últimos 25 años del INE y notificar sus resultados preliminares; hasta entonces, las acusaciones cruzadas no tienen sustento documental público. El OIC del instituto enfrenta el cuestionamiento sobre su independencia y sus investigaciones previas. Córdova anunció que se defenderá “defendiendo la democracia y la institucionalidad frente a los abusos del poder”, lo que anticipa una estrategia pública sostenida. El punto verificable será si la ASF emite hallazgos concretos sobre su gestión o si, como él afirma, la revisión concluye sin irregularidades mayores.