Dresser lleva juicio político contra Taddei a la Cámara de Diputados

La politóloga Denise Dresser anunció que presentará la próxima semana, ante la Cámara de Diputados, una demanda de juicio político contra Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de que se investigue su gestión, se deslinden responsabilidades y, en su caso, se impongan sanciones. El anuncio convierte una salida administrativa —la renuncia de Taddei— en un expediente político abierto y traslada al Poder Legislativo la discusión sobre cómo se rinde cuentas en el árbitro electoral.

Dresser sostuvo que la Constitución permite a los ciudadanos emprender este tipo de demandas contra cualquier funcionario del INE y que existe un plazo de un año para iniciar el procedimiento. Su intención declarada es que se acrediten posibles conductas graves y se determinen sanciones, incluida la inhabilitación para ocupar cargos públicos. La demanda no es una sentencia ni una destitución: es una solicitud que deberá procesar la Cámara de Diputados y que, para prosperar, requiere cumplir los requisitos y los votos que fija la ley.

La también analista convocó a ciudadanos, organizaciones civiles y académicos a respaldar la solicitud y adelantó que circulará un documento para recabar firmas. "Renunciar no es rendir cuentas", afirmó, y sostuvo que "una carta de renuncia no puede convertirse en un certificado de inocencia". El respaldo ciudadano funciona, en la práctica, como un mecanismo de presión política y de legitimidad pública para un trámite que de otro modo podría quedar archivado en una comisión legislativa.

En su intervención, Dresser criticó la concentración de atribuciones en la presidencia del Consejo General durante la gestión de Taddei, la incorporación de personas cercanas a la estructura institucional y el debilitamiento de los contrapesos internos. Afirmó que "se creó este mandato casi unipersonal" y vinculó ese diseño con incentivos para prácticas irregulares. También cuestionó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en las que, a su juicio, se busca desvincular a Morena de la designación de Taddei, y recordó que la llegada de la exconsejera ocurrió mediante una insaculación tras la falta de consenso, con el respaldo de la mayoría de Morena en el Congreso.

La lectura política

El movimiento de Dresser cumple una función distinta a la de una denuncia penal: coloca el desempeño del INE en la agenda legislativa y obliga a los grupos parlamentarios a fijar posición sobre un tema que la renuncia pretendía cerrar. En términos de incentivos, la demanda presiona a Morena y a sus aliados a defender o deslindarse de una gestión que ellos mismos respaldaron, mientras ofrece a la oposición un punto de rendición de cuentas con alto valor simbólico.

El límite es claro: no existe aún una candidatura ni un procedimiento formal admitido. Lo que hay es una aspiración ciudadana con respaldo público en construcción. Su peso político dependerá de cuántas firmas reúna, de si la Cámara de Diputados la admite y de si el caso se convierte en un eje de fiscalización del árbitro electoral rumbo a 2027.

El episodio también envía una señal a los aliados y adversarios del gobierno: la salida de un funcionario no clausura automáticamente la discusión sobre su gestión. Esa lógica, aplicada al INE, puede trasladarse a otros nombramientos y a la discusión sobre el diseño institucional del organismo.

Qué sigue

La presentación formal de la demanda ante la Cámara de Diputados está anunciada para la próxima semana. Después deberá verificarse si cumple los requisitos de procedencia, si se turna a la comisión correspondiente y si se abre un periodo de investigación. Dresser iniciará la recolección de firmas. El plazo de un año para iniciar el procedimiento marca la ventana temporal del caso.