RUTA 27 · HIGH
Dresser lleva juicio político contra Taddei al Congreso con 13 mil firmas
La académica entregó la demanda en la Cámara de Diputados y retó a Morena a deslindarse de la exconsejera presidenta con votos, no con discursos. El procedimiento depende de una bancada que ella misma señala como responsable de la colonización del INE.
Denise Dresser presentó una demanda de juicio político contra Guadalupe Taddei ante la Cámara de Diputados, respaldada por más de 13 mil firmas. Acusa corrupción y uso patrimonialista del INE, y reta a Morena a impulsar el procedimiento si de verdad ya no la respalda. El caso mide la autonomía del árbitro electoral rumbo a 2027 y obliga a la bancada mayoritaria a fijar posición.
La politóloga Denise Dresser entregó este 3 de noviembre una demanda de juicio político contra la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, en la Cámara de Diputados. Lo hizo de manera personal, respaldada por más de 13 mil firmas ciudadanas, y con una acusación que va más allá del expediente administrativo: sostiene que la gestión de Taddei no solo incurrió en presuntos actos de corrupción, sino que erosionó la colegialidad del Consejo General al colocar leales en la estructura operativa del árbitro electoral.
La demanda no es un trámite aislado. Llega después de que Dresser anunciara el 29 y el 30 de octubre su intención de reunir firmas y presentar el recurso, y coincide con una coyuntura en la que el propio INE anunció que denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) una red de corrupción vinculada a Taddei y en la que suman 30 bajas de personas cercanas a la exconsejera presidenta. Ese contexto refuerza la posición de la denunciante: el juicio político deja de ser una causa personal y se convierte en el vehículo ciudadano para que las revelaciones periodísticas sobre contratos irregulares y adjudicaciones a allegados tengan consecuencia institucional.
El recurso se apoya en una facultad constitucional que permite a los ciudadanos demandar juicio político contra funcionarios del órgano electoral hasta un año después de que dejen el cargo. Dresser solicita investigar la gestión de Taddei, acreditar conductas graves y aplicar la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La renuncia de Taddei, ocurrida tras las revelaciones sobre contratos irregulares, no cerró el caso: lo trasladó al terreno donde la política electoral se negocia.
La lectura política
El movimiento de Dresser funciona, en la práctica, como un mecanismo de presión sobre la bancada mayoritaria. Al retar a Morena a demostrar con votos su deslinde de Taddei, la académica convierte el juicio político en un test de coherencia para un partido que controla la Cámara y que, según la denunciante, impulsó la colonización partidista del INE. Si Morena frena el procedimiento, queda expuesto a la acusación de proteger a su exaliada; si lo permite, acepta que la gestión de Taddei fue un lastre y abre un flanco interno.
El cálculo no es menor rumbo a 2027. El INE será el árbitro de la elección presidencial y de la renovación del Congreso, y la integridad de su estructura operativa es una condición para la competencia. La demanda coloca el tema de la autonomía electoral en la agenda pública antes de que arranque formalmente el proceso, y obliga a los aspirantes y dirigentes de todas las fuerzas a fijar posición sobre un organismo que debería estar fuera de la disputa partidista. Para la oposición, es una oportunidad de exigir cuentas sin aparecer como promotora de una cacería; para Morena, es una prueba de hasta dónde está dispuesto a cargar con el costo político de una exfuncionaria cuya salida ya reconoció como problema.
El límite es claro: no existe aún una candidatura ni una precandidatura en juego, sino un posicionamiento ciudadano que busca ordenar el debate sobre la limpieza del árbitro electoral. La demanda no garantiza que el juicio político prospere; depende de la voluntad de la Cámara. Pero sí instala un precedente verificable: la sociedad civil puede llevar al Congreso un caso de corrupción electoral y exigir a los legisladores que se pronuncien con votos, no con discursos.
Qué sigue
La Cámara de Diputados deberá recibir la demanda y determinar si cumple los requisitos para iniciar el procedimiento de juicio político. No hay fecha pública para esa decisión. En paralelo, el INE anunció que denunciará ante la FGR la red de corrupción vinculada a Taddei, y las bajas de personas cercanas a la exconsejera presidenta continúan. El expediente judicial y el político avanzan por carriles distintos, pero ambos miden la misma cosa: qué tan dispuestas están las instituciones a rendir cuentas sobre la gestión que debilitó la colegialidad del árbitro electoral.