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Mier pide a FGR investigar a Taddei por video con contratista
El coordinador de Morena en el Senado pide investigación de oficio por el contrato de credenciales de más de mil millones de pesos. La misma bancada que respaldó al INE en septiembre ahora exige que la fiscalía actúe.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, pidió a la Fiscalía General de la República investigar de oficio a Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, tras un video donde pacta beneficios con el contratista Alfredo Hernández por la producción de credenciales de elector. El caso toca un contrato de más de mil millones de pesos y ocurre a meses de que arranque el proceso electoral de
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, pidió este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación de oficio contra Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que se difundiera un video en el que se le observa pactar beneficios con el contratista Alfredo Hernández en el contrato para producir la credencial de elector. La petición no es una denuncia formal ni una acusación: es un emplazamiento público para que la fiscalía actúe sin esperar querella, y llega desde el partido que gobierna.
El material difundido muestra a Taddei y a Hernández acordar el reparto de beneficios derivados de un contrato celebrado en diciembre de 2025, con recursos superiores a mil millones de pesos. Mier sostuvo que "no debe haber impunidad" y que la investigación debe seguir el debido proceso: "justicia pronta, expedita, sin privilegios". También evitó profundizar: "serán las autoridades competentes, jurisdiccionales en su caso, y la Auditoría Superior la que finque responsabilidades".
El líder senatorial amplió el marco y llevó la discusión al origen del arreglo institucional. Mier atribuyó el andamiaje del contrato al "Pacto por México" y cuestionó por qué el esquema de producción de credenciales se mantiene con un costo de mil millones de pesos. Es una línea argumental que desplaza la responsabilidad individual hacia el diseño heredado, sin dejar de pedir consecuencias para la exfuncionaria.
En el mismo encuentro, Mier se deslindó del caso de Amílcar Olán, señalado en la conversación pública tras un video de Andrés Manuel López Beltrán. Dijo que si hay indicios se investigue: "no somos tapadera de nadie". La frase busca separar dos escándalos que la oposición tiende a presentar como uno solo.
La lectura política
El movimiento de Mier tiene una función práctica: coloca a Morena del lado de la fiscalización y no de la defensa corporativa de una funcionaria saliente, en un año en que el partido necesita administrar el desgaste del árbitro electoral sin cargar con él. La petición de investigación de oficio es, en los hechos, una operación de deslinde anticipado: si la FGR actúa, Morena aparece como promotor del castigo; si no actúa, el costo recae en la fiscalía y no en el partido.
El contraste con el registro reciente es nítido. En septiembre, Mier respaldó públicamente al INE, pidió un voto de confianza frente a la controversia de las boletas y llamó a evitar descalificaciones que minaran la confianza ciudadana. Ese respaldo institucional y esta exigencia de investigación no son contradictorios en la lógica del actor: uno protegía al organismo, el otro protege al partido de la sombra de Taddei. Lo que cambió no es la posición sobre el INE, sino el cálculo sobre el costo de asociarse a una presidenta saliente cuestionada.
Hay además un incentivo de calendario. Rumbo a 2027, Morena necesita que el proceso electoral arranque con un árbitro cuya credibilidad no esté en disputa permanente. Investigar a la exconsejera permite al partido reclamar la bandera anticorrupción sin abrir un frente contra el instituto en pleno. Es la diferencia entre candidatura formal, aspiración y posicionamiento: aquí no hay precandidatura de facto ni sucesión en juego, sino una maniobra de reposicionamiento de marca partidista frente a un caso que la oposición ya capitaliza.
El límite es claro: Mier no presentó denuncia, no aportó pruebas propias y remitió todo a la FGR y a la Auditoría Superior de la Federación. Su petición es política, no jurídica. Y la investigación de oficio depende de que la fiscalía encuentre elementos para ejercerla, algo que aún no ha ocurrido.
Qué sigue
La FGR debe definir si abre o no una carpeta de investigación de oficio; no hay plazo público comprometido. La Auditoría Superior de la Federación tiene pendiente el periodo de observaciones y, en su caso, el fincamiento de responsabilidades sobre el contrato de diciembre de 2025. Taddei no ha sido citada ni imputada formalmente. El Senado, mientras tanto, sigue sin convocar comparecencias sobre el caso, y la oposición ya anunció que insistirá en el tema en el pleno.
