INE revisa a su primer nivel con 30 bajas y Taddei fuera

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que la revisión de su primer nivel no ha terminado. Mediante un proceso colegiado de las 10 consejerías, el organismo analiza la situación de los integrantes de la Junta General Ejecutiva y del personal directivo, incluidos los cargos vinculados a la oficina de la expresidenta Guadalupe Taddei. La revisión abarca además las relaciones funcionales y los procesos de contratación que, a partir de información pública reciente, deban examinarse.

El anuncio llega con una cifra que ya no es menor: hasta el martes 3 de noviembre el INE acumulaba 30 bajas por renuncia. Entre ellas están 17 personas de la oficina de la expresidenta, incluido el jefe de esa oficina, Carlos Daniel Luna Rosas. A nivel directivo salieron José Alberto Pérez de Acha, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social; Alfonso Burciaga Esparza, de Recursos Materiales, y Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de oficina de la Secretaría Ejecutiva.

El INE sostiene que las bajas se procesan bajo criterios de colegialidad, legalidad y debido proceso, y que informará conforme avance la revisión. También se registraron renuncias de mandos medios y operativos: la titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, coordinaciones de procesos registrales, subdirecciones de transporte y apoyo a órganos colegiados. El comunicado no ofrece nombres nuevos ni fechas de resolución para los casos que siguen abiertos.

La diferencia entre lo ocurrido y lo que falta es central. Hasta ahora hay renuncias y una revisión anunciada, no resoluciones administrativas ni sanciones. El INE no ha informado si algún integrante de la Junta General Ejecutiva será removido, si se abrirán procedimientos específicos por las contrataciones señaladas o si las consejerías votarán un dictamen. La revisión de contratos se anuncia como parte del mismo proceso, pero sin plazo público.

La lectura política

El movimiento cumple una función práctica: ordenar la salida de la administración anterior sin que la presidenta provisional cargue sola con la decisión. Al llevarlo al pleno de las 10 consejerías, el INE convierte una crisis de confianza en un procedimiento institucional. Eso distribuye el costo político entre consejerías y dificulta que la remoción se lea como ajuste de cuentas de una sola persona.

El incentivo es doble. Hacia adentro, la colegialidad permite contener una ruptura en la Junta General Ejecutiva, donde conviven cargos designados en la gestión de Taddei con áreas que deben operar el proceso electoral 2026-2027. Hacia afuera, envía una señal a partidos, gobiernos locales y al Congreso: el árbitro se está limpiando antes de que arranque formalmente la contienda. La credencialización, la fiscalización y la organización de comicios locales en Guerrero y Oaxaca —donde el INE declaró desiertas tres designaciones de consejerías— no admiten un vacío prolongado.

La revisión funciona como una precandidatura de legitimidad: el INE se coloca en posición de demostrar control antes de 2027, pero aún no ha acreditado que lo tenga. No hay una candidatura formal ni un acto equivalente; hay un proceso administrativo en curso cuyo alcance real se medirá por lo que ocurra con la Junta General Ejecutiva y con los contratos bajo análisis. Si la revisión termina en renuncias ya consumadas y sin hallazgos, el mensaje será de continuidad. Si alcanza a integrantes de la Junta, el mensaje será de ruptura controlada.

El costo político está en el calendario. Cada semana sin dictamen alarga la percepción de un INE en revisión de sí mismo mientras debe organizar el proceso electoral. La oposición puede usar ese hueco para cuestionar la imparcialidad del árbitro; los aliados del instituto, para exigir que la limpieza no se quede en el personal de la oficina de la expresidenta.

Qué sigue

La siguiente señal verificable es el informe que el INE prometió publicar conforme avance la revisión. No hay fecha anunciada para un dictamen sobre la Junta General Ejecutiva ni para resoluciones sobre contrataciones. En paralelo, el instituto debe resolver las designaciones desiertas de consejerías en Guerrero y Oaxaca y sostener el calendario de credencialización, cuya fecha límite para la Lista Nominal es el 25 de enero de 2027. El presupuesto de 41 mil millones de pesos propuesto para 2027, con más de 10 mil millones para partidos, también pasará por la misma coyuntura de credibilidad.

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