Extrabajadores del INE denuncian hostigamiento en área clave del servicio electoral

Extrabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) denunciaron hostigamiento laboral, señalamientos y despidos injustificados dentro de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), el área que gobierna el ingreso, la evaluación, la promoción y la permanencia de quienes operan las elecciones en todo el país. Los testimonios, recogidos por La Silla Rota, ubican los hechos durante la gestión de funcionarios cercanos a la entonces presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, y añaden un segundo frente: la falta de claridad sobre el destino de ahorros presupuestales cercanos a cuatro millones de pesos generados en esa misma dirección.

El relato no es un conflicto laboral aislado. La DESPEN es la columna que garantiza que el personal electoral no responda a un gobierno, a un partido ni a un grupo interno, sino a un concurso público, y por eso lo que ocurre en su interior tiene consecuencia directa sobre la equidad de la contienda de 2027. Los entrevistados sostienen que los cambios comenzaron con el nombramiento de Roberto Carlos Félix como encargado de despacho de la DESPEN, cargo que ocupó de enero de 2024 a julio de 2025 y que hoy ejerce como secretario ejecutivo del INE, el segundo puesto de mayor jerarquía en el Instituto. Félix fue secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Sonora cuando Taddei lo presidía.

Los testimonios describen un patrón: funcionarios con vínculo personal o político con la presidencia del INE colocados en puestos que deciden carreras dentro del servicio profesional, y procedimientos administrativos que terminaron en separaciones de personal. Uno de los entrevistados afirmó que Félix y Juan Manuel Barajas, entonces en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, "siempre estaban en la oficina de Taddei" y no en sus áreas. Otro describió el ambiente como "el régimen de Taddei", con miedo generalizado entre el personal.

El nombre de Elsa Etelvina Sánchez Díaz, designada en la Dirección de Profesionalización y con amistad con Taddei desde los años 90, aparece en el centro de las acusaciones. Extrabajadores señalaron que actuaba con prepotencia y citaron frases como "yo vengo de presidencia, yo vengo directo". Según los testimonios, durante su gestión se registraron prácticas de hostigamiento, señalamientos contra trabajadores y procedimientos que derivaron en separaciones de cargos. Las inconformidades se presentaron ante instancias jurídicas del Instituto y ante consejerías electorales, sin que, de acuerdo con los entrevistados, se adoptaran medidas suficientes. Algunos casos llegaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que emitió resoluciones favorables a extrabajadores por despidos injustificados.

La lectura política

El punto sensible no es solo el trato laboral, sino quién controla la puerta de entrada y salida del servicio profesional electoral. Si el área que evalúa y remueve personal queda asociada a lealtades personales o políticas, el mensaje que recibe cada funcionario de carrera es que su permanencia depende de la cercanía con el grupo en turno, no del concurso. Ese incentivo, aunque no se traduzca en una instrucción explícita, erosiona la autonomía práctica del árbitro en un ciclo electoral que culminará en 2027.

El caso también ilumina una discusión previa sobre el diseño institucional. Durante la reforma al Poder Judicial de 2024, legisladores de Morena y aliados avalaron una modificación para que la presidencia del INE pudiera nombrar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin el voto de ocho de las once consejerías que antes se exigía. Taddei evadió ese mecanismo colegiado mediante encargados de despacho, figuras temporales que permanecieron meses o años en el cargo. La denuncia de la DESPEN no es separable de esa concentración de facultades: un área estratégica quedó bajo designaciones de confianza mientras el contrapeso colegiado se debilitaba.

El segundo hilo, el de los casi cuatro millones de pesos en ahorros por contrataciones tecnológicas en 2023, introduce un riesgo distinto: el de la opacidad presupuestal. Los entrevistados mencionaron que al interior de la Dirección de Profesionalización se habló de destinar parte de esos recursos a proyectos académicos sobre democracia, con referencia al investigador John Ackerman, pero no existe documentación que acredite transferencia, devolución o reasignación. Sin papeles, la sospecha no se convierte en hecho, pero tampoco se despeja: queda como una zona gris que solo una auditoría puede cerrar.

El contexto inmediato agrava la percepción. Taddei renunció a la presidencia del INE en medio de señalamientos sobre colusión con empresas proveedoras, y la propia Secretaría de Gobernación la conminó a dejar el cargo. En ese marco, las denuncias sobre la DESPEN dejan de leerse como un pleito interno y se integran a una discusión más amplia sobre cómo se administró el Instituto en los últimos años.

Para 2027, el costo político es doble. Para el INE, porque la confianza en el árbitro se construye con procedimientos verificables, no con declaraciones. Para las fuerzas políticas, porque quien aspire a gobernar tendrá que pronunciarse sobre la autonomía del servicio profesional sin que su posición parezca cálculo electoral. Y para los propios trabajadores del servicio, porque las resoluciones del TEPJF a su favor acreditan que al menos algunos despidos no resistieron el escrutinio jurídico.

Qué sigue

Las preguntas verificables son concretas: si la Secretaría Ejecutiva del INE abre una revisión interna sobre las separaciones de personal en la DESPEN; si el Órgano Interno de Control documenta el destino de los casi cuatro millones de pesos en ahorros; si las consejerías electorales retoman las inconformidades que, según los testimonios, quedaron sin respuesta suficiente; y si el TEPJF acumula nuevas resoluciones que confirmen o desmientan el patrón de despidos injustificados. También queda por verse si la nueva presidencia del Instituto mantiene o remueve a los funcionarios señalados, decisión que enviará una señal temprana sobre el rumbo del árbitro de cara a 2027.