Gutiérrez Luna demanda por daño moral a periodista que lo vincula al INE

El diputado Sergio Gutiérrez Luna anunció que emprenderá acciones legales por daño moral contra la periodista Aurora Zepeda, a quien identifica como responsable de los señalamientos que lo vinculan con un presunto cobro de diezmos y con la asignación irregular de plazas en el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE). El vicepresidente de la Cámara de Diputados hizo el anuncio mediante un posicionamiento y un video difundido en redes sociales, en el que sostuvo que las acusaciones son falsas y que ya había agotado la vía del derecho de réplica.

La disputa dejó de ser un desmentido público y se traslada a la vía judicial, donde el legislador busca que un juez determine si los señalamientos le causaron un daño indemnizable. En su mensaje, Gutiérrez Luna afirmó: "He decidido emprender acciones legales por daño moral contra quienes insisten en vincularme en un grave delito, sin pruebas ni sustento". Añadió que solicitó una aclaración al diario y a la periodista, que la aclaración fue publicada, pero que los señalamientos continuaron, incluida una intervención en el espacio radiofónico de Azucena Uresti.

El legislador negó de manera categórica tener control sobre las plazas del Órgano Interno de Control del INE y haber cobrado cuotas a trabajadores del organismo. Sostuvo que las acusaciones deben investigarse y que, en caso de comprobarse irregularidades, se sancione a los responsables, pero consideró que también debe haber consecuencias legales para quienes lo señalan reiteradamente sin pruebas. "Ante ello, el único camino que me queda es la presentación de una demanda por daño moral", expresó.

El contexto inmediato es relevante: días antes, excolaboradores del Órgano Interno de Control del INE denunciaron públicamente la práctica del llamado "diezmo" y una supuesta colonización del organismo, mientras la Auditoría Superior de la Federación envió auditores para revisar anomalías. Gutiérrez Luna calificó esos señalamientos como parte de una campaña de la derecha. Hasta ahora no existe resolución judicial ni administrativa que acredite su participación en los hechos que se le atribuyen.

La lectura política

El movimiento cumple una función práctica: desplazar el terreno de la controversia del escrutinio periodístico al litigio, donde el legislador puede obligar a la contraparte a probar y donde el costo de persistir en la acusación se eleva. No es una candidatura ni una precandidatura formal; es una operación de contención de daño reputacional en un actor que, por su posición en la Cámara de Diputados, participa en decisiones sobre el árbitro electoral.

El incentivo es doble. Por un lado, Gutiérrez Luna busca preservar margen de maniobra en un momento en que el Congreso discute la integración del INE tras la salida de Guadalupe Taddei y en que la Jucopo negocia piezas clave del organismo. Por otro, la demanda envía una señal a aliados y adversarios: quien insista en vincularlo con el caso enfrentará consecuencias legales. Esa señal puede enfriar coberturas y testimonios, aunque también puede multiplicar la atención sobre el reportaje original.

El límite legal es claro: una demanda por daño moral no determina la veracidad de los señalamientos ni equivale a una exoneración. La protección de la libertad de expresión y el estándar de interés público en asuntos electorales son factores que un juez deberá ponderar. La evidencia disponible no permite anticipar el sentido de la resolución.

Qué sigue

La demanda deberá presentarse formalmente y ser admitida por un juez civil, que fijará plazos para ofrecer pruebas y para que la periodista responda. En paralelo, la ASF continúa su revisión del Órgano Interno de Control del INE y la Cámara de Diputados mantiene pendiente la definición de consejerías y la negociación en la Jucopo. Cualquiera de esas rutas puede reabrir el caso antes de que el proceso electoral 2027 entre en su etapa formal.