Historiador sostiene que la violencia política bajó; el debate electoral queda abierto

El historiador Ariel Rodríguez Kuri, investigador de El Colegio de México (Colmex), sostuvo en Culiacán que la violencia política ha disminuido en México y que la apertura y la competencia político-electoral explican esa reducción. La afirmación, hecha durante la conferencia magistral “¿Violencia política o solo violencia? Nuestro lugar historiográfico” en la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), no es un dato de coyuntura: es una tesis sobre cómo se mide el riesgo en un país que se prepara para renovar buena parte de su mapa político rumbo a 2027.

Rodríguez Kuri distinguió la violencia política —la disputa por el poder formal, los procesos electorales y el control de espacios de gobierno— de otras violencias, como la criminal o la coerción social, que dijo han crecido. “Contra todo lo que parece y contra el sentido común que impera en la sociedad mexicana, claramente la violencia política se ha reducido; es decir, hay menos violencia política y eso es para bien del país”, expresó el académico.

La conferencia cerró las actividades de un seminario académico de la UAS. El investigador llegó al tema por sus estudios sobre los movimientos armados clandestinos y las guerrillas de la década de 1970, periodo en el que Sinaloa fue uno de los escenarios de mayor intensidad, junto con Guerrero, Jalisco, Michoacán y la zona fronteriza. De ahí su advertencia: la falta de claridad conceptual puede llevar a interpretar el contexto actual como una repetición de los años setenta. “Hay otro tipo de violencias, algunas de las cuales han crecido mucho, pero me parece que el término es tan borroso y sus fronteras tan inciertas que solemos perdernos y pensar que estamos como en los años setenta”, indicó.

La distinción no es un matiz académico menor. En la conversación pública mexicana, la violencia política suele nombrarse de forma indistinta para describir agresiones a candidatos, presiones de grupos criminales sobre gobiernos municipales, conflictos entre poderes o disputas internas de partidos. Rodríguez Kuri propone separar el conflicto por el poder formal —que, según su lectura, se canaliza hoy por vías institucionales y electorales— de la violencia que no tiene como objetivo directo el control del gobierno.

La lectura política

La tesis del historiador ofrece un marco útil para el debate electoral, pero también un riesgo: puede leerse como un aval a la idea de que el proceso rumbo a 2027 está exento de riesgos. Lo que el académico afirma es más acotado: que la competencia electoral ha sustituido parte de la violencia que antes se dirimía fuera de las urnas. Eso no equivale a decir que el proceso esté libre de presiones, ni que las agresiones a actores políticos hayan desaparecido.

El planteamiento importa porque define el estándar con el que se medirá el riesgo político en 2027. Si la violencia política se entiende como disputa por el poder formal, entonces los indicadores relevantes son la competencia partidista, la alternancia y la canalización institucional del conflicto. Si se entiende de forma amplia, cualquier agresión entra en la misma bolsa y el diagnóstico se vuelve indistinguible del de la violencia criminal. La distinción de Rodríguez Kuri no resuelve el debate, pero lo ordena.

También tiene una consecuencia para los actores: gobiernos, partidos y autoridades electorales pueden usar la tesis para argumentar que el proceso avanza en un entorno de menor riesgo político, mientras las víctimas de otras violencias quedan fuera del conteo. Esa es la parte que la evidencia disponible no permite cerrar: el académico no presentó cifras ni un método de medición en la información difundida, y su afirmación se sostiene en una interpretación historiográfica, no en un registro de incidentes electorales.

Qué sigue

El debate queda abierto en dos frentes verificables. Primero, el académico anunció que su investigación amplía el cuestionamiento hacia la naturaleza violenta de las sociedades, lo que podría traducirse en nuevas publicaciones o conferencias sobre el tema. Segundo, rumbo a 2027, la discusión sobre cómo clasificar y medir la violencia política seguirá en manos de las autoridades electorales, los partidos y los organismos de observación, que tendrán que decidir qué incidentes cuentan como riesgo para el proceso y cuáles se atribuyen a otras violencias. La conferencia no fijó fecha para una próxima entrega, pero dejó planteado el marco con el que se discutirá el tema.