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IEE Sonora abre expedientes al escrutinio mientras su titular se aferra al cargo
Nery Ruiz Arvizu ofrece transparencia documental y disposición a nuevas auditorías, pero rechaza separarse del puesto que PAN, PRI y PRD le reclaman. La ASF ya pidió los convenios de insumos comiciales.
La Auditoría Superior de la Federación pidió al IEE Sonora los convenios de adjudicación de insumos comiciales, vinculados a proveedores señalados por su relación con la extitular del INE Guadalupe Taddei. Nery Ruiz Arvizu respondió abriendo expedientes y ofreciendo comparecer ante el Congreso, pero descartó renunciar: no existe licencia temporal en la ley electoral local. PAN, PRI y PRD ya pidier
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó formalmente al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora (IEE Sonora) documentación pormenorizada sobre los convenios de adjudicación para insumos comiciales, vinculados a corporativos bajo la lupa tras los señalamientos en torno a la extitular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala. La respuesta del organismo no fue un comunicado escueto: su consejero presidente, Nery Ruiz Arvizu, convocó a rueda de prensa para detallar cómo funcionan sus licitaciones públicas, el acceso abierto a los expedientes para consulta ciudadana y la atención inmediata que, dijo, dan a los requerimientos de los entes fiscalizadores y de los partidos.
El gesto tiene doble filo. Por un lado, el IEE Sonora convierte la opacidad en el terreno de disputa y ofrece expedientes abiertos justo cuando la ASF pregunta por contratos específicos. Por otro, el mismo funcionario que promete transparencia rechaza separarse del cargo que las dirigencias estatales del PAN, PRI y PRD le exigen dejar mientras avanzan las pesquisas.
Ruiz Arvizu sostuvo que los esquemas de adquisición bajo escrutinio ya pasaron por filtros previos: cuatro evaluaciones del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF) desde 2022, tres revisiones de la propia ASF entre 2022 y 2025 y 22 análisis del órgano de control interno, sin observaciones por anomalías. El ISAF, añadió, avaló la legalidad de los concursos de 2025. Esos antecedentes no son un salvoconducto automático, pero sí un dato que cualquier acusación tendría que remontar.
Sobre su vínculo con Taddei Zavala, el consejero presidente aclaró que su trayectoria en el organismo comenzó en 2011 —como titular jurídico, asesor y secretario ejecutivo— y que haber ocupado esas áreas no lo hace partícipe de faltas surgidas con posterioridad. Recalcó que su rol estatutario en las licitaciones se limita a protocolizar la firma de contratos ya dictaminados por comités técnicos ante notario. Y ofreció comparecer ante el Congreso de Sonora si los legisladores deciden citarlo.
La lectura política
La maniobra funciona como una defensa de posición institucional: el IEE Sonora intenta trasladar la discusión del terreno de la sospecha al de los documentos verificables. Al abrir expedientes y enumerar auditorías previas, Ruiz Arvizu busca que el costo político de una eventual remoción recaiga en quienes la piden sin una resolución que la sustente. No es una candidatura ni una precandidatura de facto: es la preservación de un cargo de árbitro electoral en el año previo a la elección de gubernatura, 21 diputaciones locales y 72 ayuntamientos.
El cálculo de los partidos es distinto. PAN, PRI y PRD no necesitan una imputación formal para pedir la separación: les basta con instalar la duda sobre la imparcialidad del árbitro antes de que arranque formalmente la contienda. La exigencia de licencia temporal opera como presión política y como mensaje preventivo: si el proceso electoral 2026-2027 se impugna después, la sombra sobre el consejero presidente ya estará sembrada. El argumento legal de Ruiz Arvizu —que la legislación electoral sonorense no contempla licencia temporal para su encargo— es correcto en términos formales, pero no agota la discusión política: la ley no obliga a renunciar, aunque tampoco impide que los partidos conviertan la negativa en bandera.
El equilibrio interno del organismo queda expuesto. Un consejero presidente que se queda mientras lo auditan y lo cuestionan gobierna con menor margen de maniobra para conducir acuerdos con las fuerzas políticas que estarán en la boleta. La señal a aliados y adversarios es ambigua: transparencia documental, sí; desgaste político, también.
Qué sigue
La ASF deberá pronunciarse sobre la documentación integrada por el IEE Sonora; no hay fecha pública para ese dictamen. El Congreso de Sonora tiene en sus manos la eventual comparecencia de Ruiz Arvizu, que él ya aceptó. El proceso electoral local 2026-2027 avanza con la instalación del Consejo General y la convocatoria a candidaturas independientes, que exige el respaldo de al menos 3% del listado nominal. Cualquier resolución fiscalizadora que llegue después del arranque formal de la contienda tendrá efectos políticos mayores que si se produce antes.