IEPC Jalisco no define si Cajas Graf seguirá como proveedor electoral en 2027

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco mantiene en suspenso una decisión que, en apariencia administrativa, define parte de la confianza con la que se organizarán los comicios de 2027: si Cajas Graf S.A. de C.V. volverá a estar entre sus proveedores de documentación y material electoral. Consultada sobre la empresa, la autoridad local evitó adelantar si la vetará o la mantendrá en su cartera, y se limitó a precisar que hoy no tiene contratos vigentes ni licitaciones abiertas para impresión de boletas.

La cautela ocurre después de que circularan denuncias por presuntas irregularidades y actos de corrupción que involucran a proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE). El IEPC sostuvo que no mantiene investigaciones abiertas contra empresas suministradoras y que la aprobación del diseño de la documentación para el Proceso Electoral Local Concurrente 2026-2027 se definirá entre noviembre y diciembre de 2026; la selección de proveedores vendría después, mediante licitación pública.

El dato que impide tratar el asunto como una simple consulta de proveeduría es la trayectoria de la empresa en Jalisco. Cajas Graf ha sido un pilar logístico del IEPC en varios comicios y en el proceso de 2018 obtuvo contratos por más de 110 millones de pesos, de acuerdo con la investigación periodística que puso el tema en la conversación pública. Esa cifra explica por qué la decisión no es menor: no se trata de una compra marginal, sino de la producción de documentación con la que se vota.

El debate llegó a la quinta sesión ordinaria del Consejo General del IEPC. Ahí, las representaciones partidistas exigieron indagatorias a fondo para deslindar responsabilidades y salvaguardar la autonomía institucional. “Las renuncias no son suficientes. Es indispensable investigar los hechos, deslindar responsabilidades y sancionar a quienes hayan incurrido en conductas ilegales”, advirtió Edgar Rábago Bricio, representante del partido Somos. Por el PRI, Jorge Sebastián Samaue Jiménez sostuvo que la salida de Guadalupe Taddei no debe dar por cerrado el escrutinio de su gestión en el INE, y respaldó su argumento con datos del INEGI sobre deterioro de la confianza ciudadana en las autoridades electorales: de 54.7% en 2023 a 48.1% en 2025 a nivel nacional, con una caída de 10.3 puntos porcentuales en Jalisco.

El IEPC respondió que toda adquisición se apega a la Ley de Compras Gubernamentales del Estado de Jalisco, que prioriza la licitación pública nacional como norma general y reserva la adjudicación directa para situaciones excepcionales. Esa respuesta ordena el procedimiento, pero no resuelve la pregunta política de fondo: qué criterios de elegibilidad aplicará el organismo a una empresa cuestionada por su desempeño en otra institución electoral.

La lectura política

La cautela del IEPC funciona, en la práctica, como una forma de no cerrar la puerta a Cajas Graf mientras tampoco asume el costo político de defenderla. No es una decisión de veto ni una renovación de confianza: es una postergación que traslada el conflicto a la etapa de licitación, cuando el calendario electoral ya esté en marcha y la discusión pública compita con otros temas.

El incentivo institucional es comprensible. El IEPC necesita producir documentación electoral con estándares de seguridad y tiempos rígidos; cambiar de proveedor implica costos de aprendizaje y riesgo operativo. Pero el costo político de mantener a una firma señalada es igualmente alto, sobre todo cuando los partidos ya convirtieron el tema en una prueba de autonomía. La autoridad local queda atrapada entre la continuidad logística y la legitimidad de la elección, y su margen de maniobra depende de que la licitación sea transparente y de que existan criterios explícitos para excluir a empresas con cuestionamientos.

Para los partidos, el tema ofrece una oportunidad de bajo costo: exigir investigaciones no los compromete con ninguna solución y les permite presentarse como vigilantes del árbitro electoral. La exigencia de Rábago y Samaue no es una acusación contra el IEPC, sino una presión para que el organismo fije posición antes de que la licitación avance. En ese sentido, el debate en el Consejo General es también una negociación sobre quién controla el relato de la integridad electoral rumbo a 2027.

El antecedente verificable más cercano es la revocación del registro del Partido Humanista local, en septiembre de 2026, cuando el IEPC acató una resolución del Tribunal Electoral del estado. Ese caso muestra que el organismo puede tomar decisiones incómodas cuando existe una orden jurisdiccional; aquí, en cambio, no hay resolución que lo obligue a vetar a nadie. La diferencia importa: sin una instrucción judicial o administrativa superior, el IEPC conserva discrecionalidad y, con ella, la responsabilidad política de justificarla.

La señal que envía a aliados y adversarios es ambigua. A los partidos les dice que el organismo no se adelantará a investigar por cuenta propia; a los proveedores, que la puerta no está cerrada; a la ciudadanía, que la decisión se tomará más adelante y con base en la ley de compras. Ninguna de esas señales resuelve el problema de confianza que los propios partidos midieron con datos del INEGI.

Qué sigue

El primer hito verificable es la aprobación del diseño de la documentación electoral para el Proceso Electoral Local Concurrente 2026-2027, prevista entre noviembre y diciembre de 2026. Después vendrá la licitación pública para la selección de proveedores. En ese lapso, el IEPC deberá definir si establece criterios de elegibilidad adicionales para empresas cuestionadas y si abre alguna indagatoria interna, hoy inexistente según su propia respuesta. Los partidos, por su parte, tienen la vía de insistir en el Consejo General o de acudir al Tribunal Electoral del estado si consideran que la licitación no garantiza condiciones de equidad. La pregunta que queda abierta es si el organismo fijará posición antes de que el calendario electoral lo obligue a decidir con menos margen.