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OIC del INE audita al OPLE de Veracruz por 303 millones en contratos
El órgano de control federal pidió expedientes de licitación al árbitro veracruzano por tres proveedores de material electoral vinculados al caso Taddei-Hernández Casillas. La presidenta del OPLE sostiene que ninguna empresa observada por la ASF fue contratada desde 2022.
El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carventes, exigió al OPLE de Veracruz expedientes de licitación por 303 millones de pesos pagados a tres proveedores de material electoral ligados al presunto caso de corrupción Taddei-Hernández Casillas. El OPLE tiene 10 días hábiles para responder. La presidenta Marisol Delgadillo niega irregularidades. Es la primera vez que el contro
El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carventes Contreras, requirió al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz los expedientes completos de licitación por 303 millones 34 mil 103.36 pesos pagados a tres proveedores de material electoral vinculados al presunto caso de corrupción Guadalupe Taddei-Alfredo Hernández Casillas. El OPLE tiene 10 días hábiles para entregar convocatorias, propuestas de proveedores, actas de comités y demás documentación de los procedimientos de adquisición.
El requerimiento no es una sanción ni una imputación: es una diligencia de verificación que, en la práctica, coloca al árbitro electoral veracruzano bajo escrutinio del control federal del INE a menos de un año del arranque formal del proceso 2026-2027. Las empresas señaladas son Cajas Graf, Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales, con contratos que abarcaron distintos comicios en los que se usaron materiales electorales. Según el desglose difundido por Carventes, Formas Finas y Materiales concentró 161 millones 124 mil pesos; Cajas Graf —vinculada a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas—, 141 millones 775 mil 200 pesos; y Corporativo ZEG, 134 mil 903.36 pesos.
La consejera presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, respondió con una defensa de gestión: aseguró que desde 2022 las licitaciones fueron "blindadas" y que ninguna empresa requerida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido contratada en los últimos cuatro años. Sostuvo que los ejercicios 2023 y 2024 fueron auditados por la ASF "sin observaciones financieras" y que 2025 está en proceso de revisión. Reconoció que llegó un requerimiento por información de contratos vinculados a ocho empresas, pero insistió en que ninguna fue contratada en su administración.
Sobre el vínculo con la persona física señalada, Delgadillo ofreció un argumento técnico que conviene leer con cuidado: dijo que el proveedor "está inscrito en padrón desde 2018" y registrado ante el SAT con actividades comerciales que le permiten participar en adquisiciones. Es una defensa de legalidad formal —estar en el padrón y tener actividad comercial declarada—, no una refutación del conflicto de interés que se le atribuye. La distinción importa: una empresa puede cumplir requisitos de ley y aun así concentrar adjudicaciones en condiciones políticamente costosas.
La lectura política
El movimiento del OIC del INE tiene una función práctica clara: trasladar el escrutinio del caso Taddei-Hernández Casillas del terreno mediático al terreno documental del árbitro veracruzano. Hasta ahora el señalamiento se movía en declaraciones, señales y coberturas; un requerimiento con plazo de 10 días hábiles obliga al OPLE a producir papeles y abre la posibilidad de hallazgos formales. Eso cambia el costo político: ya no se discute solo la cercanía del empresario con la exconsejera presidenta del INE, sino la trazabilidad de 303 millones de pesos en contratos de material electoral en una entidad clave.
Para el OPLE, el incentivo inmediato es demostrar que su blindaje es verificable, no retórico. La defensa de Delgadillo se apoya en la ausencia de observaciones de la ASF en 2023 y 2024, lo que le da margen, pero deja abierto el ejercicio 2025 y no responde al fondo del conflicto de interés. Para el INE, el requerimiento envía una señal de que el control federal no se detiene en la frontera de los organismos locales, aunque la relación entre ambos niveles es de coordinación, no de jerarquía sancionadora directa.
Rumbo a 2027, el caso ordena el tablero veracruzano de una manera incómoda: quien presida el OPLE y quien administre sus compras queda expuesto a que el caso se convierta en tema de campaña. Veracruz es una de las plazas donde la disputa por la gubernatura y el Congreso local será más intensa, y cualquier hallazgo del OIC puede ser usado por adversarios para cuestionar la imparcialidad del árbitro. No hay aún candidatura formal ni precandidatura de facto en juego; lo que está en disputa es la credibilidad institucional del organismo que organizará la elección.
Qué sigue
El OPLE Veracruz tiene 10 días hábiles para entregar los expedientes de contratación, convocatorias, propuestas de proveedores y actas de comités. Con esa documentación, el OIC del INE determinará si abre o no un procedimiento formal. En paralelo, la ASF mantiene en proceso la revisión del ejercicio 2025, y el OPLE deberá responder también a ese requerimiento. La pregunta verificable es si el cruce de papeles confirma que las empresas señaladas participaron en licitaciones durante la gestión de Delgadillo o si, como ella sostiene, quedaron fuera desde 2022.