INE frena contratos y pide renuncias a cercanos de Taddei

La presidenta interina del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, anunció la detención de todos los procesos de entrega de nuevos contratos y adjudicaciones, además de solicitar la renuncia de tres titulares nombrados por la expresidenta Guadalupe Taddei. La medida opera como un cierre administrativo de la gestión anterior y como señal de reordenamiento interno del árbitro electoral a meses del arranque formal del proceso 2026-2027.

Cruz García, electa por el Consejo General el 27 de octubre de 2026 tras la renuncia de Taddei, precisó que la pausa excluye servicios indispensables y ya vigentes, como la producción de la credencial para votar. "La entrega de contratos está detenida por lo pronto. Todas están detenidas en este momento", dijo. Los tres directivos cuya salida se pidió son Alejandro Pérez de Acha, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación; y Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales en la Dirección Ejecutiva de Administración.

El freno contractual no es un gesto simbólico: toca el área donde se concentran las adjudicaciones señaladas por presuntos conflictos de interés con proveedores. La consejera Carla Humphrey respaldó la medida y llamó a privilegiar licitaciones sobre adjudicaciones directas, al advertir que hay prácticas que agotan los tiempos para licitar y así abrir la puerta a la asignación discrecional. La nueva presidenta también anunció la revisión de perfiles que quedarán como encargados de despacho y ratificó la disposición del Consejo General para colaborar con el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La lectura política

El movimiento cumple una función práctica de contención: Cruz García necesita separar la operación cotidiana del INE del desgaste asociado a la salida de Taddei, y lo hace interviniendo la cadena de contratación antes de que la crisis se traduzca en cuestionamientos sobre la imparcialidad del organismo. Pedir la renuncia a tres titulares cercanos a la expresidenta no equivale a una sanción ni a una imputación: es una decisión administrativa que reordena lealtades internas y reduce el margen de quienes podrían operar como resistencias burocráticas.

El respaldo de los otros nueve consejeros le da a Cruz García un margen que Taddei perdió: la colegialidad invocada funciona como fórmula para repartir responsabilidad política y evitar que la nueva presidencia cargue sola con el costo de la limpia. El mensaje hacia adentro es que las estructuras de dirección responderán a acuerdos del órgano colegiado y no a lealtades personales; hacia afuera, que el INE intenta llegar al proceso electoral con una narrativa de rendición de cuentas.

El incentivo electoral es claro. Con el proceso 2026-2027 en preparación, cualquier sombra sobre contratos y proveedores puede contaminar la discusión sobre fiscalización, encuestas y organización de la jornada. Frenar adjudicaciones ahora permite a la institución argumentar que revisó antes de que la ASF o el OIC encontraran lo que no quiso ver. El límite: no hay aún resolución que acredite responsabilidades, y la propia presidenta interina dijo que no se trata de anticipar juicios sobre personas.

Qué sigue

La revisión de contratos en curso, los que están para firma y los ya iniciados definirá si la pausa se traduce en cancelaciones, renegociaciones o simples validaciones. En paralelo, el Consejo General deberá resolver los encargados de despacho de las áreas afectadas y definir el calendario para designar a la presidencia definitiva del INE, que requiere unanimidad según ha planteado la oposición. La ASF y el OIC tienen la pelota para deslindar responsabilidades; el plazo real lo marcan los tiempos del proceso electoral, que no esperan.

Actualización

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