Jacobo Molina: salida de Taddei deja al INE con credibilidad por reconstruir

La salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y el arranque, en la Cámara de Diputados, del proceso para designar a su sustituto abren una discusión que va más allá del relevo administrativo: la de si el árbitro electoral llega en condiciones de credibilidad al ciclo que desemboca en 2027. Así lo planteó Edmundo Jacobo Molina, ex secretario ejecutivo del INE, al analizar ambos movimientos en entrevista radiofónica.

Jacobo Molina no se limitó a describir el trámite. Sostuvo que los señalamientos por contratos con proveedores y la modificación de las reglas de votación interna afectaron la colegialidad y la autonomía del instituto, dos atributos que en la práctica definen cuánto pesa la presidencia del Consejo General frente al resto de sus integrantes y frente a los poderes que nombran a los consejeros.

El diagnóstico tiene una segunda parte, igual de relevante para el calendario: el especialista indicó que la pérdida de credibilidad en el árbitro electoral requerirá tiempo para ser revertida. No es una advertencia menor cuando la Cámara de Diputados ya echó a andar el procedimiento para elegir a quien encabezará el Consejo General, y cuando ese nombramiento será leído por partidos, gobiernos estatales y aspirantes como una señal sobre el tono del organismo en la antesala de la sucesión presidencial.

La lectura política

El relevo en la presidencia del INE es, formalmente, un procedimiento legislativo de designación. En la práctica funciona como una negociación sobre el equilibrio interno del árbitro y sobre el margen de maniobra de quienes llegarán a competir en 2027. La Cámara de Diputados no elige solo a un administrador: define quién presidirá las sesiones donde se califican coaliciones, se aprueban reglas de fiscalización y se resuelven disputas que pueden inclinar una elección.

Por eso importa el señalamiento sobre la colegialidad. Si las reglas de votación interna se modificaron para concentrar decisiones en la presidencia, el problema no se resuelve con cambiar a la persona: se resuelve redefiniendo cómo decide el Consejo. Jacobo Molina apunta a ese punto sin decirlo en esos términos, y ahí está el incentivo de los partidos: un árbitro previsible les conviene a todos en el discurso, pero un árbitro con reglas internas favorables le conviene a quien controle la mayoría en la Cámara.

El otro flanco es la autonomía frente a los proveedores y el gasto. Los señalamientos por contratos no son un asunto menor de gestión: tocan la capacidad del instituto para defenderse de acusaciones de parcialidad justo cuando sus resoluciones serán impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La credibilidad no se reconstruye con un comunicado, sino con decisiones que resistan la revisión de adversarios que ya no le conceden el beneficio de la duda.

Hay un dato de contexto que conviene no confundir con el hecho nuevo: Jacobo Molina no habla solo como analista. También dirige el Centro de Formación y Profesionalización Política del partido Somos, formación que busca conservar su registro con al menos 3 por ciento de la votación nacional en 2027. Esa posición no invalida su diagnóstico sobre el INE, pero sí explica desde dónde lo enuncia: un actor interesado en que el árbitro sea creíble porque su propio proyecto depende de que las reglas se apliquen parejo. La evidencia disponible no permite sostener que su análisis responda a un cálculo partidista; sí permite ubicar su lugar de enunciación.

Lo que aún no ocurrió, en términos legales, es la designación. Taddei dejó la presidencia y la Cámara inició el proceso, pero no hay sustituto nombrado ni, hasta donde alcanza la evidencia, una lista formal de aspirantes. Cualquier lectura sobre quién ganará el lugar es especulación.

Qué sigue

El procedimiento en la Cámara de Diputados debe desahogar las etapas de convocatoria, integración de la lista de aspirantes, comparecencias y votación, con la exigencia de una mayoría calificada que obliga a negociar entre fuerzas. El plazo y el calendario exactos no están precisados en la evidencia disponible.

El punto verificable es que el nuevo titular del Consejo General llegará con una tarea doble: ordenar la casa tras los señalamientos por contratos y reconstruir la confianza entre consejeros. La primera prueba será su primera decisión controvertida, no su discurso de toma de protesta.