RUTA 27 · MEDIUM
Máynez acusa persecución política contra Grecia Quiroz y apunta a la fiscalía de Michoacán
El dirigente de Movimiento Ciudadano sostiene que la fiscalía con licencia de Michoacán usa el caso del asesinato de Carlos Manzo para dañar a la alcaldesa de Uruapan por su posición en las encuestas rumbo a 2027.
Jorge Álvarez Máynez afirmó que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, es víctima de persecución política por su posición en las encuestas rumbo a 2027 y señaló al fiscal con licencia de Michoacán, Carlos Torres Piña, de usar la investigación del asesinato de Carlos Manzo para perjudicarla. Movimiento Ciudadano le dio respaldo público y pidió a la FGR atraer el caso.
Jorge Álvarez Máynez afirmó que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, es víctima de persecución política por la posición que ocupa en las encuestas rumbo a 2027, y señaló al fiscal con licencia de Michoacán, Carlos Torres Piña, de usar la investigación del asesinato de Carlos Manzo para perjudicarla. La declaración, hecha en entrevista, no es un señalamiento aislado: el dirigente de Movimiento Ciudadano convirtió una investigación penal en curso en un conflicto político-electoral con nombre y apellido, y colocó a Quiroz en el centro de la disputa por Michoacán.
Máynez sostuvo que Quiroz "está siendo víctima, primero fue víctima del asesinato de su pareja, Carlos Manzo y luego hoy es víctima de persecución política por la posición que tiene en las encuestas". Según su versión, Torres Piña filtró información durante los primeros meses de la indagatoria para dirigir las sospechas hacia Raúl Morón, entonces puntero en las encuestas de Morena, y ahora redirige los señalamientos hacia la alcaldesa y su entorno. El líder emecista presentó ese desplazamiento como una operación política: primero se "deshizo" de un adversario interno y después se reorientó la investigación hacia quien crecía en preferencias.
La acusación tiene un destinatario claro. Máynez describió a Torres Piña como "quien va a ser candidato de Morena, quien fue fiscal del estado" y afirmó que la posición de Quiroz "pone muy nervioso" al morenista. Hasta aquí, se trata de una acusación de parte: no existe en la evidencia una resolución judicial o administrativa que acredite uso político de la fiscalía, y el propio fiscal no ha respondido en este intercambio. La nota relevante no es que exista una persecución probada, sino que Movimiento Ciudadano decidió nombrarla públicamente y convertirla en eje de su estrategia michoacana.
El respaldo tiene además un componente institucional. Máynez pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso para que deje de ser utilizado como instrumento de persecución política. Es un movimiento de doble filo: traslada la disputa del terreno estatal, donde Morena controla la fiscalía, al federal, donde el costo político de ignorar la petición recae en el gobierno de Sheinbaum.
La lectura política
En la práctica, la declaración funciona como una precandidatura de facto. Quiroz no ha sido registrada como candidata a nada rumbo a 2027, pero Máynez la trata como la carta competitiva de Movimiento Ciudadano en Michoacán: le atribuye posición en encuestas, le asigna un adversario morenista y le construye un relato de victimización con potencial electoral. Ese relato —la alcaldesa que perdió a su pareja y ahora enfrenta a la fiscalía— es capital político antes de cualquier registro formal.
El incentivo de Máynez es múltiple. Por un lado, protege a su cuadro más visible en un estado donde Morena concentra poder institucional. Por otro, envía una señal a sus aliados y adversarios: Movimiento Ciudadano no dejará solo a quien considere perseguido, y está dispuesto a escalar el conflicto hasta la Presidencia. También mide lealtades internas y presiona a Sheinbaum a pronunciarse sobre el uso de fiscalías estatales, un tema que trasciende Michoacán.
El costo está en el terreno probatorio. Sin una resolución que acredite el uso político de la fiscalía, la acusación queda como señalamiento de parte, y Morena puede responder con el argumento de que se trata de una investigación por un homicidio. El límite es claro: no hay aún acto jurídico que confirme la persecución; lo que sí existe es una disputa política abierta por el control del relato en Michoacán rumbo a 2027.
Qué sigue
La pelota queda en dos canchas. La primera es la FGR: si Sheinbaum responde a la petición de atracción, el caso cambia de jurisdicción y el conflicto se federaliza; si no, Máynez tendrá un argumento adicional para acusar complicidad. La segunda es la fiscalía de Michoacán: cualquier acto procesal contra Quiroz o su entorno será leído por Movimiento Ciudadano como confirmación de su tesis, y por Morena como cumplimiento de una investigación. El calendario electoral de 2027 y la definición de candidaturas en Michoacán marcarán la intensidad del pulso.